A pesar de que los servidores públicos en Morelos están obligados a presentar su declaración patrimonial pero también a publicarla a través de sus sitios de información oficial y la Plataforma Nacional de Información, 88 de los 146 sujetos obligados (de un total de 184) que fueron analizados por el Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas, han incumplido hasta ahora con la disposición legal de publicarlas, entre otras el propio IMIPE.
El artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, señala la obligación de las entidades poner a disposición del público, difundir y actualizar, sin que medie ninguna solicitud al respecto, el “Directorio de servidores públicos con referencia a su nombramiento oficial, tabulador, declaraciones patrimoniales, sueldos, salarios y remuneraciones mensuales por puesto, viáticos, viajes, gastos de representación, fotografía actualizada, así como las compensaciones previstas en las leyes u ordenamientos jurídicos correspondientes; en este caso no se podrá apelar al derecho de protección de datos personales”.
¿Qué es la declaración patrimonial?
Es el documento que deben presentar todos los servidores públicos en México ya que laboren en el ámbito federal o local. A través de la declaración patrimonial se debe informar de la trayectoria profesional y laboral de quienes ocupan cargos públicos, sobre los bienes que poseen como casas, terrenos, vehículos, bienes muebles, cuentas bancarias, inversiones, créditos bancarios, tarjetas de crédito o deudas.
De igual manera en la declaración patrimonial se incluye la declaración de posibles conflictos de interés en la afectación de su desempeño con personas, familiares o socios comerciales.
En Morelos, hay 184 instituciones públicas o sujetos obligados conforme a la Ley de Información, sin embargo los partidos políticos no tienen la obligación legal de presentar declaraciones patrimoniales, y en el caso de los sindicatos no pudieron ser revisados por el Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas”.
Con base en la revisión realizada al 11 de enero pasado, 88 instituciones públicas no habían cumplido con la publicación de sus declaraciones en la Plataforma Nacional de Transparencia; 18 sí cumplieron; 21 lo hicieron de forma incorrecta y 19 de manera incompleta.
En este sentido, en el grupo de instituciones que sí publicaron su declaración en el formato aprobado por el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentran: el ayuntamiento de Ayala, Cuernavaca, Coatetelco, Jiutepec, Miacatlán, Temixco, Temoac, Xochitepec y Yautepec. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Colegio de Morelos, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, el Instituto de la Mujer, el Impepac, el Sistema de Agua de Jiutepec, DIF Jiutepec, DIF Temixco y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Entre las que instituciones que publicaron sus declaraciones en el formato incorrecto se encuentran: los ayuntamientos de Amacuzac, Coatlán del Río, Huitzilac, Ocuituco, Tetela del Volcán, Totolapan, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. Además del Centro Morelense de las Artes, el CONALEP, el Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco y otros.
El DIF Morelos, el Fideicomiso del Balneario Agua Hedionda y el Fideicomiso Museo Morelense de Arte Contemporáneo, son algunas de las instituciones que publicaron incompletas sus declaraciones patrimoniales.
En el grupo de las dependencias que de plano no publicaron la información se encuentran, entre otras el propio Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), que es el órgano garante de la transparencia en Morelos y que tiene cinco comisionados al frente.
También aparece la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia, la oficina de la Gubernatura, el IEBEM, la UAEM, las secretarías del Poder Ejecutivo de Administración, Desarrollo Económico, Educación, Hacienda, Movilidad y Transporte, Obras Públicas, Salud y Turismo, así como los Servicios de Salud, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la secretaría ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y los sistemas de agua potable de los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Temixco y Zacatepec.
En Morelos, la entrega de las declaraciones patrimoniales se retrasó durante siete meses a causa de la contingencia sanitaria por el Covid-19, y el plazo para la presentación venció el pasado 31 de diciembre de 2021.
Para el codirector del Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas”, Roberto Salinas, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y los Órganos Internos de Control deben tomar acciones para que se cumpla con la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Transparencia.
Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, permiten al final conocer la evolución del patrimonio de un funcionario, la cual tiene que ser coherente con su sueldo o ingreso, lo que permitirá detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito o corrupción, destacó Roberto Salinas.
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