/ sábado 29 de junio de 2019

[Especial] Hace un año ganó las elecciones la coalición Juntos Haremos Historia

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió?, ¿por qué la gente salió de forma casi masiva a las urnas?

Los 954 mil 20 votos es el número más alto que se haya obtenido en una elección en Morelos de una lista nominal actual de un millón 442 mil 857 ciudadanos en edad de votar. Esto fue posible por la más alta participación ciudadana en la entidad con el 66.12 por ciento registrado para una competencia por la Gubernatura como la que se tuvo el 1 de julio del 2018.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió?, ¿por qué la gente salió de forma casi masiva a las urnas? Para muchos, el principal motivo fue la "ola" de Andrés Manuel López Obrador que volvió a beneficiar a muchos candidatos sobre todo del naciente partido Morena que en alianza con el PES y el PT empujaron a un candidato reconocido en el tema deportivo como el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Otro elemento que fue sin duda el mayor estímulo ciudadano para acudir a las urnas fue el rechazo al clan del en ese entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu que, como sucede en cada proceso electoral, cambiaron radicalmente la geografía morelense nuevamente.

Y es que el escenario político en Morelos en 2015, con el gobierno estatal encabezado por el PRD era diferente, por ejemplo: en los ayuntamientos, el PRI contaba con nueve alcaldes, el PAN con tres, el PRD contaba con seis, Nueva Alianza con tres, el local PSD con tres, el Humanista dos, Movimiento Ciudadano con 3, el PVEM con 3, el PT con 1.

En el Congreso local igual con 30 diputados (hoy, 20) el escenario favorecía al PRD, incluso con aquellos que agregó a sus filas ya estando en las curules. El PAN con cuatro juntó con los plurinominales; el PRD, con ocho; el PRI con cinco; Nueva Alianza tenía dos, PVEM, dos; con uno los partidos de Morena, MC, PT, PES, Humanista y PSD. En esa elección votaron 752, mil 578 (54.99) del padrón electoral.

Tan solo tres años después, la situación y el escenario cambió. El ánimo de los morelenses se transformó en una nueva esperanza y para eso volteaba a ver a una nueva opción como Morena con su candidato presidencial y el experimento estatal con una figura deportiva.

En esta nueva radiografía del 2018, el mapa electoral en Morelos se modificó otra vez; en el Congreso local la mayoría fue para la coalición Morena, PT y PES con seis diputados; el PES con cinco y el PT con uno. Los otros partidos no ganaron ningún distrito por mayoría, y se conformaron con uno de los escaños plurinominales como el PAN, PRI, PVEM, PRD, PSD, MC, Humanista, NA y también el PT y el PES.

En las presidencias municipales 14 fueron para la coalición Morena-PES-PT, el PRD y sus aliados con cinco; el PRI con dos; tres para el PAN y MC. El PVEM por sí solo consiguió tres; Nueva Alianza gobierna en cuatro; MC por si sólo uno y el Humanista uno.

Con todos los distritos ganados, la coalición Morena, PT, PES aseguró el control político y agrandó las diferencias entre el ahora ex gobernador Graco Ramírez y el hoy mandatario morelense Cuauhtémoc Blanco Bravo cuya rivalidad comenzó cuando estaba al frente de la alcaldía de Cuernavaca.


Los intentos del ex gobernador por hacer ganar a su hijastro Rodrigo Gayosso no prosperaron, porque el propósito principal era cubrir de esa manera los enormes desvíos y despilfarros, así como el saqueo de las arcas estatales.

Desde el proceso de entrega recepción, el gobierno entrante y saliente no encontró coincidencias. Los desencuentros fueron tantos, que la administración actual no aceptó el informe del acta de entrega recepción. Es simbólico que el 1 de octubre del 2018 a la media noche el mandatario estatal vestido con el uniforme de policía se presentó en el C-5 para asumir el control político y convocar a la unidad ciudadana.

De inmediato trascendió que se iniciarían las primeras demandas ante los tribunales por la falta de información en cada una de las dependencias estatales; la enorme deuda heredada que había sido escondida finalmente era revelada, la falta de documentación oficial, pérdida de llaves de oficinas, instalaciones y equipo en mal estado, abandono de espacios y vehículos perdidos, así como cámaras espías detectadas en dependencias gubernamentales y muchas otras irregularidades que, si no se actuaba a tiempo, colocaban a gobierno estatal casi al punto del colapso por la bancarrota en que se encontraba.

La situación en la que fue recibida la administración por parte del actual gobierno, provocó la solicitud de auxilio al gobierno federal, aunque hubo que esperar más de tres meses para que AMLO tomara protesta hasta diciembre de ese año. En varias ocasiones, funcionarios estatales como el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera había señalado que en venganza el gobierno saliente construyó una burbuja con toda la intención de dejar a la nueva administración bombas de tiempo para que explotarán de forma gradual y complicar la transición.

Denunciaron que la anterior administación dejó pasar e inflar después el conflicto financiero de la UAEM, liberó presos de alta peligrosidad de las cárceles concediéndoles preliberaciones, dejó de pagar a los organismos y dependencias para trastocar su operatividad, desapreció documentación oficial y de comprobante de deudas con los proveedores, contempló un presupuesto hasta el mes de octubre al tener el temor de que perdiera su candidato como ocurrió. Asimismo, desaparecieron los recursos para las obras en curso o no fueron pagadas meses atrás, y con el apoyo de los anteriores diputados logró imponer al fiscal general, al fiscal anticorrupción, y realizó reformas legales con la intención de provocar confusión y caos o en el peor de los casos cortinas de humo, para en primer lugar evitar que su sucesor iniciará bien y en segundo que tuviera tiempo y elementos para actuar en su contra como lo advirtió en campaña cuando dijo que "llevaría a la cárcel al ex gobernador si se encontraban irregularidades".

Hoy a nueves meses con el respaldo más grande que haya tenido un gobernador del estado en las urnas, la administración estatal sigue sin poder enjuiciar de manera ejemplar a un funcionario de la administración pasada que como acto de burla muchos de ellos jubilaron a esposas, amigas, familiares, y hasta a ellos mismos.

Con casi 45 denuncias abiertas ante la Fiscalía anticorrupción, el gobierno estatal tiene razón cuando advierte que la investigación y sanción corresponde a otra instancia, pero en el ánimo ciudadano es el jefe del ejecutivo que poco ha podido hacer, y por consiguiente el actual sexenio que comenzó con altas expectativas ciudadanas de “llevar a la cárcel a Graco”, gradualmente comienza a diluirse pues tampoco se han visto resultados en otro de los grandes compromisos: traer seguridad a las familias morelenses.

A nueve meses completos, comienza a ser endeble el argumento de culpar al pasado. Aunque el ex gobernador haya dejado una deuda escandalosa de 15 mil millones de pesos, y el gobierno de Blanco Bravo tiene que pagar 200 millones mensuales y así evitar la crisis financiera, todo porque la pasada administración perredista heredó empréstitos que dejó que representan una suma superior a los cinco mil millones de pesos, además de otros 600 millones de pesos de los pasivos de los organismos descentralizados o autónomos hasta la conclusión de esa administración el 30 de septiembre, lo que generó mayores intereses a la actual administración.

Los 954 mil 20 votos es el número más alto que se haya obtenido en una elección en Morelos de una lista nominal actual de un millón 442 mil 857 ciudadanos en edad de votar. Esto fue posible por la más alta participación ciudadana en la entidad con el 66.12 por ciento registrado para una competencia por la Gubernatura como la que se tuvo el 1 de julio del 2018.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió?, ¿por qué la gente salió de forma casi masiva a las urnas? Para muchos, el principal motivo fue la "ola" de Andrés Manuel López Obrador que volvió a beneficiar a muchos candidatos sobre todo del naciente partido Morena que en alianza con el PES y el PT empujaron a un candidato reconocido en el tema deportivo como el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Otro elemento que fue sin duda el mayor estímulo ciudadano para acudir a las urnas fue el rechazo al clan del en ese entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu que, como sucede en cada proceso electoral, cambiaron radicalmente la geografía morelense nuevamente.

Y es que el escenario político en Morelos en 2015, con el gobierno estatal encabezado por el PRD era diferente, por ejemplo: en los ayuntamientos, el PRI contaba con nueve alcaldes, el PAN con tres, el PRD contaba con seis, Nueva Alianza con tres, el local PSD con tres, el Humanista dos, Movimiento Ciudadano con 3, el PVEM con 3, el PT con 1.

En el Congreso local igual con 30 diputados (hoy, 20) el escenario favorecía al PRD, incluso con aquellos que agregó a sus filas ya estando en las curules. El PAN con cuatro juntó con los plurinominales; el PRD, con ocho; el PRI con cinco; Nueva Alianza tenía dos, PVEM, dos; con uno los partidos de Morena, MC, PT, PES, Humanista y PSD. En esa elección votaron 752, mil 578 (54.99) del padrón electoral.

Tan solo tres años después, la situación y el escenario cambió. El ánimo de los morelenses se transformó en una nueva esperanza y para eso volteaba a ver a una nueva opción como Morena con su candidato presidencial y el experimento estatal con una figura deportiva.

En esta nueva radiografía del 2018, el mapa electoral en Morelos se modificó otra vez; en el Congreso local la mayoría fue para la coalición Morena, PT y PES con seis diputados; el PES con cinco y el PT con uno. Los otros partidos no ganaron ningún distrito por mayoría, y se conformaron con uno de los escaños plurinominales como el PAN, PRI, PVEM, PRD, PSD, MC, Humanista, NA y también el PT y el PES.

En las presidencias municipales 14 fueron para la coalición Morena-PES-PT, el PRD y sus aliados con cinco; el PRI con dos; tres para el PAN y MC. El PVEM por sí solo consiguió tres; Nueva Alianza gobierna en cuatro; MC por si sólo uno y el Humanista uno.

Con todos los distritos ganados, la coalición Morena, PT, PES aseguró el control político y agrandó las diferencias entre el ahora ex gobernador Graco Ramírez y el hoy mandatario morelense Cuauhtémoc Blanco Bravo cuya rivalidad comenzó cuando estaba al frente de la alcaldía de Cuernavaca.


Los intentos del ex gobernador por hacer ganar a su hijastro Rodrigo Gayosso no prosperaron, porque el propósito principal era cubrir de esa manera los enormes desvíos y despilfarros, así como el saqueo de las arcas estatales.

Desde el proceso de entrega recepción, el gobierno entrante y saliente no encontró coincidencias. Los desencuentros fueron tantos, que la administración actual no aceptó el informe del acta de entrega recepción. Es simbólico que el 1 de octubre del 2018 a la media noche el mandatario estatal vestido con el uniforme de policía se presentó en el C-5 para asumir el control político y convocar a la unidad ciudadana.

De inmediato trascendió que se iniciarían las primeras demandas ante los tribunales por la falta de información en cada una de las dependencias estatales; la enorme deuda heredada que había sido escondida finalmente era revelada, la falta de documentación oficial, pérdida de llaves de oficinas, instalaciones y equipo en mal estado, abandono de espacios y vehículos perdidos, así como cámaras espías detectadas en dependencias gubernamentales y muchas otras irregularidades que, si no se actuaba a tiempo, colocaban a gobierno estatal casi al punto del colapso por la bancarrota en que se encontraba.

La situación en la que fue recibida la administración por parte del actual gobierno, provocó la solicitud de auxilio al gobierno federal, aunque hubo que esperar más de tres meses para que AMLO tomara protesta hasta diciembre de ese año. En varias ocasiones, funcionarios estatales como el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera había señalado que en venganza el gobierno saliente construyó una burbuja con toda la intención de dejar a la nueva administración bombas de tiempo para que explotarán de forma gradual y complicar la transición.

Denunciaron que la anterior administación dejó pasar e inflar después el conflicto financiero de la UAEM, liberó presos de alta peligrosidad de las cárceles concediéndoles preliberaciones, dejó de pagar a los organismos y dependencias para trastocar su operatividad, desapreció documentación oficial y de comprobante de deudas con los proveedores, contempló un presupuesto hasta el mes de octubre al tener el temor de que perdiera su candidato como ocurrió. Asimismo, desaparecieron los recursos para las obras en curso o no fueron pagadas meses atrás, y con el apoyo de los anteriores diputados logró imponer al fiscal general, al fiscal anticorrupción, y realizó reformas legales con la intención de provocar confusión y caos o en el peor de los casos cortinas de humo, para en primer lugar evitar que su sucesor iniciará bien y en segundo que tuviera tiempo y elementos para actuar en su contra como lo advirtió en campaña cuando dijo que "llevaría a la cárcel al ex gobernador si se encontraban irregularidades".

Hoy a nueves meses con el respaldo más grande que haya tenido un gobernador del estado en las urnas, la administración estatal sigue sin poder enjuiciar de manera ejemplar a un funcionario de la administración pasada que como acto de burla muchos de ellos jubilaron a esposas, amigas, familiares, y hasta a ellos mismos.

Con casi 45 denuncias abiertas ante la Fiscalía anticorrupción, el gobierno estatal tiene razón cuando advierte que la investigación y sanción corresponde a otra instancia, pero en el ánimo ciudadano es el jefe del ejecutivo que poco ha podido hacer, y por consiguiente el actual sexenio que comenzó con altas expectativas ciudadanas de “llevar a la cárcel a Graco”, gradualmente comienza a diluirse pues tampoco se han visto resultados en otro de los grandes compromisos: traer seguridad a las familias morelenses.

A nueve meses completos, comienza a ser endeble el argumento de culpar al pasado. Aunque el ex gobernador haya dejado una deuda escandalosa de 15 mil millones de pesos, y el gobierno de Blanco Bravo tiene que pagar 200 millones mensuales y así evitar la crisis financiera, todo porque la pasada administración perredista heredó empréstitos que dejó que representan una suma superior a los cinco mil millones de pesos, además de otros 600 millones de pesos de los pasivos de los organismos descentralizados o autónomos hasta la conclusión de esa administración el 30 de septiembre, lo que generó mayores intereses a la actual administración.

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