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Frena burocracia la justicia de género

  • Israel Mariano
  • en Local

En medio del burocratismo y de la tramitología,  será difícil que instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas o el Centro de Justicia para las Mujeres puedan dar soluciones al tema de la violencia contra el sector femenino; peor aún cuando las titulares de esas áreas gubernamentales tratan el asunto con discriminación, expresó el abogado Miguel Ángel Rosete Flores.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente de la Barra de Abogados de Morelos consideró que desafortunadamente en las áreas judiciales el resarcimiento del daño para las víctimas queda atorado. 

Desafortunadamente para las mujeres en Morelos, el reto no ha sido superado, destacó quien antes enfrentó amenazas de muerte por defender a las víctimas en la entidad. “Aunque se haya creado el Centro de Justicia para las Mujeres, por parte del Ejecutivo vemos que hay asuntos que todavía tratan con discriminación. Muchas veces la autoridad no es sensible cuando se trata de interpretar que hay agresión y amenazas, incluso de sus ex esposos, y los centros de justicia para mujeres no hacen nada, son omisos en el apoyo a las mujeres”.

Agregó que el burocratismo y la tramitología prevalentes en esas dependencias han ocasionado que “la justicia no sea pronta ni expedita. Hay Ministerios Públicos que no tienen ese compromiso con la sociedad ni la sensibilidad; al recibir su denuncia, revictimizan a las personas y mujeres que de por sí están sufriendo ser víctimas de la violencia, discriminación o vejación, el maltrato y amenazas, y como un extra por parte de las autoridades”.

Por último, Rosete Flores agregó que ante la proximidad del 25 de noviembre, las autoridades están obligadas a velar por evitar la violencia contra las mujeres. “Lo más delicado, a pesar de los tratados internacionales, es que no cumplan su función. Es un llamado para que las autoridades volteen los ojos a la actualización en materia de derechos humanos y a tener la voluntad y disposición para inhibir la violación de los derechos humanos, de por sí ya violentados por otras personas”.