La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza confirmó a través de una serie de encuestas denominadas "Democracia Sin Pobreza" que durante la jornada electoral 2018 se presentó la compra y coacción de votos, al utilizar recursos destinados para programas sociales por parte principalmente de los partidos en los tres niveles de Gobierno. En Morelos, se registró principalmente, por el PRD, el pago del voto entre 150 y mil 500 pesos.
El ejercicio ciudadano "Democracia Sin Pobreza" promovió la participación ciudadana en el proceso electoral 2018 para denunciar las acciones de compra y coacción del voto en el país, abriendo un portal por internet, en el cual se ponía a disposición de la ciudadanía un formulario de denuncias y con el apoyo de los participantes se armó un mapa que muestra las localidades del país donde ocurrió la compra de votos.
De acuerdo con Juan Pablo Anchundes, responsable de movilización y articulación de la Organización, en la entidad se efectuó el proceso de observación ciudadana en 54 localidades de 12 municipios con la colaboración de 340 habitantes, en su mayoría mujeres destinatarias de los programas sociales, quienes realizaron los ejercicios de observación en sus comunidades para detectar la compra y coacción del voto.
Además expuso que se registró que el partido del sol azteca estuvo involucrado en esta acción, mientras que en los municipios, otros organismos políticos que gobernaban, decidieron también comprar el voto de los morelenses.
Asimismo, indicó que la compra de votos en el país se presentó de Norte a Sur, al oscilar de 500 a 10 mil pesos, las cifras destinadas para los habitantes, ya sea para conseguir votos o dar el suyo, en la Ciudad de México, el PRD fue el principal, mientras que en algunos otros estados, el PAN, el PRI y el PVEM no se quedaron atrás y aprovecharon este tipo de programas para verse favorecidos en las urnas.
A nivel nacional, la organización recibió 707 reportes de compra de votos en 32 entidades federativas, donde 43 por ciento era mediante la entrega de dinero en efectivo; 31 por ciento correspondiente a la entrega de cosas, principalmente despensas; 19 por ciento al condicionamiento para tener o dejar de recibir los beneficios de los programas sociales, principalmente Prospera, y siete por ciento al brindarles tarjetas electrónicas con promesa de pago diferido.
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