Los integrantes del Congreso de Morelos no cumplieron sus promesas de campaña en el primer año de su labor legislativa; han sido omisos en la participación efectiva de los ciudadanos y la deliberación con la comunidad de las iniciativas de ley que fueron presentadas y aprobadas ante el Pleno.
En su lugar, las pugnas y denostaciones entre los grupos y fracciones parlamentarias se hicieron presentes desde el mes de septiembre, durante la integración de la Mesa Directiva, la Junta Política y de Gobierno y la reparticipación de las Comisiones Legislativas, donde al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que es mayoría, lo dejaron fuera.
Semanas después se suscitó otro conflicto: la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado, presentada por el entonces gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con el objetivo de reducir Secretarías y aplicar austeridad, así como fortalecer la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, otorgándole importantes responsabilidades dentro del estado y en la relación con los otros Poderes, decreto que fue aprobado en octubre durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Morelos.
Un mes después, la prórroga para entregar el Paquete Presupuestal 2019 del Ejecutivo paralizó la labor legislativa; el entonces secretario de Servicios Legislativos, Jaime Juárez López, renunció; se hicieron presentes denuncias de “chantaje político” por prebendas económicas. Dos semanas después fue aprobada por unanimidad la solicitud del mandatario estatal para ampliar la fecha de entrega hasta por 30 días naturales.
El 4 de diciembre de 2018 recibieron la solicitud del gobernador para iniciar el proceso de destitución de los fiscales Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar. Una vez más se descontroló la convivencia en el Congreso, donde los legisladores se dividieron en dos, boicoteando las sesiones que buscaban continuar con este trámite, lo cual ocasionó que Morena solicitara la destitución de Tania Valentina como presidenta de la JPyG, aunque no fue procedente al no obtener la votación necesaria.
Luego de intentar en tres ocasiones buscar un recurso legal para retrasar la discusión y aprobación del paquete económico, el 2019 comenzó y el Gobierno Estatal no contaba con un nuevo presupuesto a pesar de haber modificado su Ley Orgánica, por la fuerte división, especialmente entre las fuerzas políticas de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Morena, PT y PES. Después de varios dimes y diretes, el ocho de enero un grupo de 15 diputados se impuso en el Congreso aprobando en sesión extraordinaria y de madrugada su propio paquete económico, lo que provocó que fueran acusados por el propio Ejecutivo de pedir “moches” a cambio de aprobar el presupuesto. El 22 de febrero, con 14 votos a favor y cinco abstenciones, los legisladores autorizaron el paquete económico trabajado por la Comisión de Hacienda y el Ejecutivo.
Pasaron los meses y las labores legislativas continuaron hasta que a unos días de arrancar el Segundo Año Legislativo una nueva división se suscitó, ahora por la renovación de los órganos de gobierno, tanto es así que la elección del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) se encuentra congelada, a pesar que desde el mes de diciembre dicho cargo se encuentra acéfalo.
Este primero de septiembre, los legisladores locales cumplirán un año en el cargo, periodo en el que los ciudadanos esperan más labor legislativa y menos grilla. Además de aprobar varios dictámenes y presentar nuevas iniciativas, requieren nombrar al tercer consejero del Imipe, analizar y aprobar el paquete económico 2020 del Gobierno Estatal, así como las Leyes de Ingresos y Egresos de los municipios.
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DEJAN PENDIENTES POR ATENDER LA GRILLA
De acuerdo al Reglamento del Congreso de Morelos, las Comisiones Legislativas deben conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a 60 días naturales, los asuntos que le sean turnados por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración del Pleno, mientras que en iniciativas preferentes, a más tardar dentro de los 40 días naturales la iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno.
- Ley de Videovigilancia: se encuentra dentro del paquete de iniciativas que envió el gobierno estatal; busca ayudar en las tareas que coordinadamente se desplieguen en Morelos con las instituciones de Seguridad Pública, con el propósito de recuperar la paz social.
- Comisionados del IMIPE: Los legisladores deben decidir si eliminarán o cobijarán la reforma constitucional que incrementó de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE, figuras creadas por la LIII Legislatura.
- Tipificar como delito el acoso sexual callejero: La iniciativa presentada por la diputada Keila Celene Figueroa Evaristo busca castigar a todo aquel que realice tacto indebido, roces o presión contra el cuerpo de otra persona de forma voluntaria y lujuriosa, con uno a tres años de prisión y multa económica.
- Ley de identidad de género: Busca reformar y adicionar el Código Familiar y Procesal Familiar del estado, con el propósito de facilitar el cambio de identidad de género.
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