/ sábado 7 de diciembre de 2019

[Especial] Morelos padece estudio sobre los avances en materia de corrupción

Cuauhtémoc Blanco Bravo ha reiterado su compromiso para que en Morelos el principal eje sea y siga siendo cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad

La corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública, la corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.

En los actos de corrupción menores se representa el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.

Mientras que la corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.

Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción, a través de la resolución A/RES/58/4 del 31 de octubre de 2003, con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción.

Bajo el lema “Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad”, el Día Internacional contra la Corrupción arranca con el objetivo de lograr, en todos los países, acabar con esta práctica, apostando por la integridad y las buenas prácticas.

De igual forma, el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, en la que pide al Secretario General que designe la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, secretaría de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención, bajo la dirección de ésta.

La Conferencia se llevó a cabo del 9 al 11 de diciembre de 2003, en Mérida, Yucatán, con la participación de representantes de todos los Estados Miembros de la ONU, organismos regionales, agencias especializadas de las Naciones Unidas, expertos a título individual y representantes de organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con las Naciones Unidas, el abuso de poder para ganancias privadas puede costarle a la gente su libertad, salud, vida y futuro. La corrupción afecta a todos los países, regiones y comunidades; además de que es considerado uno de los obstáculos más grandes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Nadie queda inmune ante este crimen, pero todas las personas pueden participar en la lucha contra la corrupción.

INGRESOS

Durante la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de la Función Pública y la División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, mencionó que más de un 5 por ciento del Producto Interno Bruto Global y casi 10 por ciento del de México se pierden por la corrupción al amparo de la impunidad.

Asimismo, el estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), establece que los costos económicos que genera la corrupción en inversión son menos del cinco por ciento que en países con mayor corrupción.

El ingreso de las empresas tienen una pérdida del cinco por ciento de las ventas anuales; en la piratería se registran pérdidas de 480 mil empleos al año; mientras que según el Foro Económico Mundial, se registra en el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Banco de México, Banco Mundial y Forbes, el nueve por ciento, y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el 10 por ciento.

Referente a los costos políticos: insatisfacción con la democracia: sólo el 37 por ciento apoya a la democracia, el 27 por ciento se encuentra satisfecho con la democracia (según Latinobarómetro de 2013). Crisis de representación: 91 por ciento no confía en partidos políticos, el 83 por ciento no confía en los legisladores, el 80 por ciento no confía en instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Mexicana).

En los costos sociales se representa en el 14 por ciento del ingreso promedio anual de los hogares destinado a pagos extraoficiales y establece existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia (Institute for Economics and Peace).

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014 México cayó 31 posiciones.

Por su lado, el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, indica que el 88 por ciento de los mexicanos piensan que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años. Entre 1996 y 2014 el número de notas sobre corrupción en la prensa tuvo un crecimiento de más de cinco mil por ciento. Pasó de 502 a 29 mil 505 notas en 18 años.

EVOLUCIÓN

Conforme a la encuesta “El Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe 2019”, elaborado por Transparencia Internacional, basado en una encuesta que se hizo a 17 mil ciudadanos en 18 países de dicha región, los mexicanos consideran ha disminuido la corrupción, el 44 por ciento de la población consultada señala que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses, en comparación con 2017 que el 61 por ciento aseguraba había incrementado.

El 90 por ciento cataloga este fenómeno como un grave problema en el país; sin embargo, 6 de cada 10 mexicanos (el 61 por ciento) opinan que el gobierno está haciendo un buen trabajo para combatirlo.

México es el segundo país en América Latina y el Caribe con el índice general de sobornos más alto, especialmente a los elementos policíacos, superado por Venezuela y seguido por Perú.

De igual modo, la corrupción en época de elecciones es un foco rojo, ya que una de cada dos personas recibió un soborno a cambio de su voto, y una de cada cuatro personas fue amenazada con represalias, siendo el país el número uno en compra de votos.

EL COMBATE

Previo a tomar las riendas del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un paquete de iniciativas de reformas relacionadas con la austeridad republicana, el combate a la corrupción y de la impunidad.

Se consideraría como delito grave: la corrupción, el fraude electoral sin derecho a fianza como sería el caso de compra de voto, la utilización de los recursos del presupuesto para favorecer a candidatos y partidos, la falsificación de actas y todo lo que se padece cuando las elecciones no son limpias y libres.

Lo anterior estaría situado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, entregado por el gobierno de López Obrador a la Cámara de Diputados, siendo el combate a la corrupción uno de los tres ejes transversales para guiar este sexenio, reduciendo en un 53 por ciento la extorsión que padecen los ciudadanos.

En febrero de este año, la cámara baja aprobó una reforma constitucional que suma nueve delitos al catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva automática, entre ellos la corrupción.

A nivel local, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha reiterado su compromiso para que en Morelos y en el Gobierno que encabeza, el principal eje sea y siga siendo cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

En abril de este año el mandatario estatal e integrantes de su gabinete, firmaron la Carta Compromiso del Código de Ética, en la cual manifiestan, de acuerdo al comunicado oficial del Poder Ejecutivo, la voluntad e interés de desempeñar el quehacer público de manera íntegra para responder a las necesidades y exigencias de la sociedad morelense.

En julio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción con la que se creó un comité coordinador que integra diversas instancias que obedecen a la investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Sin embargo, en Morelos el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se encuentra dividido y posiblemente paralizado ante la designación del titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, cargo que se encarga de manejar la parte operativa del SEA, el inicio de las gestiones con los organismos descentralizados y buscar las gestiones para ejercer un presupuesto cumpliendo con las acciones que la misma ley señala.

En Morelos no se cuenta con un estudio sobre los avances en materia de corrupción; no obstante, el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro denunció en el mes de octubre durante la homilía dominical que a través de muchos canales ha recibido quejas de posibles actos de corrupción en el gobierno del estado, puntualizando hará públicas las acusaciones cuando tenga las pruebas en las manos.

La corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública, la corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.

En los actos de corrupción menores se representa el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.

Mientras que la corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.

Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción, a través de la resolución A/RES/58/4 del 31 de octubre de 2003, con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción.

Bajo el lema “Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad”, el Día Internacional contra la Corrupción arranca con el objetivo de lograr, en todos los países, acabar con esta práctica, apostando por la integridad y las buenas prácticas.

De igual forma, el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, en la que pide al Secretario General que designe la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, secretaría de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención, bajo la dirección de ésta.

La Conferencia se llevó a cabo del 9 al 11 de diciembre de 2003, en Mérida, Yucatán, con la participación de representantes de todos los Estados Miembros de la ONU, organismos regionales, agencias especializadas de las Naciones Unidas, expertos a título individual y representantes de organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con las Naciones Unidas, el abuso de poder para ganancias privadas puede costarle a la gente su libertad, salud, vida y futuro. La corrupción afecta a todos los países, regiones y comunidades; además de que es considerado uno de los obstáculos más grandes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Nadie queda inmune ante este crimen, pero todas las personas pueden participar en la lucha contra la corrupción.

INGRESOS

Durante la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de la Función Pública y la División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, mencionó que más de un 5 por ciento del Producto Interno Bruto Global y casi 10 por ciento del de México se pierden por la corrupción al amparo de la impunidad.

Asimismo, el estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), establece que los costos económicos que genera la corrupción en inversión son menos del cinco por ciento que en países con mayor corrupción.

El ingreso de las empresas tienen una pérdida del cinco por ciento de las ventas anuales; en la piratería se registran pérdidas de 480 mil empleos al año; mientras que según el Foro Económico Mundial, se registra en el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Banco de México, Banco Mundial y Forbes, el nueve por ciento, y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el 10 por ciento.

Referente a los costos políticos: insatisfacción con la democracia: sólo el 37 por ciento apoya a la democracia, el 27 por ciento se encuentra satisfecho con la democracia (según Latinobarómetro de 2013). Crisis de representación: 91 por ciento no confía en partidos políticos, el 83 por ciento no confía en los legisladores, el 80 por ciento no confía en instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Mexicana).

En los costos sociales se representa en el 14 por ciento del ingreso promedio anual de los hogares destinado a pagos extraoficiales y establece existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia (Institute for Economics and Peace).

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014 México cayó 31 posiciones.

Por su lado, el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, indica que el 88 por ciento de los mexicanos piensan que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años. Entre 1996 y 2014 el número de notas sobre corrupción en la prensa tuvo un crecimiento de más de cinco mil por ciento. Pasó de 502 a 29 mil 505 notas en 18 años.

EVOLUCIÓN

Conforme a la encuesta “El Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe 2019”, elaborado por Transparencia Internacional, basado en una encuesta que se hizo a 17 mil ciudadanos en 18 países de dicha región, los mexicanos consideran ha disminuido la corrupción, el 44 por ciento de la población consultada señala que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses, en comparación con 2017 que el 61 por ciento aseguraba había incrementado.

El 90 por ciento cataloga este fenómeno como un grave problema en el país; sin embargo, 6 de cada 10 mexicanos (el 61 por ciento) opinan que el gobierno está haciendo un buen trabajo para combatirlo.

México es el segundo país en América Latina y el Caribe con el índice general de sobornos más alto, especialmente a los elementos policíacos, superado por Venezuela y seguido por Perú.

De igual modo, la corrupción en época de elecciones es un foco rojo, ya que una de cada dos personas recibió un soborno a cambio de su voto, y una de cada cuatro personas fue amenazada con represalias, siendo el país el número uno en compra de votos.

EL COMBATE

Previo a tomar las riendas del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un paquete de iniciativas de reformas relacionadas con la austeridad republicana, el combate a la corrupción y de la impunidad.

Se consideraría como delito grave: la corrupción, el fraude electoral sin derecho a fianza como sería el caso de compra de voto, la utilización de los recursos del presupuesto para favorecer a candidatos y partidos, la falsificación de actas y todo lo que se padece cuando las elecciones no son limpias y libres.

Lo anterior estaría situado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, entregado por el gobierno de López Obrador a la Cámara de Diputados, siendo el combate a la corrupción uno de los tres ejes transversales para guiar este sexenio, reduciendo en un 53 por ciento la extorsión que padecen los ciudadanos.

En febrero de este año, la cámara baja aprobó una reforma constitucional que suma nueve delitos al catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva automática, entre ellos la corrupción.

A nivel local, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha reiterado su compromiso para que en Morelos y en el Gobierno que encabeza, el principal eje sea y siga siendo cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

En abril de este año el mandatario estatal e integrantes de su gabinete, firmaron la Carta Compromiso del Código de Ética, en la cual manifiestan, de acuerdo al comunicado oficial del Poder Ejecutivo, la voluntad e interés de desempeñar el quehacer público de manera íntegra para responder a las necesidades y exigencias de la sociedad morelense.

En julio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción con la que se creó un comité coordinador que integra diversas instancias que obedecen a la investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Sin embargo, en Morelos el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se encuentra dividido y posiblemente paralizado ante la designación del titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, cargo que se encarga de manejar la parte operativa del SEA, el inicio de las gestiones con los organismos descentralizados y buscar las gestiones para ejercer un presupuesto cumpliendo con las acciones que la misma ley señala.

En Morelos no se cuenta con un estudio sobre los avances en materia de corrupción; no obstante, el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro denunció en el mes de octubre durante la homilía dominical que a través de muchos canales ha recibido quejas de posibles actos de corrupción en el gobierno del estado, puntualizando hará públicas las acusaciones cuando tenga las pruebas en las manos.

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