/ sábado 18 de mayo de 2019

[Especial] La esperanza robada

En Morelos ese ha sido el pretexto favorito de sus gobiernos, el asunto de la corrupción nadie lo había visto tan claramente hasta que llegó la pasada administración

El argumento favorito de las administraciones es culpar a su antecesor de todo lo malo, no evidenciar lo bueno, si es que lo hubo, y hacer creer a la gente que lo mejor apenas llegará. En Morelos ese ha sido el pretexto favorito de sus gobiernos, el asunto de la corrupción nadie lo había visto tan claramente hasta que llegó la pasada administración. De forma irónica ese Gobierno salió de la izquierda, la de la esperanza, aquella que sacrificó hombres y mujeres con el anhelo eterno del poder para transparentar el manejo de los recursos públicos. El resultado fue desastroso, una deuda estatal de 10 mil millones de pesos, moches, pensiones doradas, obras mal ejecutadas, desvíos y corrupción, la izquierda en Morelos hasta la esperanza se robo.


HUBO ESPERANZA

Aparejado a la inseguridad que desde 1997 comenzó a develarse ante los ojos de los ciudadanos morelenses; el tema de la corrupción iba de la mano como sombra que nadie alcanzó a ver ni a dimensionar. Aunque las administraciones primero del general, Carrillo Olea, y los breves mandatos de Jorge Morales Barud y Jorge Arturo García, la palabra corrupción no era tan frecuente etiquetarlas a los gobernantes, comenzó aparecer gradualmente como fantasma en las cuentas públicas, en las obras, acciones y proyectos incumplidos que se tradujo en el evidente beneficio para las familias de quienes llegaron con los dos gobiernos panistas.

Con la promesa de acabar con todo eso, los morelenses con esa idea socialista de que la izquierda sería tal vez la solución y la fórmula para que Morelos saliera del pozo de inseguridad, corrupción, abuso, autoritarismo y atraso en el que poco a poco fue cayendo por gobiernos priístas y panistas.

Secundado por la ola de AMLO, el hartazgo del experimento blanquiazul y la esperanza y la renovación ese 2012, casi 400 mil morelenses dieron el triunfo a Graco Ramírez como candidato de la nueva visión, luego de ser un actor principal en contra del gobernador, Carrillo Olea, el tabasqueño fue arropado por el PRD en Morelos, fue senador y dirigente estatal perredista, de allí pudo brincar a la candidatura.

Aunque sus colaboradores decían que en campaña Graco había cambiado, ya no era más el autoritario o un personaje que dijera mentiras, y los compromisos de campaña siempre estuvieron apegados a la realidad y alcanzables.

Por el efecto AMLO de ese entonces, el PRD y sus aliados ganaron prácticamente todos los cargos, en su toma de protesta el nuevo gobernador que daba el triunfo de la izquierda aprovechó para presumir sus promesas: "Juntos lo haremos posible; con un Gobierno que se conduzca con austeridad, honestidad y rindiendo cuentas a la sociedad", acabar la inseguridad en 18 meses, además cada dos años someterse a la consulta popular. Nada se cumplió.

De inmediato aumentó el dispendio, el favoritismo hacia empresas externas y desaire de los empresarios morelenses, los rumores de los moches del 30 por ciento, el enriquecimiento en el sector salud, las obras millonarias innecesarias, la compra de casas, bodas familiares fastuosas, manejo de los recursos públicos como cuenta personal, conciertos con cargo al erario con pagos escandalosos, complicidades en sociedades a proyectos, recursos entregados de forma discrecional y selectiva, falta de transparencia y rendición de cuentas, cero obra pública, en los seis años y al final de éste, casas a los amigos y colaboradores, pensiones millonarias sin merecimientos, cuentas en el extranjero, desaparición de descuentos de trabajadores del IMSS y a órganos descentralizados, proyectos de obra pagadas sin terminar, créditos mal utilizados, dinero gastado en triangulaciones, en declaraciones de los actuales funcionarios una deuda estatal de al menos 11 mil millones de pesos, cuando en 2012 recibió mil 500 millones de deuda.

LOS CRÉDITOS Y LA REPARTICIÓN CON LOS DIPUTADOS

Una vez en el poder, Graco Ramírez no se detuvo para manejar los recursos públicos como chequera individual, para eso hizo cómplices a los diputados de la LII y LIII legislaturas que tras una "repartición" aprobaron créditos para supuestamente refinanciar la deuda recibida y al mismo tiempo llevar a cabo obras que en su opinión eran importantes, como la construcción del estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz, en Zacatepec; el museo Juan Soriano y la nueva sede del Congreso estatal, cuyas costos sobrepasaron lo proyectado o al menos lo que se hizo público.

En 2013, los diputados aprobaron dos líneas de crédito al Ejecutivo por cuatro mil 184 millones a pagar en 18 años, lo que aumentó la deuda estatal casi en un 278 por ciento. En 2017, otra Legislatura aprobó otro crédito para el gobernador por dos mil millones de pesos, supuestamente para comenzar con la reconstrucción después del sismo de ese año.

La preocupación comenzó desde el primer encuentro entre la comisión entrante y saliente, el entonces enlace del gobernador elector, José Manuel Sanz Rivera, habría dicho al salir de Casa de Gobierno, que la deuda llegaría de 11 mil a 15 mil millones de pesos, de acuerdo con sus expertos en finanzas públicas.

En esa ocasión informó que el pago mensual para cubrir estos créditos estaría llegando a 200 millones.

LAS OBRAS DEL DESFALCO

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas ha sido la organización que con base en la información que ha logrado reunir, y mucha otra se la han negado, ha sustentado que las obras que se hicieron en la pasada administración a pesar de lo exorbitante de su costo, no tuvieron ninguna repercusión social, fue constante la falta de transparencia y la deficiente calidad en su construcción, en empresas favoritas porque fue constante la adjudicación directa y la elevación de costos en su etapa final diferente a lo proyectado.

En cuanto a la realización de obras, observó en todas hay información faltante: no existe costo final, nombre del o de los proveedores, tipo de adjudicación, fuente de los recursos, número de obra, empresa participante, fecha de inicio, fecha de conclusión, estudios y proyectos ejecutivos.

El codirector del Centro, Roberto Salinas no duda en decir que el sexenio de la izquierda en cuanto transparencia fue deficiente, siempre alcanzó 4.4 de 10 en esta área; lo que siempre fue evidente es que hubo en todo momento simulación, “si hablamos de las obras publicas, lo que ellos llaman transparencia o datos abiertos no lo es, esta información de obras carece hasta hoy de muchos datos (mencionados arriba) por eso la Auditoria Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones desde 2013 a 2016 por una cantidad de dos mil 500 millones de pesos, y nunca se aclaró este uso de recursos”, todo en complicidad de la Auditoria Estatal.

Un ejemplo de cómo se manejaron las finanzas en la entidad son los créditos contratados por el perredista hoy suman 11 mil 711 millones de pesos, de los 26 créditos vigentes, el último será terminado de pagar en el 2042, es decir, abarcará cuatro sexenios para poder pagarlos.

Entre las grandes obras que trató de vender el ex gobernador a los morelenses como una gran necesidad fue el estadio de fútbol en Zacatepec, el Agustín Coruco Díaz, sede del equipo de la región cañera, aunque por todos los medios intentó vender la idea de regresar a las viejas glorias de ese equipo, al final fue evidente que se trató de un negocio para triangular dinero público.

Para los morelenses es el mayor robo que ha existido en Morelos con una inversión de 563 millones de pesos con capacidad para 24 mil espectadores antes de la remodelación era de 18 mil, el pretexto fue que la Federación mexicana exigía un lugar donde cupieran al menos 20 mil, hoy el lugar está concesionado a un empresario de Guadalajara.

En un predio de 17 mil 782 metros cuadrados junto al mercado Adolfo López Mateos, una de las zonas más complicadas en cuanto a vialidad, se compró el predio que albergaría la nueva sede del Congreso local por una cantidad de tres millones de pesos; además el diseño del proyecto tuvo un costo de cuatro millones de pesos, y aunque se dijo que el edificio en sí tendría un costo de 450 millones que fueron etiquetados dentro de los proyectos de obra a ejecutar dentro del crédito de dos mil 806 millones que contrató el Poder Ejecutivo como deuda pública en octubre de 2013.

Sin embargo, a ese precio se menciona en un segundo catálogo que la obra registra un gasto de 79 millones 778 mil 515 pesos y un sobre costo de ocho millones 367 mil 93 pesos. A la fecha no se sabe cuál fue el precio real de la obra, aunque el lugar fue entregado con apenas el 80 por ciento de su terminación.

Con el argumento de la inseguridad campante en Morelos y al no cumplir su promesa de acabar en 18 meses con la violencia y la delincuencia, el ex mandatario del partido amarillo planeó la construcción del llamado C5, edificio de primer mundo donde estarían conectadas al menos 600 cámaras de video en una especie de “bigbrother” estatal, pero sobre todo vanguardista.

Este proyecto fue de los contratos directos de obra más caros del gobierno graquista desde la Secretaría de Obras Públicas por 588 millones 401 mil 692 pesos.

La empresa beneficiada fue Sixsigma Networks México e Itrio Arquitectos, esta última empresa fue de las consentidas en la pasada administración, porque además obtuvo el jugoso contrato de una obra complementaria al C5: Proyecto de Infraestructura en Seguridad-Instalación y Puesta en Funcionamiento de ese centro de control, donde ganó 296 millones 513 mil 877 pesos.

En estos dos contratos la empresa Itrio sumó 884 millones 915 mil 569 pesos, es decir, el 29 por ciento del valor total de las 601 contrataciones sin licitar que entregó la administración pasada.

Además de estas, se suman otras como, el museo Juan Soriano, la remodelación de la Plaza de Armas de Cuernavaca, los conciertos de artistas, y lugares como Arena Teques, la ciudad judicial con 104 millones 355 mil pesos, la nueva sede de la Fiscalía con 327 millones de pesos, cuartel de la policía en Tepalcingo con 53 millones, construcción del edificio de la defensoría pública con casi 50 millones, cuartel de la policía Huitzilac casi 30 millones, edificio del Tribunal Unitario de Justicia y la conclusión (que nunca se terminó) 24 y 23 millones, respectivamente, todos estos últimos sobre todo incompletas, aunque decía el asesor Anticorrupción en el actual Gobierno, Gerardo Becerra Chávez de Ita, otras se pagaron y nunca se terminaron, entre otras.

Roberto Salinas detalló que fueron en total dos mil 765 empresas que fueron beneficiadas en diferentes montos, por un total de 11 mil millones 961 mil 684 pesos 476 centavos.

LAS DENUNCIAS CONTRA DEL EX GOBERNADOR Y COLABORADORES

A la fecha ya son 54 denuncias que la actual administración inició en contra de ex funcionarios de la pasada administración incluso en contra del ex mandatario estatal, todas ante la Fiscalía Anticorrupción y las del ex gobernador en la Fiscalía general.

Desde el pasado 12 de noviembre del 2018, la actual administración estatal acudió ante la Fiscalía Anticorrupción para presentar las primeras 17 denuncias por desvíos, gastos excesivos, e irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Seis de ellas se menciona el nombre del ex mandatario y a 11 de sus ex colaboradores en distintos niveles, particularmente de obras públicas, en total estas denuncias sumarían al menos mil 549 millones de pesos.

Asimismo, el pasado 10 de enero de 2019 se volvieron a presentar 10 nuevas denuncias en materia de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Instituto de Crédito, Secretaría de Hacienda, y Desarrollo Agropecuario. Al acudir ante la misma autoridad, los delitos son presuntos desvíos, facturas falsas e incluso se agregó el enriquecimiento ilícito de personal a cargo de diversas dependencias, informaba en ese momento el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado.

Ademas, “se siguen registrando otras denuncias por algunos otros hechos que se están detectando en otras áreas, otras más no se han judicializado porque estamos juntando elementos para integrar bien las carpetas, pero ya son 10 más a las más de 20".

Las denuncias continuaron y el pasado 13 de febrero del 2019, el gobernador en persona acudió a la Fiscalía General en la Ciudad de México a iniciar demanda en contra del ex gobernador Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y el hijo de ella, Rodrigo Gayosso, por los delitos de defraudación fiscal, triangulación de recursos y tráfico de influencias.

En las puertas de la dependencia, el titular del Ejecutivo estatal señaló que las acciones cometidas por su antecesor en Morelos no quedarían impunes, por lo tanto esta es la primera de otras denuncias que se están preparando.

La denuncia de hechos, explicó el consejero Anticorrupción, Gerardo Becerra Chávez, es por posibles actos delictivos que pudieran derivar en delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la adquisición de varias casas con recursos probablemente públicos.

A eso se sumaron otras cinco denuncias cuando el pasado 27 de febrero, nuevamente titulares de despacho acudieron ante la Fiscalía Anticorrupción a presentar las irregularidades que encontraron en Sedagro, Economía, Turismo y Desarrollo Sustentable, por al menos 200 millones de pesos.

En términos generales, esas denuncias que se presentan fueron por triangulaciones de operaciones que se hicieron para disposición de recursos muy considerables por parte de quienes en su momento estuvieron en la administración anterior, pero que fueron vinculados con particulares y con empresas que debe investigar la Fiscalía; las cantidades que se dispusieron pudieran caer en el ámbito del derecho penal y administrativo son muy considerables y hay una afectación muy grave al erario del estado.

A esto se suma que el pasado 2 de abril, nuevamente funcionarios estatales llevaron ante la Fiscalía Anticorrupción 12 nuevas denuncias en contra el ex gobernador Graco Ramírez, así como varios de sus ex funcionarios, por el delito de peculado por un monto de alrededor de 500 millones de pesos. Esta vez se incluyeron a además del ex mandatario, a su ex secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna; la ex contralora Adriana Flores Garza; el ex secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros; la ex coordinadora general del Fondo Estatal para la Promoción y el Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo, Nina Serratos Zavala, entre otros.

Asimismo, otra investigación es la supuesta creación de un fondo para los trabajadores del sector Salud, en este caso, en 2017, no aparecen 300 millones de pesos producto de los descuentos a los trabajadores. "El recurso del fondo se manejó por medio de una empresa diferente que podría ser una empresa fachada, por eso, puntualizó, ese dinero fue tomado por alguien, y por ello, "la Fiscalía debe indagar para saber que hizo con el dinero de casi dos mil trabajadores del sistema de salud"; precisó que se les descontó una parte del ISR y de allí se tomó para hacer un supuesto fondo de pensiones, que a la fecha no se sabe donde quedó".

Otro asunto que dejó pendiente el Gobierno graquista fue el pago de cuotas al IMSS; al respecto la secretaría de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, habría dicho que se ha ido identificado este adeudo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 38 millones de pesos, correspondientes a plazas de diferentes niveles; lo peor es que se trata de cuotas al IMSS que sí fueron retenidas, pero que no fueron enteradas o entregadas al Seguro Social, en el lapso de abril a septiembre de 2017; hoy con un acuerdo con la institución médica se paga a plazos.

LOS CONCIERTOS DE GRACO

A pesar de que las denuncias en contra del ex gobernador Graco Ramírez han sido por el uso del recuro público en obras y proyectos, también incursionó en una nueva faceta para un mandatario estatal, y fue recurrente su participación en la organización de conciertos; por eso el asesor Anticorrupción del Gobierno estatal, Gerardo Becerra, abrió una investigación a fondo, primero con los conciertos de Sting, Emmanuel y Mijares por desvíos de hasta 500 millones de pesos, las cuales se añaden a las ya presentadas por montos de más de dos mil millones de pesos en la Fiscalía Anticorrupción.

El artista Sting en Morelos recibió 2.5 millones de pesos por arriba de lo que recibió como pago en Viña del Mar, apenas dos años atrás; en Chile recibió 700 mil dólares, pero en Morelos supuestamente recibió un pago de 3.2 millones de dólares.

En el caso de los artistas mexicanos Mijares y Emmanuel, en Morelos recibieron 12 millones 700 mil pesos, cuando meses atrás en Puebla cobraron dos millones 600 mil.

Para esos dos conciertos, el Gobierno estatal contrato a dos empresas, una que vendió gel bacterial y repelente de insectos por dos millones y la otra para publicitar el concierto en redes sociales a quién se le pagó dos millones 30 mil pesos, ninguno de los domicilios fiscales corresponde a una empresa como tal, la primera es casa habitación y la otra una tienda de abarrotes, por lo tanto, Gerardo Becerra dijo que "son empresas fachadas que poco a poco saldrán, otras igual solo para desviar el dinero público". Otro concierto con cantidades similares fue el de Marco Antonio Solís el Buki que por un concierto en el estadio de Zacatepec Agustín Coruco Díaz recibió un pago de 22 millones de pesos.

Lo último que se sabe es que el Gobierno estatal tiene preparadas nuevas denuncias en contra de su antecesor, y será por actos de corrupción ante el presunto desvío de recursos a cuentas bancarias personales en el extranjero. Explicó que de esto, hubo recursos federales, donde se bajaron 10 mil millones de pesos, pero también "se cobraba el 30 por ciento (por cada obra y proyecto) y estaríamos hablando de casi tres mil millones de pesos que se pudieron haber manejado ilegalmente, y tal vez mucho de eso transferido a esas cuentas en el extranjero".

RAJARSE JAMÁS

A pesar de todo esto y mucho más, el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha repetido insistentemente que le preocupa el estado financiero, social y administrativo sobre como recibió el Gobierno morelense, pero eso no lo intimida y menos ha pensado en "rajarse" y todos los desvíos, desfalcos y abusos serán sancionados y llevados ante la autoridad.

Desde su toma de protesta ha señalado que su administración es de puertas abiertas para todos los ciudadanos porque “el cambio lo vamos a hacer juntos porque la ciudadanía no se equivocó al elegirnos”.

El argumento favorito de las administraciones es culpar a su antecesor de todo lo malo, no evidenciar lo bueno, si es que lo hubo, y hacer creer a la gente que lo mejor apenas llegará. En Morelos ese ha sido el pretexto favorito de sus gobiernos, el asunto de la corrupción nadie lo había visto tan claramente hasta que llegó la pasada administración. De forma irónica ese Gobierno salió de la izquierda, la de la esperanza, aquella que sacrificó hombres y mujeres con el anhelo eterno del poder para transparentar el manejo de los recursos públicos. El resultado fue desastroso, una deuda estatal de 10 mil millones de pesos, moches, pensiones doradas, obras mal ejecutadas, desvíos y corrupción, la izquierda en Morelos hasta la esperanza se robo.


HUBO ESPERANZA

Aparejado a la inseguridad que desde 1997 comenzó a develarse ante los ojos de los ciudadanos morelenses; el tema de la corrupción iba de la mano como sombra que nadie alcanzó a ver ni a dimensionar. Aunque las administraciones primero del general, Carrillo Olea, y los breves mandatos de Jorge Morales Barud y Jorge Arturo García, la palabra corrupción no era tan frecuente etiquetarlas a los gobernantes, comenzó aparecer gradualmente como fantasma en las cuentas públicas, en las obras, acciones y proyectos incumplidos que se tradujo en el evidente beneficio para las familias de quienes llegaron con los dos gobiernos panistas.

Con la promesa de acabar con todo eso, los morelenses con esa idea socialista de que la izquierda sería tal vez la solución y la fórmula para que Morelos saliera del pozo de inseguridad, corrupción, abuso, autoritarismo y atraso en el que poco a poco fue cayendo por gobiernos priístas y panistas.

Secundado por la ola de AMLO, el hartazgo del experimento blanquiazul y la esperanza y la renovación ese 2012, casi 400 mil morelenses dieron el triunfo a Graco Ramírez como candidato de la nueva visión, luego de ser un actor principal en contra del gobernador, Carrillo Olea, el tabasqueño fue arropado por el PRD en Morelos, fue senador y dirigente estatal perredista, de allí pudo brincar a la candidatura.

Aunque sus colaboradores decían que en campaña Graco había cambiado, ya no era más el autoritario o un personaje que dijera mentiras, y los compromisos de campaña siempre estuvieron apegados a la realidad y alcanzables.

Por el efecto AMLO de ese entonces, el PRD y sus aliados ganaron prácticamente todos los cargos, en su toma de protesta el nuevo gobernador que daba el triunfo de la izquierda aprovechó para presumir sus promesas: "Juntos lo haremos posible; con un Gobierno que se conduzca con austeridad, honestidad y rindiendo cuentas a la sociedad", acabar la inseguridad en 18 meses, además cada dos años someterse a la consulta popular. Nada se cumplió.

De inmediato aumentó el dispendio, el favoritismo hacia empresas externas y desaire de los empresarios morelenses, los rumores de los moches del 30 por ciento, el enriquecimiento en el sector salud, las obras millonarias innecesarias, la compra de casas, bodas familiares fastuosas, manejo de los recursos públicos como cuenta personal, conciertos con cargo al erario con pagos escandalosos, complicidades en sociedades a proyectos, recursos entregados de forma discrecional y selectiva, falta de transparencia y rendición de cuentas, cero obra pública, en los seis años y al final de éste, casas a los amigos y colaboradores, pensiones millonarias sin merecimientos, cuentas en el extranjero, desaparición de descuentos de trabajadores del IMSS y a órganos descentralizados, proyectos de obra pagadas sin terminar, créditos mal utilizados, dinero gastado en triangulaciones, en declaraciones de los actuales funcionarios una deuda estatal de al menos 11 mil millones de pesos, cuando en 2012 recibió mil 500 millones de deuda.

LOS CRÉDITOS Y LA REPARTICIÓN CON LOS DIPUTADOS

Una vez en el poder, Graco Ramírez no se detuvo para manejar los recursos públicos como chequera individual, para eso hizo cómplices a los diputados de la LII y LIII legislaturas que tras una "repartición" aprobaron créditos para supuestamente refinanciar la deuda recibida y al mismo tiempo llevar a cabo obras que en su opinión eran importantes, como la construcción del estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz, en Zacatepec; el museo Juan Soriano y la nueva sede del Congreso estatal, cuyas costos sobrepasaron lo proyectado o al menos lo que se hizo público.

En 2013, los diputados aprobaron dos líneas de crédito al Ejecutivo por cuatro mil 184 millones a pagar en 18 años, lo que aumentó la deuda estatal casi en un 278 por ciento. En 2017, otra Legislatura aprobó otro crédito para el gobernador por dos mil millones de pesos, supuestamente para comenzar con la reconstrucción después del sismo de ese año.

La preocupación comenzó desde el primer encuentro entre la comisión entrante y saliente, el entonces enlace del gobernador elector, José Manuel Sanz Rivera, habría dicho al salir de Casa de Gobierno, que la deuda llegaría de 11 mil a 15 mil millones de pesos, de acuerdo con sus expertos en finanzas públicas.

En esa ocasión informó que el pago mensual para cubrir estos créditos estaría llegando a 200 millones.

LAS OBRAS DEL DESFALCO

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas ha sido la organización que con base en la información que ha logrado reunir, y mucha otra se la han negado, ha sustentado que las obras que se hicieron en la pasada administración a pesar de lo exorbitante de su costo, no tuvieron ninguna repercusión social, fue constante la falta de transparencia y la deficiente calidad en su construcción, en empresas favoritas porque fue constante la adjudicación directa y la elevación de costos en su etapa final diferente a lo proyectado.

En cuanto a la realización de obras, observó en todas hay información faltante: no existe costo final, nombre del o de los proveedores, tipo de adjudicación, fuente de los recursos, número de obra, empresa participante, fecha de inicio, fecha de conclusión, estudios y proyectos ejecutivos.

El codirector del Centro, Roberto Salinas no duda en decir que el sexenio de la izquierda en cuanto transparencia fue deficiente, siempre alcanzó 4.4 de 10 en esta área; lo que siempre fue evidente es que hubo en todo momento simulación, “si hablamos de las obras publicas, lo que ellos llaman transparencia o datos abiertos no lo es, esta información de obras carece hasta hoy de muchos datos (mencionados arriba) por eso la Auditoria Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones desde 2013 a 2016 por una cantidad de dos mil 500 millones de pesos, y nunca se aclaró este uso de recursos”, todo en complicidad de la Auditoria Estatal.

Un ejemplo de cómo se manejaron las finanzas en la entidad son los créditos contratados por el perredista hoy suman 11 mil 711 millones de pesos, de los 26 créditos vigentes, el último será terminado de pagar en el 2042, es decir, abarcará cuatro sexenios para poder pagarlos.

Entre las grandes obras que trató de vender el ex gobernador a los morelenses como una gran necesidad fue el estadio de fútbol en Zacatepec, el Agustín Coruco Díaz, sede del equipo de la región cañera, aunque por todos los medios intentó vender la idea de regresar a las viejas glorias de ese equipo, al final fue evidente que se trató de un negocio para triangular dinero público.

Para los morelenses es el mayor robo que ha existido en Morelos con una inversión de 563 millones de pesos con capacidad para 24 mil espectadores antes de la remodelación era de 18 mil, el pretexto fue que la Federación mexicana exigía un lugar donde cupieran al menos 20 mil, hoy el lugar está concesionado a un empresario de Guadalajara.

En un predio de 17 mil 782 metros cuadrados junto al mercado Adolfo López Mateos, una de las zonas más complicadas en cuanto a vialidad, se compró el predio que albergaría la nueva sede del Congreso local por una cantidad de tres millones de pesos; además el diseño del proyecto tuvo un costo de cuatro millones de pesos, y aunque se dijo que el edificio en sí tendría un costo de 450 millones que fueron etiquetados dentro de los proyectos de obra a ejecutar dentro del crédito de dos mil 806 millones que contrató el Poder Ejecutivo como deuda pública en octubre de 2013.

Sin embargo, a ese precio se menciona en un segundo catálogo que la obra registra un gasto de 79 millones 778 mil 515 pesos y un sobre costo de ocho millones 367 mil 93 pesos. A la fecha no se sabe cuál fue el precio real de la obra, aunque el lugar fue entregado con apenas el 80 por ciento de su terminación.

Con el argumento de la inseguridad campante en Morelos y al no cumplir su promesa de acabar en 18 meses con la violencia y la delincuencia, el ex mandatario del partido amarillo planeó la construcción del llamado C5, edificio de primer mundo donde estarían conectadas al menos 600 cámaras de video en una especie de “bigbrother” estatal, pero sobre todo vanguardista.

Este proyecto fue de los contratos directos de obra más caros del gobierno graquista desde la Secretaría de Obras Públicas por 588 millones 401 mil 692 pesos.

La empresa beneficiada fue Sixsigma Networks México e Itrio Arquitectos, esta última empresa fue de las consentidas en la pasada administración, porque además obtuvo el jugoso contrato de una obra complementaria al C5: Proyecto de Infraestructura en Seguridad-Instalación y Puesta en Funcionamiento de ese centro de control, donde ganó 296 millones 513 mil 877 pesos.

En estos dos contratos la empresa Itrio sumó 884 millones 915 mil 569 pesos, es decir, el 29 por ciento del valor total de las 601 contrataciones sin licitar que entregó la administración pasada.

Además de estas, se suman otras como, el museo Juan Soriano, la remodelación de la Plaza de Armas de Cuernavaca, los conciertos de artistas, y lugares como Arena Teques, la ciudad judicial con 104 millones 355 mil pesos, la nueva sede de la Fiscalía con 327 millones de pesos, cuartel de la policía en Tepalcingo con 53 millones, construcción del edificio de la defensoría pública con casi 50 millones, cuartel de la policía Huitzilac casi 30 millones, edificio del Tribunal Unitario de Justicia y la conclusión (que nunca se terminó) 24 y 23 millones, respectivamente, todos estos últimos sobre todo incompletas, aunque decía el asesor Anticorrupción en el actual Gobierno, Gerardo Becerra Chávez de Ita, otras se pagaron y nunca se terminaron, entre otras.

Roberto Salinas detalló que fueron en total dos mil 765 empresas que fueron beneficiadas en diferentes montos, por un total de 11 mil millones 961 mil 684 pesos 476 centavos.

LAS DENUNCIAS CONTRA DEL EX GOBERNADOR Y COLABORADORES

A la fecha ya son 54 denuncias que la actual administración inició en contra de ex funcionarios de la pasada administración incluso en contra del ex mandatario estatal, todas ante la Fiscalía Anticorrupción y las del ex gobernador en la Fiscalía general.

Desde el pasado 12 de noviembre del 2018, la actual administración estatal acudió ante la Fiscalía Anticorrupción para presentar las primeras 17 denuncias por desvíos, gastos excesivos, e irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Seis de ellas se menciona el nombre del ex mandatario y a 11 de sus ex colaboradores en distintos niveles, particularmente de obras públicas, en total estas denuncias sumarían al menos mil 549 millones de pesos.

Asimismo, el pasado 10 de enero de 2019 se volvieron a presentar 10 nuevas denuncias en materia de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Instituto de Crédito, Secretaría de Hacienda, y Desarrollo Agropecuario. Al acudir ante la misma autoridad, los delitos son presuntos desvíos, facturas falsas e incluso se agregó el enriquecimiento ilícito de personal a cargo de diversas dependencias, informaba en ese momento el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado.

Ademas, “se siguen registrando otras denuncias por algunos otros hechos que se están detectando en otras áreas, otras más no se han judicializado porque estamos juntando elementos para integrar bien las carpetas, pero ya son 10 más a las más de 20".

Las denuncias continuaron y el pasado 13 de febrero del 2019, el gobernador en persona acudió a la Fiscalía General en la Ciudad de México a iniciar demanda en contra del ex gobernador Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y el hijo de ella, Rodrigo Gayosso, por los delitos de defraudación fiscal, triangulación de recursos y tráfico de influencias.

En las puertas de la dependencia, el titular del Ejecutivo estatal señaló que las acciones cometidas por su antecesor en Morelos no quedarían impunes, por lo tanto esta es la primera de otras denuncias que se están preparando.

La denuncia de hechos, explicó el consejero Anticorrupción, Gerardo Becerra Chávez, es por posibles actos delictivos que pudieran derivar en delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la adquisición de varias casas con recursos probablemente públicos.

A eso se sumaron otras cinco denuncias cuando el pasado 27 de febrero, nuevamente titulares de despacho acudieron ante la Fiscalía Anticorrupción a presentar las irregularidades que encontraron en Sedagro, Economía, Turismo y Desarrollo Sustentable, por al menos 200 millones de pesos.

En términos generales, esas denuncias que se presentan fueron por triangulaciones de operaciones que se hicieron para disposición de recursos muy considerables por parte de quienes en su momento estuvieron en la administración anterior, pero que fueron vinculados con particulares y con empresas que debe investigar la Fiscalía; las cantidades que se dispusieron pudieran caer en el ámbito del derecho penal y administrativo son muy considerables y hay una afectación muy grave al erario del estado.

A esto se suma que el pasado 2 de abril, nuevamente funcionarios estatales llevaron ante la Fiscalía Anticorrupción 12 nuevas denuncias en contra el ex gobernador Graco Ramírez, así como varios de sus ex funcionarios, por el delito de peculado por un monto de alrededor de 500 millones de pesos. Esta vez se incluyeron a además del ex mandatario, a su ex secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna; la ex contralora Adriana Flores Garza; el ex secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros; la ex coordinadora general del Fondo Estatal para la Promoción y el Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo, Nina Serratos Zavala, entre otros.

Asimismo, otra investigación es la supuesta creación de un fondo para los trabajadores del sector Salud, en este caso, en 2017, no aparecen 300 millones de pesos producto de los descuentos a los trabajadores. "El recurso del fondo se manejó por medio de una empresa diferente que podría ser una empresa fachada, por eso, puntualizó, ese dinero fue tomado por alguien, y por ello, "la Fiscalía debe indagar para saber que hizo con el dinero de casi dos mil trabajadores del sistema de salud"; precisó que se les descontó una parte del ISR y de allí se tomó para hacer un supuesto fondo de pensiones, que a la fecha no se sabe donde quedó".

Otro asunto que dejó pendiente el Gobierno graquista fue el pago de cuotas al IMSS; al respecto la secretaría de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, habría dicho que se ha ido identificado este adeudo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 38 millones de pesos, correspondientes a plazas de diferentes niveles; lo peor es que se trata de cuotas al IMSS que sí fueron retenidas, pero que no fueron enteradas o entregadas al Seguro Social, en el lapso de abril a septiembre de 2017; hoy con un acuerdo con la institución médica se paga a plazos.

LOS CONCIERTOS DE GRACO

A pesar de que las denuncias en contra del ex gobernador Graco Ramírez han sido por el uso del recuro público en obras y proyectos, también incursionó en una nueva faceta para un mandatario estatal, y fue recurrente su participación en la organización de conciertos; por eso el asesor Anticorrupción del Gobierno estatal, Gerardo Becerra, abrió una investigación a fondo, primero con los conciertos de Sting, Emmanuel y Mijares por desvíos de hasta 500 millones de pesos, las cuales se añaden a las ya presentadas por montos de más de dos mil millones de pesos en la Fiscalía Anticorrupción.

El artista Sting en Morelos recibió 2.5 millones de pesos por arriba de lo que recibió como pago en Viña del Mar, apenas dos años atrás; en Chile recibió 700 mil dólares, pero en Morelos supuestamente recibió un pago de 3.2 millones de dólares.

En el caso de los artistas mexicanos Mijares y Emmanuel, en Morelos recibieron 12 millones 700 mil pesos, cuando meses atrás en Puebla cobraron dos millones 600 mil.

Para esos dos conciertos, el Gobierno estatal contrato a dos empresas, una que vendió gel bacterial y repelente de insectos por dos millones y la otra para publicitar el concierto en redes sociales a quién se le pagó dos millones 30 mil pesos, ninguno de los domicilios fiscales corresponde a una empresa como tal, la primera es casa habitación y la otra una tienda de abarrotes, por lo tanto, Gerardo Becerra dijo que "son empresas fachadas que poco a poco saldrán, otras igual solo para desviar el dinero público". Otro concierto con cantidades similares fue el de Marco Antonio Solís el Buki que por un concierto en el estadio de Zacatepec Agustín Coruco Díaz recibió un pago de 22 millones de pesos.

Lo último que se sabe es que el Gobierno estatal tiene preparadas nuevas denuncias en contra de su antecesor, y será por actos de corrupción ante el presunto desvío de recursos a cuentas bancarias personales en el extranjero. Explicó que de esto, hubo recursos federales, donde se bajaron 10 mil millones de pesos, pero también "se cobraba el 30 por ciento (por cada obra y proyecto) y estaríamos hablando de casi tres mil millones de pesos que se pudieron haber manejado ilegalmente, y tal vez mucho de eso transferido a esas cuentas en el extranjero".

RAJARSE JAMÁS

A pesar de todo esto y mucho más, el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha repetido insistentemente que le preocupa el estado financiero, social y administrativo sobre como recibió el Gobierno morelense, pero eso no lo intimida y menos ha pensado en "rajarse" y todos los desvíos, desfalcos y abusos serán sancionados y llevados ante la autoridad.

Desde su toma de protesta ha señalado que su administración es de puertas abiertas para todos los ciudadanos porque “el cambio lo vamos a hacer juntos porque la ciudadanía no se equivocó al elegirnos”.

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