/ sábado 14 de noviembre de 2020

[Especial] Impunidad persiste, quebranto de casi 15 mil millones de pesos

Pese a denuncias que se han implementado contra exfuncionarios de la anterior administración por presunto desvío de recursos, no hay claridad aún en los procesos

Denuncias penales por los delitos como el ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito que hacen un legajo de 60 carpetas por un supuesto quebranto que va de 10 a 15 mil millones de pesos en contra del exgobernador Graco Ramírez y funcionarios de la anterior administración, fueron desde hace dos años presentadas con bombo y platillo; esa fue la promesa del gobierno actual que le permitió en mucho ganarse la simpatía de la gente. Ya han pasado más de dos años, y al menos ningún funcionario cercano al exmandatario está en la cárcel; todo al momento ha quedado en intentonas, aunque los funcionarios estatales responsabilizan a la Fiscalía Anticorrupción que no ha pasado de enjuiciar a policías y otros funcionarios menores.

Todo esto comenzó con denuncias por el uso de dos empresas como Berso Edificaciones S.A. de C.V. y Tekarq S.A. y personajes que fueron cercanos a Ramírez e incluso a su hijastro, el excandidato a la gubernatura por el PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda.

También en estas primeras denuncias se dijo que estaban involucrados exfuncionarios como Patricia Izquierdo Medina, exsecretaria de Obras Públicas; los exsubsecretarios, Sergio Arturo Beltrán Toto, Víctor Manuel Escobar Laguna, y Jorge Alberto Orihuela; de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) Juan Carlos Valencia Vargas y Sergio Soto Cámara, entre otros.

De igual manera se mencionó al exdirector del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, Jerónima Bernal Soliveras designado por la exsecretaria de Turismo, Mónica Reyes Fuchs; Elda Gabriela Dávila y Cinthia Elda Moreno, que son familiares de Bernal Soliveras.

Incluso, en ese momento, Gerardo Becerra Chávez de Hita, director de Análisis Estratégico revelaba que en una de las denuncias había una línea de investigación por el presunto homicidio de una persona en 2017. Aunque no hubo detalles para no afectar las indagatorias.

Gerardo Becerra señaló que si se hizo algo en la administración de Graco, se hizo demasiado bien debido a que no hay pruebas contundentes / Cortesía | Cuartoscuro

Asimismo, hubo señalamientos por el desvío de recursos del Servicio Nacional del Empleo (SNE), por alrededor de 5 millones de pesos. En lo que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), la denuncia que se presentó fue por peculado por una cantidad 30 millones de pesos, en el que están involucrados siete exfuncionarios, cuando estuvo al frente Roberto Ruíz Silva.

Mientras que en la Secretaría de Turismo y Cultura, la denuncia fue por el delito de peculado por una obra en el Jardín Borda con una afectación de 5 millones de pesos; ahí estuvo al frente en la anterior administración, Cristina Faesler quien trabajó con la exprimera dama Elena Cepeda.

De igual manera, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable se presentó una denuncia por el delito de ejercicio ilícito de servicio público por la construcción de la planta valorizadora en Xochitepec, por hasta 33 millones de pesos.

En estas primeras denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, el consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo Salgado habría dicho que existe una revisión permanente en las diferentes áreas del gobierno estatal, por tanto, estas denuncias se estarían agregando a otras 30.

Cuestionado por El Sol de Cuernavaca, sobre la situación de estas denuncias en contra de actos supuestamente de corrupción de la pasada administración, Samuel Sotelo Salgado relató que hay tres denuncias ante instancias federales como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y otras cerca de 40 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntas irregularidades detectadas en diferentes secretarías de la administración estatal y que pudieran ser constitutivas de delito.

Pero aceptó que estas caminan de manera lenta, ya no es responsabilidad del gobierno estatal, porque en apego a la información que tenían a la llegada de la actual administración, se fueron integrando las carpetas con las pruebas y correspondía a la Fiscalía dar celeridad.

Además de la denuncia por delincuencia organizada en contra de su antecesor, se agregaron operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal para actos de compra venta de inmuebles en la ciudad de Cuernavaca.

Otras denuncias tienen que ver con el hallazgo de un artefacto transmisor localizado en el despacho del secretario de Obras Públicas, dentro de Palacio de Gobierno, y otra más por posibles irregularidades detectadas en la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES).

Por lo que el área jurídica del gobierno estatal, ha señalado que las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción están relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en las secretarías de Salud, Obras públicas, Desarrollo Agropecuario, Turismo y Cultura, Desarrollo Económico y del Trabajo, y Movilidad y Transporte.

Asimismo, celebró incluso que algunas carpetas de investigación ya se estaban judicializando y se encuentra en espera de que se señalen algunas fechas para la formulación de imputación.

Y es que a más de un año, con más de 60 denuncias y expedientes abiertos en contra de exfuncionarios perredistas, no ha pasado nada. Sólo procedimientos tenues, y endebles de exfuncionarios menores que han tardado más en llegar a la audiencia que ser absueltos.

Cabe decir que en todo este tiempo los pretextos, argumentos y explicaciones triviales han sido reiterados por parte de la actual administración, y solo se acusa que es la Fiscalía Anticorrupción cuyo titular fue designado por el anterior gobernador, el que se niega a endurecer los procedimientos y evitar que los responsables de haber quebrado económicamente al estado de Morelos puedan ser enjuiciados.

Cuando se acaban los argumentos, señalan desde el gobierno estatal que es el Poder Judicial, porque son los jueces que no hacen bien su papel, y hasta han deslizado que son los que se venden al mejor postor por lo que han pedido a la Fiscalía General, investigarlos.

“NO NOS CORRESPONDE”

Cuestionado sobre este asunto, el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado dejó en claro que como Poder Ejecutivo han hecho lo que les corresponde, presentando las denuncias y aportando los elementos de prueba.

"En realidad, quien tiene la obligación de llevar a cabo todos los actos de investigación es el Ministerio Público, hemos tenido diversas reuniones con el fiscal, con los ministerios públicos, hemos aportado absolutamente todo y bueno, tal vez falte personal en la institución, pero lo que corresponde a nosotros, hemos aportado todo lo que está a nuestro alcance".

Por cuanto a la consejería, tiene en curso alrededor de 60 denuncias contra exfuncionarios y otras más iniciadas por otras instancias, aunque en su opinión hay varias importantes en las que se está trabajando derivado de una revisión que se hizo en la Secretaría de Hacienda, solamente en esa área son 12.

DOS AÑOS Y NO PASA NADA

Al inicio de este año, el asesor en materia anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez de Ita disminuyó sus cuestionamientos e incluso dejó entrever que si se hizo algo en el pasado sexenio se hizo demasiado bien porque no existían pruebas contundentes, y al parecer la promesa de meter a la cárcel a Graco Ramírez se ha ido esfumado gradualmente.

Hasta se atrevió a decir que en realidad lo que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco quiso decir cuando se refería a Graco Ramírez, es que haría todo lo que estuviera en sus manos para someter a proceso a su antecesor, "pero nunca dijo que lo iba a meter a la cárcel", como se interpretó; y hoy a dos años lo único que se ha cumplido es abrir al menos 60 denuncias por irregularidades ante la autoridad competente.

ESCANDALOSO

A todas estas denuncias se han agregado muchos temas que suenan escandalosos de ser ciertos, uno de ellos fue la presentación del cantante Sting en Morelos, considerado uno de los conciertos más caros, al haberse gastado más de 3 millones de libras esterlinas. En este momento se espera que llegue la respuesta de la cancillería mexicana a través del consulado de la Gran Bretaña en México; “logré hacer el contacto con el representante legal de este señor, y finalmente nos dirá si en verdad cobraron los 3 millones de libras, o a lo mejor el señor no cobró nada”.

Dos nuevas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción fueron presentadas por el asesor del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez de Ita; se trata del pago excesivo por un concierto de El Buki en Morelos por 24 millones de pesos cuando en otros lados cobró 4 millones y del desfalco a los trabajadores de Salud por la retención del ISR pero que nunca fue abonado.

A este se suma otra denuncia por un fraude más de mil millones de pesos por un crédito que le fue autorizado al Ejecutivo porque todo parece indicar que el recurso no aparece ni físicamente ni en dónde se ocupó. En el tema de los conciertos aún no hay una explicación clara, uno fue el de El Buki, en en el estadio Agustín Coruco Diaz , que al igual que el de Sting o Emmanuel y Mijares hubo un sobre precio exagerado de lo que realmente cobra, pero además de haber usado dinero del erario para el pago de este artista, no hubo ningún ingreso de la taquilla,

LA ESPERANZA MUERE AL ULTIMO

A pesar de todo, el director de Análisis Estratégico del Ejecutivo, Gerardo Becerra Chávez de Hita, afirmó que la promesa de meter a la cárcel a exfuncionarios acusados de corrupción no está muerta. Pero por la pandemia, desafortunadamente, los procesos se detuvieron, y cuando avancen comenzarán a notarse los resultados, porque no van a prescribir.

Y es que mientras el tiempo transcurrido hace parecer que los asuntos pueden olvidarse, lo cierto es que solo están a la espera de que los tribunales, como la propia Fiscalía y demás, estén reiniciando los trabajos, a más de un año y medio que se presentaron alrededor de 60 denuncias.


Denuncias penales por los delitos como el ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito que hacen un legajo de 60 carpetas por un supuesto quebranto que va de 10 a 15 mil millones de pesos en contra del exgobernador Graco Ramírez y funcionarios de la anterior administración, fueron desde hace dos años presentadas con bombo y platillo; esa fue la promesa del gobierno actual que le permitió en mucho ganarse la simpatía de la gente. Ya han pasado más de dos años, y al menos ningún funcionario cercano al exmandatario está en la cárcel; todo al momento ha quedado en intentonas, aunque los funcionarios estatales responsabilizan a la Fiscalía Anticorrupción que no ha pasado de enjuiciar a policías y otros funcionarios menores.

Todo esto comenzó con denuncias por el uso de dos empresas como Berso Edificaciones S.A. de C.V. y Tekarq S.A. y personajes que fueron cercanos a Ramírez e incluso a su hijastro, el excandidato a la gubernatura por el PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda.

También en estas primeras denuncias se dijo que estaban involucrados exfuncionarios como Patricia Izquierdo Medina, exsecretaria de Obras Públicas; los exsubsecretarios, Sergio Arturo Beltrán Toto, Víctor Manuel Escobar Laguna, y Jorge Alberto Orihuela; de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) Juan Carlos Valencia Vargas y Sergio Soto Cámara, entre otros.

De igual manera se mencionó al exdirector del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, Jerónima Bernal Soliveras designado por la exsecretaria de Turismo, Mónica Reyes Fuchs; Elda Gabriela Dávila y Cinthia Elda Moreno, que son familiares de Bernal Soliveras.

Incluso, en ese momento, Gerardo Becerra Chávez de Hita, director de Análisis Estratégico revelaba que en una de las denuncias había una línea de investigación por el presunto homicidio de una persona en 2017. Aunque no hubo detalles para no afectar las indagatorias.

Gerardo Becerra señaló que si se hizo algo en la administración de Graco, se hizo demasiado bien debido a que no hay pruebas contundentes / Cortesía | Cuartoscuro

Asimismo, hubo señalamientos por el desvío de recursos del Servicio Nacional del Empleo (SNE), por alrededor de 5 millones de pesos. En lo que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), la denuncia que se presentó fue por peculado por una cantidad 30 millones de pesos, en el que están involucrados siete exfuncionarios, cuando estuvo al frente Roberto Ruíz Silva.

Mientras que en la Secretaría de Turismo y Cultura, la denuncia fue por el delito de peculado por una obra en el Jardín Borda con una afectación de 5 millones de pesos; ahí estuvo al frente en la anterior administración, Cristina Faesler quien trabajó con la exprimera dama Elena Cepeda.

De igual manera, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable se presentó una denuncia por el delito de ejercicio ilícito de servicio público por la construcción de la planta valorizadora en Xochitepec, por hasta 33 millones de pesos.

En estas primeras denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, el consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo Salgado habría dicho que existe una revisión permanente en las diferentes áreas del gobierno estatal, por tanto, estas denuncias se estarían agregando a otras 30.

Cuestionado por El Sol de Cuernavaca, sobre la situación de estas denuncias en contra de actos supuestamente de corrupción de la pasada administración, Samuel Sotelo Salgado relató que hay tres denuncias ante instancias federales como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y otras cerca de 40 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntas irregularidades detectadas en diferentes secretarías de la administración estatal y que pudieran ser constitutivas de delito.

Pero aceptó que estas caminan de manera lenta, ya no es responsabilidad del gobierno estatal, porque en apego a la información que tenían a la llegada de la actual administración, se fueron integrando las carpetas con las pruebas y correspondía a la Fiscalía dar celeridad.

Además de la denuncia por delincuencia organizada en contra de su antecesor, se agregaron operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal para actos de compra venta de inmuebles en la ciudad de Cuernavaca.

Otras denuncias tienen que ver con el hallazgo de un artefacto transmisor localizado en el despacho del secretario de Obras Públicas, dentro de Palacio de Gobierno, y otra más por posibles irregularidades detectadas en la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES).

Por lo que el área jurídica del gobierno estatal, ha señalado que las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción están relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en las secretarías de Salud, Obras públicas, Desarrollo Agropecuario, Turismo y Cultura, Desarrollo Económico y del Trabajo, y Movilidad y Transporte.

Asimismo, celebró incluso que algunas carpetas de investigación ya se estaban judicializando y se encuentra en espera de que se señalen algunas fechas para la formulación de imputación.

Y es que a más de un año, con más de 60 denuncias y expedientes abiertos en contra de exfuncionarios perredistas, no ha pasado nada. Sólo procedimientos tenues, y endebles de exfuncionarios menores que han tardado más en llegar a la audiencia que ser absueltos.

Cabe decir que en todo este tiempo los pretextos, argumentos y explicaciones triviales han sido reiterados por parte de la actual administración, y solo se acusa que es la Fiscalía Anticorrupción cuyo titular fue designado por el anterior gobernador, el que se niega a endurecer los procedimientos y evitar que los responsables de haber quebrado económicamente al estado de Morelos puedan ser enjuiciados.

Cuando se acaban los argumentos, señalan desde el gobierno estatal que es el Poder Judicial, porque son los jueces que no hacen bien su papel, y hasta han deslizado que son los que se venden al mejor postor por lo que han pedido a la Fiscalía General, investigarlos.

“NO NOS CORRESPONDE”

Cuestionado sobre este asunto, el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado dejó en claro que como Poder Ejecutivo han hecho lo que les corresponde, presentando las denuncias y aportando los elementos de prueba.

"En realidad, quien tiene la obligación de llevar a cabo todos los actos de investigación es el Ministerio Público, hemos tenido diversas reuniones con el fiscal, con los ministerios públicos, hemos aportado absolutamente todo y bueno, tal vez falte personal en la institución, pero lo que corresponde a nosotros, hemos aportado todo lo que está a nuestro alcance".

Por cuanto a la consejería, tiene en curso alrededor de 60 denuncias contra exfuncionarios y otras más iniciadas por otras instancias, aunque en su opinión hay varias importantes en las que se está trabajando derivado de una revisión que se hizo en la Secretaría de Hacienda, solamente en esa área son 12.

DOS AÑOS Y NO PASA NADA

Al inicio de este año, el asesor en materia anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez de Ita disminuyó sus cuestionamientos e incluso dejó entrever que si se hizo algo en el pasado sexenio se hizo demasiado bien porque no existían pruebas contundentes, y al parecer la promesa de meter a la cárcel a Graco Ramírez se ha ido esfumado gradualmente.

Hasta se atrevió a decir que en realidad lo que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco quiso decir cuando se refería a Graco Ramírez, es que haría todo lo que estuviera en sus manos para someter a proceso a su antecesor, "pero nunca dijo que lo iba a meter a la cárcel", como se interpretó; y hoy a dos años lo único que se ha cumplido es abrir al menos 60 denuncias por irregularidades ante la autoridad competente.

ESCANDALOSO

A todas estas denuncias se han agregado muchos temas que suenan escandalosos de ser ciertos, uno de ellos fue la presentación del cantante Sting en Morelos, considerado uno de los conciertos más caros, al haberse gastado más de 3 millones de libras esterlinas. En este momento se espera que llegue la respuesta de la cancillería mexicana a través del consulado de la Gran Bretaña en México; “logré hacer el contacto con el representante legal de este señor, y finalmente nos dirá si en verdad cobraron los 3 millones de libras, o a lo mejor el señor no cobró nada”.

Dos nuevas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción fueron presentadas por el asesor del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez de Ita; se trata del pago excesivo por un concierto de El Buki en Morelos por 24 millones de pesos cuando en otros lados cobró 4 millones y del desfalco a los trabajadores de Salud por la retención del ISR pero que nunca fue abonado.

A este se suma otra denuncia por un fraude más de mil millones de pesos por un crédito que le fue autorizado al Ejecutivo porque todo parece indicar que el recurso no aparece ni físicamente ni en dónde se ocupó. En el tema de los conciertos aún no hay una explicación clara, uno fue el de El Buki, en en el estadio Agustín Coruco Diaz , que al igual que el de Sting o Emmanuel y Mijares hubo un sobre precio exagerado de lo que realmente cobra, pero además de haber usado dinero del erario para el pago de este artista, no hubo ningún ingreso de la taquilla,

LA ESPERANZA MUERE AL ULTIMO

A pesar de todo, el director de Análisis Estratégico del Ejecutivo, Gerardo Becerra Chávez de Hita, afirmó que la promesa de meter a la cárcel a exfuncionarios acusados de corrupción no está muerta. Pero por la pandemia, desafortunadamente, los procesos se detuvieron, y cuando avancen comenzarán a notarse los resultados, porque no van a prescribir.

Y es que mientras el tiempo transcurrido hace parecer que los asuntos pueden olvidarse, lo cierto es que solo están a la espera de que los tribunales, como la propia Fiscalía y demás, estén reiniciando los trabajos, a más de un año y medio que se presentaron alrededor de 60 denuncias.


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