/ sábado 10 de agosto de 2019

[Especial] Hacen pueblos su propia ley

En Cuernavaca, Ocotepec, Acapantzingo y otros poblados se tolera la ilegalidad

La disputa por la administración del recinto ferial en Acapantzingo dejó desde hace más de un mes a los pobladores sin el servicio de recolección de basura. En el predio, hasta hace tres años se realizaba la Feria de la Primavera, la más grande del estado y la que dejaba grandes ganancias al Ayuntamiento.

El origen de la problemática surgió en la administración de Manuel Martínez Garrigós (2009-2012). En ese trienio, el entonces alcalde solicitó un préstamo de dos mil millones de pesos para la construcción de un segundo piso en Plan de Ayala. El crédito se autorizó, pero la obra no se realizó debido a la oposición del entonces gobernador, Marco Adame Castillo, por lo que con ese dinero se inició la construcción del distribuidor vial Emiliano Zapata y se compraron dos predios en el ejido de Acapantzingo: el recinto ferial y uno más que sería utilizado como estacionamiento.

Posteriormente, los ejidatarios se percataron que algo estaba mal, por lo que intentaron corregir lo que habían hecho: aprobar la venta de los predios; por lo que demandaron al Ayuntamiento la restitución del terreno que era utilizado como estacionamiento, bajo el argumento de que era una parcela escolar. El Tribunal Agrario resolvió a favor de los comuneros, pero no regresaron el dinero al municipio, entonces, el recinto ferial quedó dentro del núcleo agrario porque "se compró e invirtió en algo que no había seguridad en la tenencia de la tierra", ya que al ser ejidal no hay escritura pública y quedó bajo la administración del Ayuntamiento.

Actualmente, el problema es que los ejidatarios condicionan a las autoridades para poder ocupar el recinto ferial con una cooperación, porque el acceso al predio es por medio de los caminos de saca y si no hay "moche", no hay acceso al recinto, aunque legalmente le corresponde al municipio.

La solución viable sobre este tema es buscar otro camino alterno para acceder a ese predio, como se propuso durante la gestión de Jorge Morales Barud, con el proyecto de una carretera que conecte al recinto ferial con el par vial de Jiutepec, para, de esta manera, evitar pasar por los ejidos de Acapantzingo; sin embargo, no se dispuso del recurso para comprar los terrenos ni ejecutar el plan.

De 2009 a la fecha, la disputa por el predio continúa. Hace unas semanas, el edil capitalino, Antonio Villalobos Adán, argumentó que el comisariado ejidal, Conrado Juárez, impidió el ingreso de los inspectores de Gobernación para revisar las licencias de funcionamiento de los bares de esta zona, donde detectaron un establecimiento de giro negro, es decir, centros nocturnos donde se permite la prostitución y venta de alcohol adulterado.

Esa presunta negativa tuvo consecuencias y el edil, "en venganza", suspendió los servicios de recolección de basura en los ejidos, bajo el argumento de no querer exponer la integridad física de los trabajadores de limpia, por lo que ahora los pobladores cargan sus desechos sólidos en camiones para dejarlos en la avenida Díaz Ordaz.

El abuso de autoridad, dijo el edil, está presente de manera cotidiana en los ocho poblados porque se toleró en otras administraciones, sin que pasen por el Ayuntamiento.

La disputa por la administración del recinto ferial en Acapantzingo dejó desde hace más de un mes a los pobladores sin el servicio de recolección de basura. En el predio, hasta hace tres años se realizaba la Feria de la Primavera, la más grande del estado y la que dejaba grandes ganancias al Ayuntamiento.

El origen de la problemática surgió en la administración de Manuel Martínez Garrigós (2009-2012). En ese trienio, el entonces alcalde solicitó un préstamo de dos mil millones de pesos para la construcción de un segundo piso en Plan de Ayala. El crédito se autorizó, pero la obra no se realizó debido a la oposición del entonces gobernador, Marco Adame Castillo, por lo que con ese dinero se inició la construcción del distribuidor vial Emiliano Zapata y se compraron dos predios en el ejido de Acapantzingo: el recinto ferial y uno más que sería utilizado como estacionamiento.

Posteriormente, los ejidatarios se percataron que algo estaba mal, por lo que intentaron corregir lo que habían hecho: aprobar la venta de los predios; por lo que demandaron al Ayuntamiento la restitución del terreno que era utilizado como estacionamiento, bajo el argumento de que era una parcela escolar. El Tribunal Agrario resolvió a favor de los comuneros, pero no regresaron el dinero al municipio, entonces, el recinto ferial quedó dentro del núcleo agrario porque "se compró e invirtió en algo que no había seguridad en la tenencia de la tierra", ya que al ser ejidal no hay escritura pública y quedó bajo la administración del Ayuntamiento.

Actualmente, el problema es que los ejidatarios condicionan a las autoridades para poder ocupar el recinto ferial con una cooperación, porque el acceso al predio es por medio de los caminos de saca y si no hay "moche", no hay acceso al recinto, aunque legalmente le corresponde al municipio.

La solución viable sobre este tema es buscar otro camino alterno para acceder a ese predio, como se propuso durante la gestión de Jorge Morales Barud, con el proyecto de una carretera que conecte al recinto ferial con el par vial de Jiutepec, para, de esta manera, evitar pasar por los ejidos de Acapantzingo; sin embargo, no se dispuso del recurso para comprar los terrenos ni ejecutar el plan.

De 2009 a la fecha, la disputa por el predio continúa. Hace unas semanas, el edil capitalino, Antonio Villalobos Adán, argumentó que el comisariado ejidal, Conrado Juárez, impidió el ingreso de los inspectores de Gobernación para revisar las licencias de funcionamiento de los bares de esta zona, donde detectaron un establecimiento de giro negro, es decir, centros nocturnos donde se permite la prostitución y venta de alcohol adulterado.

Esa presunta negativa tuvo consecuencias y el edil, "en venganza", suspendió los servicios de recolección de basura en los ejidos, bajo el argumento de no querer exponer la integridad física de los trabajadores de limpia, por lo que ahora los pobladores cargan sus desechos sólidos en camiones para dejarlos en la avenida Díaz Ordaz.

El abuso de autoridad, dijo el edil, está presente de manera cotidiana en los ocho poblados porque se toleró en otras administraciones, sin que pasen por el Ayuntamiento.

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