/ sábado 27 de abril de 2019

[Especial] Esta es la herencia maldita de Cuauhtémoc Blanco

Durante más de dos décadas, el combate a este mal que afecta a miles de ciudadanos morelenses ha sido la bandera de quienes han aspirado a la gubernatura del estado

La historia de la herencia maldita en Morelos tiene sus inicios desde 1995, con la llegada al Gobierno estatal del general Jorge Carrillo Olea, extitular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); en ese entonces, garantía de que la entidad seguiría campamente.

Para muchos, al "general" le complicaron el gobierno por su animadversión política que se ganó con el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo; para otros era un mal que trajeron a quienes se combatió desde la clandestinidad en el órgano de inteligencia mexicana. Cualquiera que haya sido el caso, durante ese periodo aumentaron gradualmente los secuestros en la entidad hasta casi llegar a 280 en un año y medio.

Aunque el gobernador Carrillo Olea buscó deslindarse por todos los medios, la situación se salió de control y el procurador Peredo Merlo, así varios funcionarios fueron arraigados ante la presunción de su participación con bandas de secuestradores.

Jorge Carrillo Olea.

Activistas señalaron que las bandas eran dirigidas desde la policía judicial; asimismo, el clamor de organizaciones como la CIDHEM, Causa Ciudadana, entre otras, fue en aumento e inició la organización de marchas ciudadanas masivas.

En este periodo, la industria del secuestro creció exponencialmente y dejó ganancias de hasta 100 millones de pesos en un año y medio, calculan activistas.

Sin embargo, el clamor social, alentado desde las esferas federales del poder en contra del gobernador, provocó al final la caída del jefe del Ejecutivo, al ser señalado por tener supuestos nexos con el narcotráfico, según fue publicado por el periódico estadounidense The New York Times. Carrillo Olea dejó la gubernatura morelense en mayo de 1998.

Con la salida de Jorge Carrillo Olea del Gobierno estatal, el Congreso designó al priista Jorge Morales Barud para concluir el periodo que correspondía a su antecesor, por lo que se hizo cargo de la administración de 1998 a 2000.


Jorge Morales

LA OLA AZUL

El inicio del nuevo siglo fue una transformación radical, mientras que a nivel federal la ola azul prácticamente envolvía el territorio nacional, Morelos no era la excepción, con su oferta del cambio y de “caras nuevas” ganaba la gubernatura a través de Sergio Estrada Cajigal Ramírez.

Con el paso del tiempo, la esperanza de la gente comenzó a diluirse, al mostrar la inexperiencia de su gobernador. Durante su gobierno, la violencia y la inseguridad no solo venía de la delincuencia; ante cualquier reclamo de los ciudadanos, la autoridad estatal repartía golpizas y desalojos, según en las crónicas de aquel tiempo.

Las frivolidades de la administración estatal pusieron en evidencia su inexperiencia y que su prioridad era satisfacer sus ambiciones personales; tres meses después de haber tomado protesta, fue expuesto con los “sergiobonos”, con los que los funcionarios amigos del gobernador, incluido él, se asignaron tres meses de salario y aumentaron los sueldos.

Además de estos abusos, la seguridad continuaba campeante; los secuestros y las extorsiones eran imparables. En medio de la ineficacia y la corrupción, su gobierno encabezó más de 10 desalojos con las fuerzas policíacas; el tráfico de drogas, el secuestro y el robo de autos eran los delitos con más alto índice en la entidad.

Sergio Estrada Cajigal.

HERENCIA DE HERMANO

A pesar de todos estos abusos y de la ola de represión e inseguridad, de la falta de proyectos y de apoyo total a grandes empresas en lugar de los pequeños microempresarios, los morelenses volvieron a entregar su confianza a otro panista, un doctor de nombre Marco Antonio Adame Castillo, quien gobernaría de 2006 a 2012.

Para ese momento, las violaciones, los homicidios y secuestros se aplicaban por igual a toda la gente, el robo de autos y el cobro del derecho de piso aumentaron.

Fuentes oficiales señalan que en ese entonces, la entidad era ocupada por capos y sicarios del cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva y Alberto Pineda Villa, quienes compraron propiedades en Morelos tras la ruptura con Joaquín El Chapo Guzmán.

El capítulo que marcó su administración ocurrió en mayo de 2009, luego de una ola de actos violentos, el levantón de 11 jóvenes, y operativos federales para detener a sicarios, así como la aparición de mensajes y colgados en los puentes.

En su edición 1699, del 24 de mayo, Proceso daba a conocer: “El nuevo escándalo de narcopolítica en Morelos estalló luego de que la PGR arraigó por 40 días a Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien fungía como secretario de Seguridad Pública, por sus presuntos vínculos con los Beltrán Leyva”.

El miércoles 16 de diciembre de 2009 murió Arturo Beltrán Leyva y varios de sus pistoleros luego de un enfrentamiento con elementos de la Marina en el complejo residencial Altitud, en Cuernavaca.

Tras 12 años, la ola azul se disipó en medio del desgaste, abusos, enriquecimiento, corrupción, nepotismo, y omisión ante los reclamos de las víctimas y de gran mayoría de los morelenses.

Marco Adame Castillo.

LA DECEPCIÓN DE LA IZQUIERDA

La idea del cambio no funcionó, al menos en Morelos; los secuestros, delitos agravados y la impunidad eran el pan de cada día. Con el asesinato de uno de los mayores capos de la droga como fue Beltrán Leyva, en Cuernavaca, la gente volteó hacia otro lado.

El desprestigio panista y la disputa interna priista hicieron que las esperanzas fueran a la izquierda, que se convirtió en 2012 en casi la única opción real de transformación y avance para una entidad lastimada y sumida en la inseguridad, el abandono y la falta de inversión por ser refugio de narcotraficantes.

El hombre de origen tabasqueño que modificó la constitución para llegar a esa posición, prometió que en 18 meses cambiaría la vida de los morelenses, porque acabaría con la delincuencia organizada que se había asentado en Morelos, penetrado en las instituciones y afiliado a los elementos de la policía entre sus filas.

Graco Ramírez


 RAMÓN CASTRO: PIDEN UN AÑO PARA DAR RESULTADOS EN SEGURIDAD

 JOSÉ MANUEL SANZ NO NOS DEMOS PLAZO PARA TRABAJAR POR LA SEGURIDAD

CUAUHTÉMOC BLANCO: NO SÉ SI HAY ALCALDES AMENAZADOS POR LA DELINCUENCIA


No obstante, no tardó mucho en demostrar el giro de su administración; obligó prácticamente a los municipios a someterse al Mando Único, quitándoles las participaciones, y olvidó su promesa de someterse cada dos años a la revocación de mandato, figura que desapareció de la constitución.

Mientras la inseguridad iba en aumento, ejecuciones, cobros por derecho de piso, secuestros, abusos policíacos, y, por primera vez, crecieron las desapariciones y los feminicidios, al grado que importó a un hombre originario de Tijuana, Alberto Capella Ibarra. Mientras, diversos grupos hacían de las suyas, ya fuera al amparo de este personaje o con la complicidad de su policía, sin embargo, a lo largo de su administración no se detuvo a ningún integrante de la delincuencia organizada.

Morelos fue declarado como la segunda entidad con Alerta de Violencia de Género en la República mexicana.

A partir del aumento de la violencia, el gobernador perredista se declaró en silencio, ya no hizo declaraciones ni dio entrevistas a medios locales, especialmente cuando aparecieron las fosas clandestinas con cuerpos de muchos de los desaparecidos, en Tetelcingo, y luego en Jojutla.

En medio de altos niveles de inseguridad, homicidios, robos, secuestros, ejecuciones y la presencia de cinco cárteles de la droga en el territorio estatal sumado a una deuda de al menos 10 mil millones de pesos, heredó la administración estatal a Cuauhtémoc Blanco.


LA HERENCIA MALDITA A BLANCO BRAVO

Al cumplir los primeros seis meses de la actual administración, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo que el estado en que recibió el Gobierno estatal es grave, ya que existen bandas delictivas que se disputan el territorio estatal por la omisión de los gobiernos de 20 años a la fecha.

Aun así, declaró el gobernador:


No tengo miedo y vamos a regresar la tranquilidad a los morelenses; tenemos mucho trabajo que hacer por este estado, que es muy bonito y no se vale que esté así, ya no se puede aguantar


Subrayó ante una serie de eventos como las muertes de niños y familias.

El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz, confió que los funcionarios estatales en materia de seguridad tuvieron necesariamente un diagnóstico, y planearon una estrategia.

Destacó que hay una herencia de décadas por políticas neoliberales y de seguridad que fracasaron, ya que se combatió la inseguridad con una estrategia de guerra y no con programas sociales, y que además la complicidad, la corrupción y los nexos de funcionarios con la delincuencia organizada hoy han explotado.

Con una impunidad de casi el 100 por ciento, aseguró el activista, es claro que los delincuentes pueden hacer lo que quieran, lo que se suma a la falta de medidas de prevención así como la falta de involucramiento de la sociedad,.

Es en este contexto, en recientes declaraciones, el jefe de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, informó que llegarían a Morelos elementos de la Marina. Sin hacer referencia a cuántos elementos arribarían al estado, refirió: "tenemos que bajar este clima de violencia y para eso vendrán".



236 homicidio se han registrado durante el primer trimestre del año

La historia de la herencia maldita en Morelos tiene sus inicios desde 1995, con la llegada al Gobierno estatal del general Jorge Carrillo Olea, extitular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); en ese entonces, garantía de que la entidad seguiría campamente.

Para muchos, al "general" le complicaron el gobierno por su animadversión política que se ganó con el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo; para otros era un mal que trajeron a quienes se combatió desde la clandestinidad en el órgano de inteligencia mexicana. Cualquiera que haya sido el caso, durante ese periodo aumentaron gradualmente los secuestros en la entidad hasta casi llegar a 280 en un año y medio.

Aunque el gobernador Carrillo Olea buscó deslindarse por todos los medios, la situación se salió de control y el procurador Peredo Merlo, así varios funcionarios fueron arraigados ante la presunción de su participación con bandas de secuestradores.

Jorge Carrillo Olea.

Activistas señalaron que las bandas eran dirigidas desde la policía judicial; asimismo, el clamor de organizaciones como la CIDHEM, Causa Ciudadana, entre otras, fue en aumento e inició la organización de marchas ciudadanas masivas.

En este periodo, la industria del secuestro creció exponencialmente y dejó ganancias de hasta 100 millones de pesos en un año y medio, calculan activistas.

Sin embargo, el clamor social, alentado desde las esferas federales del poder en contra del gobernador, provocó al final la caída del jefe del Ejecutivo, al ser señalado por tener supuestos nexos con el narcotráfico, según fue publicado por el periódico estadounidense The New York Times. Carrillo Olea dejó la gubernatura morelense en mayo de 1998.

Con la salida de Jorge Carrillo Olea del Gobierno estatal, el Congreso designó al priista Jorge Morales Barud para concluir el periodo que correspondía a su antecesor, por lo que se hizo cargo de la administración de 1998 a 2000.


Jorge Morales

LA OLA AZUL

El inicio del nuevo siglo fue una transformación radical, mientras que a nivel federal la ola azul prácticamente envolvía el territorio nacional, Morelos no era la excepción, con su oferta del cambio y de “caras nuevas” ganaba la gubernatura a través de Sergio Estrada Cajigal Ramírez.

Con el paso del tiempo, la esperanza de la gente comenzó a diluirse, al mostrar la inexperiencia de su gobernador. Durante su gobierno, la violencia y la inseguridad no solo venía de la delincuencia; ante cualquier reclamo de los ciudadanos, la autoridad estatal repartía golpizas y desalojos, según en las crónicas de aquel tiempo.

Las frivolidades de la administración estatal pusieron en evidencia su inexperiencia y que su prioridad era satisfacer sus ambiciones personales; tres meses después de haber tomado protesta, fue expuesto con los “sergiobonos”, con los que los funcionarios amigos del gobernador, incluido él, se asignaron tres meses de salario y aumentaron los sueldos.

Además de estos abusos, la seguridad continuaba campeante; los secuestros y las extorsiones eran imparables. En medio de la ineficacia y la corrupción, su gobierno encabezó más de 10 desalojos con las fuerzas policíacas; el tráfico de drogas, el secuestro y el robo de autos eran los delitos con más alto índice en la entidad.

Sergio Estrada Cajigal.

HERENCIA DE HERMANO

A pesar de todos estos abusos y de la ola de represión e inseguridad, de la falta de proyectos y de apoyo total a grandes empresas en lugar de los pequeños microempresarios, los morelenses volvieron a entregar su confianza a otro panista, un doctor de nombre Marco Antonio Adame Castillo, quien gobernaría de 2006 a 2012.

Para ese momento, las violaciones, los homicidios y secuestros se aplicaban por igual a toda la gente, el robo de autos y el cobro del derecho de piso aumentaron.

Fuentes oficiales señalan que en ese entonces, la entidad era ocupada por capos y sicarios del cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva y Alberto Pineda Villa, quienes compraron propiedades en Morelos tras la ruptura con Joaquín El Chapo Guzmán.

El capítulo que marcó su administración ocurrió en mayo de 2009, luego de una ola de actos violentos, el levantón de 11 jóvenes, y operativos federales para detener a sicarios, así como la aparición de mensajes y colgados en los puentes.

En su edición 1699, del 24 de mayo, Proceso daba a conocer: “El nuevo escándalo de narcopolítica en Morelos estalló luego de que la PGR arraigó por 40 días a Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien fungía como secretario de Seguridad Pública, por sus presuntos vínculos con los Beltrán Leyva”.

El miércoles 16 de diciembre de 2009 murió Arturo Beltrán Leyva y varios de sus pistoleros luego de un enfrentamiento con elementos de la Marina en el complejo residencial Altitud, en Cuernavaca.

Tras 12 años, la ola azul se disipó en medio del desgaste, abusos, enriquecimiento, corrupción, nepotismo, y omisión ante los reclamos de las víctimas y de gran mayoría de los morelenses.

Marco Adame Castillo.

LA DECEPCIÓN DE LA IZQUIERDA

La idea del cambio no funcionó, al menos en Morelos; los secuestros, delitos agravados y la impunidad eran el pan de cada día. Con el asesinato de uno de los mayores capos de la droga como fue Beltrán Leyva, en Cuernavaca, la gente volteó hacia otro lado.

El desprestigio panista y la disputa interna priista hicieron que las esperanzas fueran a la izquierda, que se convirtió en 2012 en casi la única opción real de transformación y avance para una entidad lastimada y sumida en la inseguridad, el abandono y la falta de inversión por ser refugio de narcotraficantes.

El hombre de origen tabasqueño que modificó la constitución para llegar a esa posición, prometió que en 18 meses cambiaría la vida de los morelenses, porque acabaría con la delincuencia organizada que se había asentado en Morelos, penetrado en las instituciones y afiliado a los elementos de la policía entre sus filas.

Graco Ramírez


 RAMÓN CASTRO: PIDEN UN AÑO PARA DAR RESULTADOS EN SEGURIDAD

 JOSÉ MANUEL SANZ NO NOS DEMOS PLAZO PARA TRABAJAR POR LA SEGURIDAD

CUAUHTÉMOC BLANCO: NO SÉ SI HAY ALCALDES AMENAZADOS POR LA DELINCUENCIA


No obstante, no tardó mucho en demostrar el giro de su administración; obligó prácticamente a los municipios a someterse al Mando Único, quitándoles las participaciones, y olvidó su promesa de someterse cada dos años a la revocación de mandato, figura que desapareció de la constitución.

Mientras la inseguridad iba en aumento, ejecuciones, cobros por derecho de piso, secuestros, abusos policíacos, y, por primera vez, crecieron las desapariciones y los feminicidios, al grado que importó a un hombre originario de Tijuana, Alberto Capella Ibarra. Mientras, diversos grupos hacían de las suyas, ya fuera al amparo de este personaje o con la complicidad de su policía, sin embargo, a lo largo de su administración no se detuvo a ningún integrante de la delincuencia organizada.

Morelos fue declarado como la segunda entidad con Alerta de Violencia de Género en la República mexicana.

A partir del aumento de la violencia, el gobernador perredista se declaró en silencio, ya no hizo declaraciones ni dio entrevistas a medios locales, especialmente cuando aparecieron las fosas clandestinas con cuerpos de muchos de los desaparecidos, en Tetelcingo, y luego en Jojutla.

En medio de altos niveles de inseguridad, homicidios, robos, secuestros, ejecuciones y la presencia de cinco cárteles de la droga en el territorio estatal sumado a una deuda de al menos 10 mil millones de pesos, heredó la administración estatal a Cuauhtémoc Blanco.


LA HERENCIA MALDITA A BLANCO BRAVO

Al cumplir los primeros seis meses de la actual administración, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo que el estado en que recibió el Gobierno estatal es grave, ya que existen bandas delictivas que se disputan el territorio estatal por la omisión de los gobiernos de 20 años a la fecha.

Aun así, declaró el gobernador:


No tengo miedo y vamos a regresar la tranquilidad a los morelenses; tenemos mucho trabajo que hacer por este estado, que es muy bonito y no se vale que esté así, ya no se puede aguantar


Subrayó ante una serie de eventos como las muertes de niños y familias.

El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz, confió que los funcionarios estatales en materia de seguridad tuvieron necesariamente un diagnóstico, y planearon una estrategia.

Destacó que hay una herencia de décadas por políticas neoliberales y de seguridad que fracasaron, ya que se combatió la inseguridad con una estrategia de guerra y no con programas sociales, y que además la complicidad, la corrupción y los nexos de funcionarios con la delincuencia organizada hoy han explotado.

Con una impunidad de casi el 100 por ciento, aseguró el activista, es claro que los delincuentes pueden hacer lo que quieran, lo que se suma a la falta de medidas de prevención así como la falta de involucramiento de la sociedad,.

Es en este contexto, en recientes declaraciones, el jefe de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, informó que llegarían a Morelos elementos de la Marina. Sin hacer referencia a cuántos elementos arribarían al estado, refirió: "tenemos que bajar este clima de violencia y para eso vendrán".



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