Mientras los jóvenes universitarios se preparan para iniciar el nuevo ciclo escolar, la administración alista su estrategia para enfrentar la crisis que supone el cierre del año 2019.
A través de un comunicado de prensa, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) reconoció que se encuentra entre las nueve universidades públicas estatales con problemas financieros críticos que ponen en riesgo su operación.
LEE: Rosario Robles y la Estafa Maestra
Por ello, se pronunció a favor de iniciar la gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la restitución del programa “Apoyos para la atención a problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales” a partir del segundo semestre de 2019, con un monto de 5 mil millones de pesos, a fin de que se cuente con un fondo, con nuevas reglas de operación, que atiendan las distintas causas del déficit de las universidades públicas estatales, en las que se incluye el reconocimiento de planilla, saneamiento financiero y sistemas de pensiones.
Para que la SEP y la SHCP reconozcan la plantilla académica y regularicen los recursos en el convenio de apoyo financiero, la universidad deberá ajustar el número de su personal al criterio de racionalidad para no continuar generando un sobre giro presupuestal por este concepto. Y en el caso del personal administrativo, de igual manera, deberá identificarse un criterio para definir la proporción de la plantilla susceptible de reconocimiento y regularización. El diagnóstico sugiere establecer una estrategia de acompañamiento de la SEP y del gobierno local en apoyo a las gestiones que realizan los rectores para la condonación de multas y recargos por los adeudos que se tienen con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y con instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y aprovechar el estímulo fiscal del artículo 3.B de la Ley de Coordinación Fiscal 2014.
Señaló que es conveniente al nivel medio superior en el convenio de apoyo financiero, haciendo explícitos los montos asignados para sueldos y prestaciones, estímulos al personal docente y gastos de operación.
Dada la magnitud de la problemática financiera de las universidades, el diagnóstico considera necesario diseñar estrategias para la atención del déficit en el corto plazo –al cierre de 2019– y en el mediano plazo –a 2024–, bajo la consideración de que la crisis financiera no se limita a estas universidades, y que los cursos de acción deberán estar dirigidos al conjunto de instituciones públicas de educación superior.
