/ jueves 14 de enero de 2021

En la mira el penal de Michapa, el más caro del país

El inmueble cuenta con una infraestructura para 2 mil 528 personas, actualmente alberga a una población de menos de 900 mujeres

"Marcados contrastes arroja el oneroso costo que representa para el Gobierno Federal el contrato y servicio que ofrece el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16 en Morelos, el más caro del país, y que es atendido por una empresa subcontratada Alimentos con idea, que cuenta con 700 trabajadores por outsourcing y con serias carencias de equipo para evitar los contagios por la pandemia.

El dueño del Centro Federal de Reinserción Social 16 (Cefereso) para Mujeres, ubicado en Michapa, en el municipio de Coatlán del Río, en la zona surponiente del estado, es la empresa CRS Morelos, filial de IDEAL CRS, empresa de Carlos Slim. El inmueble cuenta con una infraestructura para 2 mil 528 personas privadas de la libertad (PPL), aunque la población actual es de menos de 900 mujeres.

De acuerdo con datos oficiales, tan solo en 2020 se pagó a la empresa privada mil 867 millones 318 mil 618.95 pesos por 809 PPL, lo que representa un costo diario de 6 mil 411.61 pesos por persona detenida, el costo más alto del país.

Fotos | Angelina Albarrán

En la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que al Gobierno Federal le cuesta 3 mil 500 pesos diarios la custodia por recluso, que al mes representan 100 mil pesos, lo que gana el presidente de la república, y que equivale a 16 mil millones de pesos al año.

La empresa CRS Morelos, una filial de IDEAL, empresa del grupo Carlos Slim, que firmó el contrato con el Gobierno Federal, fue la que, tras la construcción del penal, contrató a la empresa Centro de Procesamiento y Servicio SA de CV (CEPROSSA) a quien en junio de 2018 le suspendió el contrato a 15 años, generando un despido masivo de 650 trabajadores.

“Lo que dice el presidente es algo que ya habíamos visto”, dijeron exempleados de CEPROSSA, de quien reconocieron que no solo los capacitó, sino les ofreció un empleo y sueldos más dignos a los que están recibiendo ahora con Alimentos con Idea, donde el sueldo más alto que paga es de 9 mil pesos mensuales, cuando anteriormente ese sueldo era el más bajo, y correspondía a los empleados de limpieza.

“Suena ilógico que habiendo tantísimo dinero, los sueldos sean tan bajos y ni siquiera declaren impuestos”, dijeron, al señalar que las empresas que están subcontratando en modo outsourcing, sin prestaciones y sin derechos a hacer antigüedad, violentan los derechos laborales de los trabajadores que no reciben aguinaldos, ni de reparto de utilidades.

Algunos extrabajadores de CEPROSSA fueron recontratados, especialmente los que conocían la temática de cada área, se trata de personal capacitado, sin embrago, durante la pandemia las condiciones se han hecho más difíciles porque la empresa Alimentos con idea, que también tiene a su cargo al penal de Saltillo, Coahuila, de la noche a la mañana les notifica a los trabajadores que se tienen que presentar en el CEFERESO del norte del país, donde les faltan trabajadores, por los contagios del Covid-19. “Nada más nos dicen te toca irte y se tienen que ir y no sabemos si los contratos y las cláusulas de los contratos laborales esté contemplado eso porque solo les piden que se firmen y no les dan copia”.

Sin embargo, esas condiciones de trabajo son aceptadas porque en la zona surponiente del estado no hay más alternativas, pues la demanda de empleo es mucho mayor a la oferta y la actividad predominante es la agrícola y ganadera.

Este penal de alta seguridad opera con cerca de 700 empleados, quienes advierten que ha trascendido que incluso la calidad del servicio de alimentos para los empleados no es la misma que ofrecen a las PPL, ya que no se compra los insumos suficientes y en el mayor de los casos hay insumos caducos o de muy baja calidad.

Las y los trabajadores se viven con extremo temor por la pandemia, aunque no les dan el equipo ni material de protección para el traslado de sus casas al trabajo y del trabajo a sus casas, pero se los exigen desde su arribo al penal; corre por su cuenta protegerse y cuidarse si quieren mantener su trabajo, porque al menor síntoma, se van y ya no regresan, ni uno es indispensable.

De los empleados federales

Por ser un centro penitenciario de máxima seguridad, nadie puede hablar ni filtrar información, ni de las amenazas que reciben ni de las condiciones en las que se labora, señaló para El Sol de Cuernavaca un empleado federal, al recordar el trágico 10 de mayo de 2019, cuando sufrieron un atentado en la colonia Zapata, de Puente de Ixtla, donde murieron seis de sus compañeros; entre ellos cuatro custodios y enfermeras.

Estima que en este penal trabajan alrededor de 300 empleados federales, desde policías, custodios, entre ellos están las corporaciones policiacas desde la Policía Federal que se encarga de cuidar todo el entorno y las puertas, ahora es la guardia nacional.

En otro rango de la Guardia Nacional que están a cargo seguridad penitenciaria y los elementos de la policía zafiro, que son los que cuidan las camparas de vigilancia, además el personal médico y dentro del equipo médico había dos médicos (un ginecólogo por ser penal femenil), un dentista 4 enfermeras, la Directora General, una Directora Administración, un Director Jurídico y personal administrativo.

Los empleados federales también advierten de las deplorables condiciones de trabajo, y esperan que ahora que el Presidente de México volteó a ver la situación de los penales puedan mejorar las condiciones de los trabajadores que viven bajo marcada tensión y con movimientos intempestivos que los han llevado a trabajar a otros penales, y quienes se niegan simplemente son despedidos.

Confirman que a finales del mes de diciembre se presentaron los primeros casos positivos de Covid-19 entre el personal y PPL que fueron atendidos por el personal del servicio médico, sin embargo la directora de administración se negaba a entregarles a tiempo los equipos de protección necesarios y con constantes reproches de que era un desperdicio de equipo.

El personal de salud, enfermeras y médicos necesitaban trajes para cada muestra que tomaron, pero la Directora se puso en un plan, exigiendo que solo se protegieran con las batas para monitorear la evolución de las enfermas, y todo lo relacionado al medicamento el oxígeno, era restringido. Y como era de esperarse en la última semana del año y a principios de este se reportó a otra interna con síntomas y no la movieron a tiempo, a los dos días de atención la sacaron de emergencia y falleció en un hospital de Jojutla. Muchos empleados han dado positivos, pero sin el apoyo.

El penal que se encuentra fura de la población de Michapa, en el municipio de Coatlán del Rio, en el kilómetro 6 de la carretera Federal de Amacuzac a Cacahuamilpa.

De acuerdo con las autoridades federales el penal femenil de Morelos tiene 809 personas recluidas. Por año ese penal cuesta 2 mil millones 308 mil pesos, lo que se traduce en un costo de 192 mil pesos por personas cada mes, o bien, unos 6 mil 411 pesos diarios que lo coloca como el penal más caro del país.

"Marcados contrastes arroja el oneroso costo que representa para el Gobierno Federal el contrato y servicio que ofrece el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16 en Morelos, el más caro del país, y que es atendido por una empresa subcontratada Alimentos con idea, que cuenta con 700 trabajadores por outsourcing y con serias carencias de equipo para evitar los contagios por la pandemia.

El dueño del Centro Federal de Reinserción Social 16 (Cefereso) para Mujeres, ubicado en Michapa, en el municipio de Coatlán del Río, en la zona surponiente del estado, es la empresa CRS Morelos, filial de IDEAL CRS, empresa de Carlos Slim. El inmueble cuenta con una infraestructura para 2 mil 528 personas privadas de la libertad (PPL), aunque la población actual es de menos de 900 mujeres.

De acuerdo con datos oficiales, tan solo en 2020 se pagó a la empresa privada mil 867 millones 318 mil 618.95 pesos por 809 PPL, lo que representa un costo diario de 6 mil 411.61 pesos por persona detenida, el costo más alto del país.

Fotos | Angelina Albarrán

En la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que al Gobierno Federal le cuesta 3 mil 500 pesos diarios la custodia por recluso, que al mes representan 100 mil pesos, lo que gana el presidente de la república, y que equivale a 16 mil millones de pesos al año.

La empresa CRS Morelos, una filial de IDEAL, empresa del grupo Carlos Slim, que firmó el contrato con el Gobierno Federal, fue la que, tras la construcción del penal, contrató a la empresa Centro de Procesamiento y Servicio SA de CV (CEPROSSA) a quien en junio de 2018 le suspendió el contrato a 15 años, generando un despido masivo de 650 trabajadores.

“Lo que dice el presidente es algo que ya habíamos visto”, dijeron exempleados de CEPROSSA, de quien reconocieron que no solo los capacitó, sino les ofreció un empleo y sueldos más dignos a los que están recibiendo ahora con Alimentos con Idea, donde el sueldo más alto que paga es de 9 mil pesos mensuales, cuando anteriormente ese sueldo era el más bajo, y correspondía a los empleados de limpieza.

“Suena ilógico que habiendo tantísimo dinero, los sueldos sean tan bajos y ni siquiera declaren impuestos”, dijeron, al señalar que las empresas que están subcontratando en modo outsourcing, sin prestaciones y sin derechos a hacer antigüedad, violentan los derechos laborales de los trabajadores que no reciben aguinaldos, ni de reparto de utilidades.

Algunos extrabajadores de CEPROSSA fueron recontratados, especialmente los que conocían la temática de cada área, se trata de personal capacitado, sin embrago, durante la pandemia las condiciones se han hecho más difíciles porque la empresa Alimentos con idea, que también tiene a su cargo al penal de Saltillo, Coahuila, de la noche a la mañana les notifica a los trabajadores que se tienen que presentar en el CEFERESO del norte del país, donde les faltan trabajadores, por los contagios del Covid-19. “Nada más nos dicen te toca irte y se tienen que ir y no sabemos si los contratos y las cláusulas de los contratos laborales esté contemplado eso porque solo les piden que se firmen y no les dan copia”.

Sin embargo, esas condiciones de trabajo son aceptadas porque en la zona surponiente del estado no hay más alternativas, pues la demanda de empleo es mucho mayor a la oferta y la actividad predominante es la agrícola y ganadera.

Este penal de alta seguridad opera con cerca de 700 empleados, quienes advierten que ha trascendido que incluso la calidad del servicio de alimentos para los empleados no es la misma que ofrecen a las PPL, ya que no se compra los insumos suficientes y en el mayor de los casos hay insumos caducos o de muy baja calidad.

Las y los trabajadores se viven con extremo temor por la pandemia, aunque no les dan el equipo ni material de protección para el traslado de sus casas al trabajo y del trabajo a sus casas, pero se los exigen desde su arribo al penal; corre por su cuenta protegerse y cuidarse si quieren mantener su trabajo, porque al menor síntoma, se van y ya no regresan, ni uno es indispensable.

De los empleados federales

Por ser un centro penitenciario de máxima seguridad, nadie puede hablar ni filtrar información, ni de las amenazas que reciben ni de las condiciones en las que se labora, señaló para El Sol de Cuernavaca un empleado federal, al recordar el trágico 10 de mayo de 2019, cuando sufrieron un atentado en la colonia Zapata, de Puente de Ixtla, donde murieron seis de sus compañeros; entre ellos cuatro custodios y enfermeras.

Estima que en este penal trabajan alrededor de 300 empleados federales, desde policías, custodios, entre ellos están las corporaciones policiacas desde la Policía Federal que se encarga de cuidar todo el entorno y las puertas, ahora es la guardia nacional.

En otro rango de la Guardia Nacional que están a cargo seguridad penitenciaria y los elementos de la policía zafiro, que son los que cuidan las camparas de vigilancia, además el personal médico y dentro del equipo médico había dos médicos (un ginecólogo por ser penal femenil), un dentista 4 enfermeras, la Directora General, una Directora Administración, un Director Jurídico y personal administrativo.

Los empleados federales también advierten de las deplorables condiciones de trabajo, y esperan que ahora que el Presidente de México volteó a ver la situación de los penales puedan mejorar las condiciones de los trabajadores que viven bajo marcada tensión y con movimientos intempestivos que los han llevado a trabajar a otros penales, y quienes se niegan simplemente son despedidos.

Confirman que a finales del mes de diciembre se presentaron los primeros casos positivos de Covid-19 entre el personal y PPL que fueron atendidos por el personal del servicio médico, sin embargo la directora de administración se negaba a entregarles a tiempo los equipos de protección necesarios y con constantes reproches de que era un desperdicio de equipo.

El personal de salud, enfermeras y médicos necesitaban trajes para cada muestra que tomaron, pero la Directora se puso en un plan, exigiendo que solo se protegieran con las batas para monitorear la evolución de las enfermas, y todo lo relacionado al medicamento el oxígeno, era restringido. Y como era de esperarse en la última semana del año y a principios de este se reportó a otra interna con síntomas y no la movieron a tiempo, a los dos días de atención la sacaron de emergencia y falleció en un hospital de Jojutla. Muchos empleados han dado positivos, pero sin el apoyo.

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