/ martes 17 de noviembre de 2020

[Diversia] La lucha para los derechos no termina

Cada vez hay mayor apertura de las autoridades que legislan a favor de las personas LGBT+ en México

En los últimos años México ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+, un claro ejemplo es que en diversos Congresos locales de las entidades más pobladas a nivel nacional están volviendo una realidad el matrimonio igualitario, como ocurrió en Puebla, mientras que en Jalisco reconocerán la identidad de las infancias trans.

Hace 30 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales; en la actualidad en México se han avanzando en iniciativas que garantizar el correcto desarrollo de la comunidad de la diversidad sexual en todas sus etapas; en julio pasado el Congreso de la Ciudad de México se convirtió en el primero a nivel nacional en tipificar como delito las terapias de conversión o Ecosig, “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género”, que pretenden “reconvertir” a los homosexuales en heterosexuales.

La sanción establecida en el Código Penal de la CDMX por el delito a las terapias que presuntamente curan a las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, contempla de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario.

En octubre pasado la legislatura del Estado de México se sumo a esta propuesta, castigando de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 200 días de multa a quien someta, coaccione u obligue a otra persona a recibir o realizar procedimientos con la finalidad de cambiar su orientación sexual.

El estudio “Nada que curar” elaborado por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Copred, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la asociación Yaaj, Transformando tu vida, A.C, confirmó que algunos de los abusos que padecen las personas víctimas de los ECOSIG son: coerción y falta de consentimiento, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y amenazas, uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales y terapias de aversión.

Aún cuando desde el 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las leyes que impedían el matrimonio igualitario en México, solo en 19 de las 32 entidades federativas se celebran actualmente matrimonios entre personas del mismo sexo, el último estado ha sido Puebla, el pasado 3 de noviembre de 2020 aprobó por mayoría las modificaciones al Código Civil del estado.

A finales de octubre el Jalisco oficializó el procedimiento de reconocimiento de identidad de género con el que se busca permitir el cambio de identidad de género, como un trámite administrativo y no por medio de un proceso judicial.

Esta misma iniciativa se pretendía aprobar en la Ciudad de México, pero, de acuerdo a diversos colectivos ha quedado en la congeladora legislativa; sin embargo, en Jalisco, las personas podrán acudir a cualquier oficialía del Registro Civil para hacer valer su derecho a la identidad y obtener un acta de nacimiento acorde a su identidad.

Con ello se espera que en las entidades federativas restantes un tema fundamental a aprobar sea el reconocimiento de los derechos a la comunidad LGBT + ; en 2015 la SCJN declaró inconstitucionales las leyes que impedían el matrimonio igualitario en México.

Hace 30 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales

En los últimos años México ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+, un claro ejemplo es que en diversos Congresos locales de las entidades más pobladas a nivel nacional están volviendo una realidad el matrimonio igualitario, como ocurrió en Puebla, mientras que en Jalisco reconocerán la identidad de las infancias trans.

Hace 30 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales; en la actualidad en México se han avanzando en iniciativas que garantizar el correcto desarrollo de la comunidad de la diversidad sexual en todas sus etapas; en julio pasado el Congreso de la Ciudad de México se convirtió en el primero a nivel nacional en tipificar como delito las terapias de conversión o Ecosig, “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género”, que pretenden “reconvertir” a los homosexuales en heterosexuales.

La sanción establecida en el Código Penal de la CDMX por el delito a las terapias que presuntamente curan a las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, contempla de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario.

En octubre pasado la legislatura del Estado de México se sumo a esta propuesta, castigando de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 200 días de multa a quien someta, coaccione u obligue a otra persona a recibir o realizar procedimientos con la finalidad de cambiar su orientación sexual.

El estudio “Nada que curar” elaborado por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Copred, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la asociación Yaaj, Transformando tu vida, A.C, confirmó que algunos de los abusos que padecen las personas víctimas de los ECOSIG son: coerción y falta de consentimiento, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y amenazas, uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales y terapias de aversión.

Aún cuando desde el 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las leyes que impedían el matrimonio igualitario en México, solo en 19 de las 32 entidades federativas se celebran actualmente matrimonios entre personas del mismo sexo, el último estado ha sido Puebla, el pasado 3 de noviembre de 2020 aprobó por mayoría las modificaciones al Código Civil del estado.

A finales de octubre el Jalisco oficializó el procedimiento de reconocimiento de identidad de género con el que se busca permitir el cambio de identidad de género, como un trámite administrativo y no por medio de un proceso judicial.

Esta misma iniciativa se pretendía aprobar en la Ciudad de México, pero, de acuerdo a diversos colectivos ha quedado en la congeladora legislativa; sin embargo, en Jalisco, las personas podrán acudir a cualquier oficialía del Registro Civil para hacer valer su derecho a la identidad y obtener un acta de nacimiento acorde a su identidad.

Con ello se espera que en las entidades federativas restantes un tema fundamental a aprobar sea el reconocimiento de los derechos a la comunidad LGBT + ; en 2015 la SCJN declaró inconstitucionales las leyes que impedían el matrimonio igualitario en México.

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