La pandemia de Covid-19 genera una crisis severa en la salud y economía de los ciudadanos en general, y también demuestra la vulnerabilidad que enfrentan ciertos sectores de la población como la comunidad LGBT+, que de por sí ocupan un lugar precario en la estructura social desigual del país.
Ante ello, organizaciones civiles internacionales advierten la necesidad de adoptar una perspectiva antidiscriminatoria y de derechos en la implementación de las medidas que realice el Estado ante la contingencia sanitaria.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le preocupa que algunas de las disposiciones adoptadas por los estados de la región, en respuesta a la pandemia, conlleven riesgos para los derechos de las personas LGBTI+ que derive en actos de discriminación y violencia basados en el prejuicio.
De los moteles a las calles
A nivel nacional, la CIDH documentó que la suspensión de servicios de hospedaje como medida de contingencia de la emergencia sanitaria, algunas mujeres trans en la Ciudad de México fueron desalojadas de los hoteles en donde, además de vivir, ejercían el trabajo sexual, lo que las dejó en situación de calle y, consecuentemente en una condición de grave vulnerabilidad.
Por ello, la CIDH se mantiene al pendiente del apoyo otorgado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para la atención y protección de las poblaciones en condiciones particulares de vulnerabilidad, incluyendo apoyos económicos para trabajadoras sexuales y personas en situación de calle.
En ese contexto, la Comisión insta a los Estados a garantizar el acceso de las personas LGBTI+ a programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral.
De manera particular, garantizar un refugio seguro, acceso a alimentos y medicamentos para las personas de la diversidad sexual en situación de calle tomando en cuenta a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, así como incluir a las personas LGBTI+ como beneficiarias de las eventuales medidas de reactivación económica adoptadas para mitigar los impactos del Covid-19.
Asimismo, la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH y la atención integral en salud a las personas trans, observando el derecho de igualdad y no-discriminación.
Falta de medicamentos para personas con VIH
De acuerdo con la agencia “Presentes” las personas que viven con VIH ven con preocupación que la contingencia sanitaria ocasiona la reducción de profesionales sanitarios, así como el cierre de instalaciones y servicios médicos, lo cual se podría sumar a la incertidumbre por el desabasto de medicamentos que viven desde hace meses.
Por ejemplo, la Clínica especializada “Condesa”, uno de los principales centros de salud para personas que viven con VIH, anunció que suspenderá temporalmente todas las citas en el INER para estudios de carga viral y células T o colaboradoras (cd4).
En este panorama, centros de apoyo a personas trans en la Ciudad de México necesitan de “coperachas” para salir adelante, es el caso del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, A.C, Casa de Muñecas Tiresias y Casa Hogar “Paola Buenrostr”o, ya que dada la emergencia sanitaria muchas mujeres trans, personas que viven VIH o con enfermedades degenerativas requieren permanecer en un aislamiento social responsable. Todas sus reuniones, servicios y eventos han sido canceladas.
La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC), a través de un comunicado, pidió a los países adoptar una perspectiva antidiscriminatoria y de derechos en la implementación de las medidas que realicen ante la pandemia de Covid-19, tomando en cuenta la desigualdad que viven las personas LGBTI+.
Al reconocer que la mayoría de las personas LGBTI+ laboran en el sector informal y sin cobertura médica, destaca la necesidad de adoptar políticas públicas y privadas para que el impacto en la economía de las personas de la diversidad sexual no sea aún más grave.
Protección a vulnerables
ILGALAC exhortó a fortalecer las redes de contacto y seguridad ciudadana para proteger a las mujeres, niños y adolescentes ante la política de confinamiento para que no derive en contextos de violencia de género.
En Morelos, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, reconoció que la cuarentena provocó un incremento de violencia hacia las mujeres.
“Un estado presente, es la herramienta necesaria para erradicar las desigualdades en las cuales están emplazadas nuestras comunidades y que hoy hacen a nuestras vulnerabilidades insostenibles”, se concluye.
Medidas de protección
La mayoría de las personas de la diversidad sexual laboran en el sector informal y no cuentan con cobertura médica. Por ello se requiere:
- Programas de atención social con perspectiva de seguridad humana integral
- Garantizar un refugio seguro
- Acceso a alimentos y medicamentos
- Garantizar la distribución de antirretrovirales para personas con VIH
- Políticas públicas que den certeza laboral
