/ martes 6 de julio de 2021

Diputados atentan contra paridad de género

Los nombramientos de funcionarios públicos ocurridos la madrugada del martes faltaron a la Constitución

A partir de este lunes el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se integrará por cuatro nuevos magistrados: tres hombres y una mujer, dejando de lado lo establecido en la misma Constitución Política del estado: el principio de paridad total, promulgado así a nivel nacional.

En una sesión que culminó de madrugada, 19 diputadas y diputados locales designaron a los abogados, Marta Sánchez Osorio, Francisco Hurtado Delgado, Rafael Brito Miranda y Jaime Castera Moreno como sucesores de Rocío Bahena Ortiz, Miguel Ángel Falcón Vega, José Valentín López González y María del Carmen Verónica Cuevas López, siendo ocupada la vacante de la exmagistrada presidenta del TSJ por un hombre.

El artículo 90 de la Carta Magna morelense señala que los nombramientos de los magistrados del TSJ deberán observar el principio de paridad de género en las designaciones, sumándose a las leyes en la materia desde 2019 la reforma a 10 artículos de la Constitución Política Mexicana que exige la paridad en todos los cargos de toma de decisiones públicas.

En junio de 2020 los mismos legisladores que hoy no cumplieron con dicha paridad, autorizaron las reformas y adiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, incluyendo en la vida política y social la paridad total.

María Trinidad Gutiérrez Ramírez, vocera del Observatorio Paridad de Género y Violencia Política en el estado, denunció que la nueva integración de las magistraturas del TSJ viola el principio de paridad, lo que va en detrimento de la cultura de igualdad.

Sostuvo que ven con preocupación que no se cumpliera el principio de paridad y en su caso pareciera que bloquearon a las mujeres aspirantes, cuando se contaba con mujeres capaces y comprometidas con la impartición de justicia, algunas de ellas con formación incluso en perspectiva de género con experiencia en la materia y con probidad.

También carecen de carrera judicial

Tres de los cuatro nuevos magistrados designados la noche de este lunes carecen de carrera judicial, lo que significa que no se han profesionalizado de manera integral en la función jurisdiccional, aunque no necesariamente es un requisito marcado en la convocatoria de origen.

De los 102 ‘candidatos’ inscritos en el proceso de designación, en su mayoría jueces del Poder Judicial, el Congreso determinó sin embargo asignar únicamente uno de los cuatro espacios vacantes a la juez Marta Sánchez Osorio sobre quien existen una serie de “señalamientos” por su desempeño, entre ellos, la queja registrada bajo el número 98/2019, en que se le acusa de haber determinado indebidamente extinguir la acción penal en un caso, dejando con ello en libertad al imputado quien era juzgado por el delito de homicidio calificado.

Por cuando hace a los otros tres ‘nuevos’ magistrados, hasta antes de su designación, Jaime Castera se desempeñaba como abogado litigante; Rafael Brito Miranda ocupó hasta este lunes el cargo de Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia; mientras que Francisco Hurtado Delgado era el secretario técnico de la Fiscalía General del Estado.

Con información de Minerva Delgado

A partir de este lunes el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se integrará por cuatro nuevos magistrados: tres hombres y una mujer, dejando de lado lo establecido en la misma Constitución Política del estado: el principio de paridad total, promulgado así a nivel nacional.

En una sesión que culminó de madrugada, 19 diputadas y diputados locales designaron a los abogados, Marta Sánchez Osorio, Francisco Hurtado Delgado, Rafael Brito Miranda y Jaime Castera Moreno como sucesores de Rocío Bahena Ortiz, Miguel Ángel Falcón Vega, José Valentín López González y María del Carmen Verónica Cuevas López, siendo ocupada la vacante de la exmagistrada presidenta del TSJ por un hombre.

El artículo 90 de la Carta Magna morelense señala que los nombramientos de los magistrados del TSJ deberán observar el principio de paridad de género en las designaciones, sumándose a las leyes en la materia desde 2019 la reforma a 10 artículos de la Constitución Política Mexicana que exige la paridad en todos los cargos de toma de decisiones públicas.

En junio de 2020 los mismos legisladores que hoy no cumplieron con dicha paridad, autorizaron las reformas y adiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, incluyendo en la vida política y social la paridad total.

María Trinidad Gutiérrez Ramírez, vocera del Observatorio Paridad de Género y Violencia Política en el estado, denunció que la nueva integración de las magistraturas del TSJ viola el principio de paridad, lo que va en detrimento de la cultura de igualdad.

Sostuvo que ven con preocupación que no se cumpliera el principio de paridad y en su caso pareciera que bloquearon a las mujeres aspirantes, cuando se contaba con mujeres capaces y comprometidas con la impartición de justicia, algunas de ellas con formación incluso en perspectiva de género con experiencia en la materia y con probidad.

También carecen de carrera judicial

Tres de los cuatro nuevos magistrados designados la noche de este lunes carecen de carrera judicial, lo que significa que no se han profesionalizado de manera integral en la función jurisdiccional, aunque no necesariamente es un requisito marcado en la convocatoria de origen.

De los 102 ‘candidatos’ inscritos en el proceso de designación, en su mayoría jueces del Poder Judicial, el Congreso determinó sin embargo asignar únicamente uno de los cuatro espacios vacantes a la juez Marta Sánchez Osorio sobre quien existen una serie de “señalamientos” por su desempeño, entre ellos, la queja registrada bajo el número 98/2019, en que se le acusa de haber determinado indebidamente extinguir la acción penal en un caso, dejando con ello en libertad al imputado quien era juzgado por el delito de homicidio calificado.

Por cuando hace a los otros tres ‘nuevos’ magistrados, hasta antes de su designación, Jaime Castera se desempeñaba como abogado litigante; Rafael Brito Miranda ocupó hasta este lunes el cargo de Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia; mientras que Francisco Hurtado Delgado era el secretario técnico de la Fiscalía General del Estado.

Con información de Minerva Delgado

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