/ lunes 23 de mayo de 2022

Deuda pública incrementó con Cuauhtémoc Blanco

La extitular de Hacienda, Mónica Boggio, dijo que el gobierno ejerció en 2021 más de 10 mil mdp adicionales

Morelos tiene desde hace años un registro de deuda pública que ha sido permanentemente motivo de ‘preocupación’ entre diputados debido al monto y desconocimiento con precisión del uso que se ha dado a la contratación de la misma.

En el Congreso local, el diputado Agustín Alonso Gutiérrez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública (CHPyCP), ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de “clarificar” la deuda pública del Estado, aunque las respuestas recibidas hasta ahora no han sido del todo satisfactorias.

Apenas el pasado mes de marzo, al comparecer ante diputados con motivo del tercer informe de gobierno del mandatario Cuauhtémoc Blanco Bravo, Mónica Boggio Tomasaz, quien ese momento todavía se desempeñaba en el cargo de secretaria de Hacienda (desde el 3 de mayo pasado es la Jefa de la Oficina de la Gubernatura), reveló que el gobierno estatal había ejercido en el año 2021 más de 10 mil millones de pesos de manera “adicional”.

Dijo que el año pasado, el presupuesto ejercido por la administración estatal ascendió a 37 mil 301 millones 127 mil pesos, mientras que el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados fue por la cantidad de 27 mil 144 millones de pesos, lo que evidentemente muestra una notoria diferencia entre lo que se ejecutó contra lo que se presupuestó.

Aseguró, por ejemplo, que de los más de 10 mil millones de pesos adicionales ejercidos, seis mil 432 millones de pesos fueron para la deuda pública que el Estado tiene con diversas instituciones bancarias, mientras que el resto de los tres mil 797 millones de pesos fueron por concepto de convenios federales.

Y ante los diversos cuestionamientos que provocó la ‘revelación’ de la información, la secretaria se comprometió con los legisladores que se interesaron en preguntarle de qué manera invirtió el excedente del presupuesto que recibió Morelos, a enviarles por escrito y de manera pormenorizada el detalle de lo que ella llamó “reasignaciones presupuestales” ejecutadas el año pasado.

En entrevista, el diputado Agustín Alonso dijo saber que el monto total de la deuda pública de Morelos asciende a seis mil 500 mdp, pero con respecto a los detalles de su conformación, dijo desconocerlos “honestamente”.

Lo que sí consideró es que la cantidad de deuda “es muy grande para Morelos”, lo que evidentemente representa un motivo de gran preocupación, el no saber para qué se ha usado el dinero producto de la deuda y cómo es que Morelos debe esa cantidad de dinero, qué porcentaje de participaciones federales está comprometido por los siguientes años y cuáles han sido los beneficios y perjuicios para Morelos “a estas alturas”.

En el documento del tercer informe de gobierno presentado por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco al Congreso de Morelos, el tema de la deuda pública solo ameritó media cuartilla en el documento de 556 páginas.

“Con la finalidad de mejorar la tasa de interés, el plazo de los créditos y, generar mejores condiciones contractuales, el 24 de mayo de 2021, esta administración llevó a cabo, bajo un proceso transparente y abierto, una licitación pública para refinanciar la deuda adquirida por administraciones pasadas...”.

El resultado de este proceso fue positivo para nuestro gobierno, dejó asentado la Secretaría de Hacienda que asegura se logró reducir el diferencial de la tasa de interés.

Al ser Banobras la ganadora del proceso, a través de la Secretaría de Hacienda, se formalizaron cuatro contratos de crédito por un monto de seis mil 439 millones 383 mil 898 pesos, destinados a refinanciar la deuda de estado, y obtener mejores condiciones financieras.

Para Roberto Salinas, codirector de Morelos Rinde Cuentas -el Centro de Investigación que se ha especializado en el tema de acceso y rendición de cuentas-, “hay muchas dudas” cuando se habla de la deuda pública debido a que muy pocas veces se transparente la información.

Durante la entrevista, el diputado Agustín Alonso Gutiérrez dijo que una de sus obligaciones desde la Comisión de Hacienda, “es vigilar que se gaste bien” el recurso público de Morelos, en función de ello anunció que en breve buscará un encuentro con el actual encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, Gerardo López Huérfano.

¿Qué es la deuda pública?

Es un instrumento de financiamiento que bien utilizado puede detonar la inversión, desarrollo económico y bienestar para las personas. Y mal empleada compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, la operación del Gobierno y la provisión de servicios a la población.

La constituyen créditos o financiamientos que permiten usar hoy recursos que vendrán en el futuro. La inversión pública requiere de este financiamiento. Tener deudas siempre generará un “foco de alarma”, principalmente porque el dinero que aún los estados no han recibido ya se encuentra comprometido para cubrir esas deudas, lo que les resta incluso margen de maniobra para la implementación de acciones o programas sociales.

Para el IMCO, “la clave” en la contratación de cualquier deuda, incluida la pública, radica en la capacidad de pago y condiciones de contratación.


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Morelos tiene desde hace años un registro de deuda pública que ha sido permanentemente motivo de ‘preocupación’ entre diputados debido al monto y desconocimiento con precisión del uso que se ha dado a la contratación de la misma.

En el Congreso local, el diputado Agustín Alonso Gutiérrez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública (CHPyCP), ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de “clarificar” la deuda pública del Estado, aunque las respuestas recibidas hasta ahora no han sido del todo satisfactorias.

Apenas el pasado mes de marzo, al comparecer ante diputados con motivo del tercer informe de gobierno del mandatario Cuauhtémoc Blanco Bravo, Mónica Boggio Tomasaz, quien ese momento todavía se desempeñaba en el cargo de secretaria de Hacienda (desde el 3 de mayo pasado es la Jefa de la Oficina de la Gubernatura), reveló que el gobierno estatal había ejercido en el año 2021 más de 10 mil millones de pesos de manera “adicional”.

Dijo que el año pasado, el presupuesto ejercido por la administración estatal ascendió a 37 mil 301 millones 127 mil pesos, mientras que el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados fue por la cantidad de 27 mil 144 millones de pesos, lo que evidentemente muestra una notoria diferencia entre lo que se ejecutó contra lo que se presupuestó.

Aseguró, por ejemplo, que de los más de 10 mil millones de pesos adicionales ejercidos, seis mil 432 millones de pesos fueron para la deuda pública que el Estado tiene con diversas instituciones bancarias, mientras que el resto de los tres mil 797 millones de pesos fueron por concepto de convenios federales.

Y ante los diversos cuestionamientos que provocó la ‘revelación’ de la información, la secretaria se comprometió con los legisladores que se interesaron en preguntarle de qué manera invirtió el excedente del presupuesto que recibió Morelos, a enviarles por escrito y de manera pormenorizada el detalle de lo que ella llamó “reasignaciones presupuestales” ejecutadas el año pasado.

En entrevista, el diputado Agustín Alonso dijo saber que el monto total de la deuda pública de Morelos asciende a seis mil 500 mdp, pero con respecto a los detalles de su conformación, dijo desconocerlos “honestamente”.

Lo que sí consideró es que la cantidad de deuda “es muy grande para Morelos”, lo que evidentemente representa un motivo de gran preocupación, el no saber para qué se ha usado el dinero producto de la deuda y cómo es que Morelos debe esa cantidad de dinero, qué porcentaje de participaciones federales está comprometido por los siguientes años y cuáles han sido los beneficios y perjuicios para Morelos “a estas alturas”.

En el documento del tercer informe de gobierno presentado por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco al Congreso de Morelos, el tema de la deuda pública solo ameritó media cuartilla en el documento de 556 páginas.

“Con la finalidad de mejorar la tasa de interés, el plazo de los créditos y, generar mejores condiciones contractuales, el 24 de mayo de 2021, esta administración llevó a cabo, bajo un proceso transparente y abierto, una licitación pública para refinanciar la deuda adquirida por administraciones pasadas...”.

El resultado de este proceso fue positivo para nuestro gobierno, dejó asentado la Secretaría de Hacienda que asegura se logró reducir el diferencial de la tasa de interés.

Al ser Banobras la ganadora del proceso, a través de la Secretaría de Hacienda, se formalizaron cuatro contratos de crédito por un monto de seis mil 439 millones 383 mil 898 pesos, destinados a refinanciar la deuda de estado, y obtener mejores condiciones financieras.

Para Roberto Salinas, codirector de Morelos Rinde Cuentas -el Centro de Investigación que se ha especializado en el tema de acceso y rendición de cuentas-, “hay muchas dudas” cuando se habla de la deuda pública debido a que muy pocas veces se transparente la información.

Durante la entrevista, el diputado Agustín Alonso Gutiérrez dijo que una de sus obligaciones desde la Comisión de Hacienda, “es vigilar que se gaste bien” el recurso público de Morelos, en función de ello anunció que en breve buscará un encuentro con el actual encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, Gerardo López Huérfano.

¿Qué es la deuda pública?

Es un instrumento de financiamiento que bien utilizado puede detonar la inversión, desarrollo económico y bienestar para las personas. Y mal empleada compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, la operación del Gobierno y la provisión de servicios a la población.

La constituyen créditos o financiamientos que permiten usar hoy recursos que vendrán en el futuro. La inversión pública requiere de este financiamiento. Tener deudas siempre generará un “foco de alarma”, principalmente porque el dinero que aún los estados no han recibido ya se encuentra comprometido para cubrir esas deudas, lo que les resta incluso margen de maniobra para la implementación de acciones o programas sociales.

Para el IMCO, “la clave” en la contratación de cualquier deuda, incluida la pública, radica en la capacidad de pago y condiciones de contratación.


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