/ martes 18 de mayo de 2021

Destituyen e inhabilitan al Ombudsman de Morelos

Denuncia Israel Hernández nuevos ataques del Ejecutivo en su contra, ahora de parte de la Contraloría estatal

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CHDM), Raúl Israel Hernández Cruz, dio a conocer que el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, instruyó a la Secretaría de la Contraloría para que lo inhabiliten por seis años y lo destituyan del servicio público; sin embargo, afirmó, se quedará en el cargo.

“Esto es una embestida que ya había iniciado desde hace tiempo en virtud de lo publicado en diversos medios nacionales en torno a los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes presuntamente cometidos contra menores que el Poder Ejecutivo tiene bajo su custodia a través del Sistema DIF-Morelos; a lo que se ha sumado una serie de investigaciones que han incomodado sobre la grave situación de los penales, así como por omitir el pago de la reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y diversas resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto dándonos la razón”, lamentó.

Tras recibir la notificación por parte de la Contraloría, Hernández Cruz dijo que con esta acción se confirma lo dicho por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien hace poco emitió un pronunciamiento enérgico donde expresa su preocupación por las amenazas de los distintos gobiernos de Latinoamérica, entre ellos, refiriéndose al caso de Morelos, para socavar organismos de derechos humanos.

El ombusdsman aseguró, que el gobernador del estado ha desviado atribuciones que tiene para pretender minar la autonomía de la CDHM, procedimiento que consideró de manera arbitraria se le acusa de conductas que dice no cometió.

“Están derogadas desde 2017 y la facultad de investigarlas está prescripta por mucho tiempo y han caducado las facultades de la autoridad administrativa de la Contraloría para determinar dicha responsabilidad e imponer la sanción que hoy se notifica”, resaltó.

El Ejecutivo estatal, a través de un comunicado señaló que lo anterior no es producto de una persecución política, sino del deshago de una denuncia presentada con anterioridad por conductas irregulares previstas como graves cometidas en el ejercicio de sus funciones como servidor público durante la pasada administración.


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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CHDM), Raúl Israel Hernández Cruz, dio a conocer que el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, instruyó a la Secretaría de la Contraloría para que lo inhabiliten por seis años y lo destituyan del servicio público; sin embargo, afirmó, se quedará en el cargo.

“Esto es una embestida que ya había iniciado desde hace tiempo en virtud de lo publicado en diversos medios nacionales en torno a los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes presuntamente cometidos contra menores que el Poder Ejecutivo tiene bajo su custodia a través del Sistema DIF-Morelos; a lo que se ha sumado una serie de investigaciones que han incomodado sobre la grave situación de los penales, así como por omitir el pago de la reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y diversas resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto dándonos la razón”, lamentó.

Tras recibir la notificación por parte de la Contraloría, Hernández Cruz dijo que con esta acción se confirma lo dicho por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien hace poco emitió un pronunciamiento enérgico donde expresa su preocupación por las amenazas de los distintos gobiernos de Latinoamérica, entre ellos, refiriéndose al caso de Morelos, para socavar organismos de derechos humanos.

El ombusdsman aseguró, que el gobernador del estado ha desviado atribuciones que tiene para pretender minar la autonomía de la CDHM, procedimiento que consideró de manera arbitraria se le acusa de conductas que dice no cometió.

“Están derogadas desde 2017 y la facultad de investigarlas está prescripta por mucho tiempo y han caducado las facultades de la autoridad administrativa de la Contraloría para determinar dicha responsabilidad e imponer la sanción que hoy se notifica”, resaltó.

El Ejecutivo estatal, a través de un comunicado señaló que lo anterior no es producto de una persecución política, sino del deshago de una denuncia presentada con anterioridad por conductas irregulares previstas como graves cometidas en el ejercicio de sus funciones como servidor público durante la pasada administración.


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