/ domingo 2 de mayo de 2021

Despenalización del aborto no avanza en el Congreso Local

Desde septiembre de 2020 que fue presentada por diversos grupos civiles, la iniciativa sigue esperando proceso legislativo

En tanto el Congreso de la Ciudad de México aprobó este viernes la interrupción legal del embarazo hasta las 20 semanas de gestación, en el Congreso de Morelos la iniciativa presentada desde septiembre de 2020 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y colectivas de mujeres sigue en la congeladora legislativa sin pretensión de avanzar, por lo menos en la actual Legislatura.

El 28 de septiembre de 2020, en el marco del Día por la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, la CDHM encabezó la entrega ante el Congreso local de la iniciativa de ley para reformar el Código Penal del Estado de Morelos y la Ley Estatal de Salud, a fin de despenalizar de forma total el aborto como parte de un derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo hasta las 12 semanas de gestación y así evitar la criminalización por la interrupción del embarazo.

Pese a que la propuesta fue promovida por un gran grupo de colectivas, el presidente de la CDHM, Raúl Israel Hernández Cruz, reconoció que tanto ésta como otras iniciativas de primer índole no ha podido avanzar aunque han solicitado, desde hace tiempo, diversas mesas de trabajo con el fin de que puedan caminar.

La iniciativa de reforma se encuentra, afirmó el ombudsperson, en la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, la cual ha estado presidida por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y actualmente por la legisladora Erika García Zaragoza.

Las mesas de trabajo, refirió Hernández Cruz, no solo son para dictaminar la iniciativa que busca despenalizar el aborto, sino también otras cuantas que han presentado, como la tipificación de la violencia obstétrica, la violencia política en razón de género y la declaración especial de ausencia para el fenómeno de desaparición de personas en donde de manera destacada, indicó, las mujeres son quienes están más en la lucha que los varones.

“Ninguna de esas ni todas las demás que hemos presentado han tenido eco y no han caminado en el Congreso, como tampoco han caminado otros temas, no creemos que sea un tema privativo de las iniciativas de la Comisión, aún y cuando involucran temas de derechos humanos de primer índole que merecen una atención prioritaria”.

La iniciativa con carácter de decreto que pretende garantizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas en Morelos no ha sido turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, de acuerdo al mismo diputado presidente, Héctor Javier García Chávez, por lo cual aún continúa en la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimasno sin fecha para poder ser votada en el Pleno del Poder Legislativo.

Actualmente en la legislación local la interrupción legal del embarazo se considera una conducta ilícita con pena privativa de la libertad, tiene una sanción de uno a cinco años de prisión y de 20 a 200 días de multa.

Dentro de la propuesta de reforma se tendría que derogar la objeción de conciencia señalada en la Constitución Política. Trata de actualizar el marco normativo de las autoridades sanitarias que si bien no desconoce los derechos a las ideologías y religiones, lo que si es una obligación es que el estado garantice existan médicos dispuestos y aptos para realizar la interrupción de un embarazo cuando así lo decide una mujer, respetando sus derechos.

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En tanto el Congreso de la Ciudad de México aprobó este viernes la interrupción legal del embarazo hasta las 20 semanas de gestación, en el Congreso de Morelos la iniciativa presentada desde septiembre de 2020 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y colectivas de mujeres sigue en la congeladora legislativa sin pretensión de avanzar, por lo menos en la actual Legislatura.

El 28 de septiembre de 2020, en el marco del Día por la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, la CDHM encabezó la entrega ante el Congreso local de la iniciativa de ley para reformar el Código Penal del Estado de Morelos y la Ley Estatal de Salud, a fin de despenalizar de forma total el aborto como parte de un derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo hasta las 12 semanas de gestación y así evitar la criminalización por la interrupción del embarazo.

Pese a que la propuesta fue promovida por un gran grupo de colectivas, el presidente de la CDHM, Raúl Israel Hernández Cruz, reconoció que tanto ésta como otras iniciativas de primer índole no ha podido avanzar aunque han solicitado, desde hace tiempo, diversas mesas de trabajo con el fin de que puedan caminar.

La iniciativa de reforma se encuentra, afirmó el ombudsperson, en la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, la cual ha estado presidida por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y actualmente por la legisladora Erika García Zaragoza.

Las mesas de trabajo, refirió Hernández Cruz, no solo son para dictaminar la iniciativa que busca despenalizar el aborto, sino también otras cuantas que han presentado, como la tipificación de la violencia obstétrica, la violencia política en razón de género y la declaración especial de ausencia para el fenómeno de desaparición de personas en donde de manera destacada, indicó, las mujeres son quienes están más en la lucha que los varones.

“Ninguna de esas ni todas las demás que hemos presentado han tenido eco y no han caminado en el Congreso, como tampoco han caminado otros temas, no creemos que sea un tema privativo de las iniciativas de la Comisión, aún y cuando involucran temas de derechos humanos de primer índole que merecen una atención prioritaria”.

La iniciativa con carácter de decreto que pretende garantizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas en Morelos no ha sido turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, de acuerdo al mismo diputado presidente, Héctor Javier García Chávez, por lo cual aún continúa en la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimasno sin fecha para poder ser votada en el Pleno del Poder Legislativo.

Actualmente en la legislación local la interrupción legal del embarazo se considera una conducta ilícita con pena privativa de la libertad, tiene una sanción de uno a cinco años de prisión y de 20 a 200 días de multa.

Dentro de la propuesta de reforma se tendría que derogar la objeción de conciencia señalada en la Constitución Política. Trata de actualizar el marco normativo de las autoridades sanitarias que si bien no desconoce los derechos a las ideologías y religiones, lo que si es una obligación es que el estado garantice existan médicos dispuestos y aptos para realizar la interrupción de un embarazo cuando así lo decide una mujer, respetando sus derechos.

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