El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, se presentó en el Congreso local para solicitar se respete la designación de Flor Dessiré León Hernández como directora del Instituto de la Mujer, al considerar como absurdo el amparo presentado a la convocatoria y nombramiento para la titular del Instituto de la Mujer en el Estado al no ser discriminatorio, puesto que el organismo autónomo debe ser encabezado por una mujer.
Aseguró que la decisión de revocar esta designación violenta la Constitución de Morelos y genera violencia política hacia las mujeres al padecer la falta de oportunidades en cargos de alto rango.
Indicó que esto se ve representado en un estado que ocupa el quinto lugar en violencia hacia las mujeres por la falta de atención y corrupción del gobierno.
Aseguró que la decisión de revocar esta designación violenta la Constitución de Morelos y genera violencia política hacia las mujeres, ya que no sólo padecen la falta de oportunidades en cargos de alto rango, también deben enfrentar estas argucias en un estado que ocupa el quinto lugar en violencia feminicida en el país, por la falta de atención, impunidad y corrupción del Gobierno saliente.
Comentó que en México existe una ola creciente de violencia hacia las mujeres, se registran 7.5 homicidios por día, y que a pesar de contar en el estado con Alerta de Violencia de Género (AVG) no se ha podido frenar y erradicar los feminicidios.
Asimismo, informó que el IMEM cuenta con 14 millones de pesos que no han sido ejercidos, además de que ante la falta de certidumbre en los nombramientos, el recurso podría perderse cuando tendría que utilizarse para prevenir y erradicar la violencia, por lo que pide a las autoridades estatales realizar las labores necesarias y priorizar la seguridad de las mujeres al dejar a un lado discusiones partidistas.
El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) fue recibido junto con Flor Dessiré León Hernández, por la presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien les explicó que la decisión que tomó la LIV legislatura local, al abrogar el decreto número 3445, fue en cumplimiento a la suspensión definitiva dictada por el juez Quinto del Distrito Federal, a partir de la demanda de amparo.
La actuación del Congreso local fue estrictamente en cumplimiento a una resolución judicial, por lo que, de no hacerlo, hubiese traído consecuencias jurídicas para la LIV Legislatura
Sin embargo, puntualizó que lo más importante ahora es que tanto Congreso como el Instituto de la Mujer trabajen conjuntamente para lograr el fortalecimiento de la institución, para que en poco tiempo, pueda convertirse en un referente a nivel nacional.
