Acarreando la aprobación del paquete económico 2019 desde el año pasado, el ocho de enero un grupo de 15 diputados se impuso en el Congreso del Estado aprobando en sesión extraordinaria y de madrugada su propio paquete presupuestal. Esta decisión provocó que dichos legisladores fueran acusados por el propio Poder Ejecutivo de pedir “moches” a cambio de autorizar el presupuesto.
Tanta fue la fractura al interior del Poder Legislativo que la Junta Política y de Gobierno (JPyG) formalizó el proceso de remoción del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, bajo el argumento de que “incurrieron en desacato a lo que el Pleno ordenó en la sesión del 8 de enero, donde se aprobó el presupuesto 2019. En lugar de permanecer en el recinto y presidir la sesión, se ausentaron sin causa justificada, desobedeciendo lo que ordeno el pleno”.
Sin embargo, no pudieron ser destituidos al interponer un juicio de amparo en contra de la acción de sus homólogos, obteniendo de un juzgado federal la suspensión provisional.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la LIV Legislatura del estado de Morelos, Rosalina Mazari Espín, calificó de ilegal la aprobación de este paquete económico al no respetar la ley y tener otros intereses de por medio.
Por ello, confirmó que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetar o recurrir a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual hubiera dejado a Morelos con los recursos asignados para el 2018.
Al publicarse en el periódico oficial Tierra y Libertad de fecha 15 de enero del 2019, que los municipios de nueva creación como Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla no han sido considerados dentro de los Fondos Federales Participables y de Aportaciones Estatales, “en virtud de que no cuentan con los elementos que exige la Ley de Coordinación Fiscal y de cálculo", los legisladores se comprometieron a solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la delimitación de su territorio y población para acceder a las participaciones y aportaciones federales.
Luego que en noviembre de 2017, la LIII Legislatura aprobó la creación de los primeros cuatro municipios indígenas en las comunidades de Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo, pertenecientes a Puente de Ixtla, Miacatlán, Tetela del Volcán y Cuautla, respectivamente.
Con 14 votos a favor y cinco abstenciones, el 22 de febrero los legisladores autorizaron el paquete económico 2019 trabajado desde la Comisión de Hacienda en coordinación con el Gobierno Estatal.
A principios de marzo, la LIV Legislatura recibió a los secretarios de despacho del Gobierno Estatal en el marco de la glosa del primer informe de actividades del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
El 26 de marzo modificaron la Ley Orgánica del Estado de Morelos incluyendo la figura de “diputado sin partido”, cuando dejen un grupo o fracción parlamentaria, así como redujeron el porcentaje para encabezar la presidencia de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) requiriendo sólo tres integrantes en su grupo parlamentario.
El 12 de abril, el Congreso de Morelos echó abajo las primeras “jubilaciones doradas” de las más de 70 entregadas por la pasada Legislatura de forma irregular y hasta con documentación falsa a extrabajadores de la administración perredista.
El 23 de abril, la exsecretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, consiguió de un juez federal la suspensión provisional que mantiene vigente el decreto de jubilación. A partir del 25 de abril una lluvia de solicitudes de amparo se hizo presente en los juzgados federales para recuperar este derecho.
El 9 de mayo, Morelos se convirtió en la primera legislatura en aprobar la reforma educativa, el 14 de mayo un Juzgado Federal concedió un amparo a Anahí Bahena, esposa del ex secretario de Gobierno, Ángel Colín, mediante la cual se ordena la restitución del pago de la pensión otorgada por la 53 Legislatura.
El 30 de mayo habitantes del municipio indígena de Xoxocotla protestaron afuera del Congreso del estado exigiendo a los diputados que no les quiten más territorio en la delimitación con el municipio de Puente de Ixtla. Los manifestantes intentaron ingresar al Congreso local y golpearon la reja exterior de acceso con ramas y lazos, además de utilizar un marro para tratar de romper la cadena colocada en la puerta principal. Al lugar de la protesta también arribaron policías antimotines.
Este mismo día, habitantes de Coatetelco acudieron también al Congreso para pedir a los diputados aprobarán el convenio de delimitación territorial para que finalmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) autorice el registro y puedan acceder a sus participaciones federales como municipio.
Además aprobó el convenio de delimitación territorial entre los municipios de Coatetelco y Miacatlán. En esta misma sesión, aprobaron la minuta en materia de paridad total enviada por el Congreso de la Unión.
El 11 de junio de 2019 la Comisión Calificadora para emitir convocatoria y designar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) publico el requerimiento tras la renuncia de Vicente Loredo desde diciembre de 2018, anotando a 29 candidatos.
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El 12 de junio el acuerdo parlamentario del convenio de fijación y reconocimiento de límites territoriales celebrado entre las autoridades municipales de Xoxocotla y Puente de Ixtla fue aprobado.
Luego de concluir el viernes 7 de junio el periodo de siete años de Víctor Manuel Díaz Vázquez, como comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el 24 de junio la Junta Política y de Gobierno (JPyG) emitió la convocatoria de elección, registrando a 20 aspirantes.
Al realizar un encuentro de diálogo y acuerdos entre los diputados integrantes de la LIV Legislatura y los miembros de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, estos últimos hicieron entrega a los legisladores de las siguientes iniciativas para la entidad: Ley de Videovigilancia, Ley de Uso de Tecnologías para la Seguridad Pública y Ley que Regula a las Empresas de Seguridad Privada.
En la reanudación de la sesión ordinaria del 11 de julio, los legisladores aprobaron dos dictámenes en materia de seguridad: la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Ley de Seguridad Privada.
La LIV Legislatura declaró el 12 de julio válida la reforma integral al artículo 19 Bis Constitucional reincorporando los mecanismos de participación ciudadana.
El 16 de julio y tras casi tres horas de receso, la LIV Legislatura no obtuvo los consenso para designar al nuevo auditor, quedando entrampado este tema en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legislativo.
En agosto, al ex secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, le fue concedido por la justicia federal su “pensión dorada”.
Desde el periodo extraordinario de sesiones del Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional -26 de agosto- y al inicio del Segundo Año Legislativo -1 de septiembre-, la falta de quórum legal se hizo presente obstaculizando el desahogo de asuntos relevantes para el estado como es la elección del titular de la ESAF y 17 ejecutorías de amparo para que trabajadores del gobierno estatal accedan a su pensión por jubilación, estando, en su momento, en posibilidades de la inhabilitación del cargo.
A finales de agosto y principios de septiembre los cambios en los grupos y fracciones parlamentarias se hicieron presente, convirtiendo al partido Movimiento Ciudadano en un grupo. Los cambios fueron de Morena al PES, del PT al PES y del PES a Movimiento Ciudadano.
Además, hubo modificaciones en las coordinaciones, Alejandra Flores Espinoza quedo al frente del Grupo Parlamentario de Morena y Marcos Zapotitla Becerro del PES.
Sin embargo, la pugna por el control del Poder Legislativo se dividía entre los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo que ocasionó no pudieran llegar a acuerdos para designar a los diputados que presidirán la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno.
El 25 de septiembre se anunció la conformación del Frente Progresista de Mujeres, integrado por siete diputados locales de Morena, PT, Nueva Alianza, PRD y Movimiento Ciudadano, grupo de oposición ante un bloque de 13 legisladores.
El 1 de octubre el Congreso de Morelos recibió el paquete económico 2020 que contempla las propuestas de presupuesto de egresos, ley de ingresos y la miscelánea fiscal; además se recibieron las Leyes de Ingresos Municipales.
El 13 de septiembre se designó a Alejandra Flores Espinoza como presidenta de la Junta Política y de Gobierno. Sin embargo, al no haber sumado los 14 votos que requería la mayoría calificada en el Pleno del Congreso, un grupo de 13 diputados determinó nombrarla para coordinar los trabajos del cuerpo colegiado.
A un mes de parálisis legislativa, el 10 de octubre arrancó la sesión convocada desde el pasado 23 de septiembre con el fin de aprobar por unanimidad 29 sentencias para que extrabajadores y sus familiares accedieran a jubilaciones y pensiones.
En conmemoración de los 51 años de los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaem) se manifestaron por más de seis horas en la sede Legislativa exigiendo a los diputados locales cumplan con el incremento del 0.5 por ciento al presupuesto 2020 de la Máxima Casa de Estudios, lo cual provocó la suspensión de la sesión ordinaria programa para ese día.
El 11 de octubre en sesión ordinaria fue removida la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano de la vicepresidencia de la Mesa Directiva bajo el argumento de incitar a la violencia a los jóvenes universitarios.
En esta misma sesión, el diputado independiente, José Casas González se refirió a un grupo de siete diputadas con comentarios machistas, manifestando "es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul", mientras que las diputadas Keila Celene Figueroa Evaristo y Tania Valentina Rodríguez Ruiz calificaron como “juanita” a una de sus homólogas.
El 24 de octubre por una semana pobladores del nuevo municipio de Hueyapan tomaron las instalaciones del recinto Legislativo exigiendo la aprobación del convenio de delimitación territorial con el municipio de Tetela del Volcán y la clave geoestadística que los legitima como municipio autónomo y les da acceso a dos fondos de participaciones federales.
El 30 de octubre tras una semana de plantón, pobladores de Hueyapan liberaron este miércoles el Congreso local esperando que en un plazo de 53 días tanto los diputados locales como el gobierno estatal puedan solventar la controversia de límites territoriales con Tetela del Volcán, que aún sigue en espera-
El 8 de noviembre alcaldes solicitaron a los diputados una ampliación presupuestal para el 2020 tras la abrogación del impuesto adicional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que representa el 25 por ciento de la recaudación municipal.
El 27 de noviembre 13 diputados aprobaron disminuir la mayoría calificada de 14 a 13 votos, avalaron remover de las Comisiones Legislativas a las siete integrantes del Frente Progresista de Mujeres y ratificar la nueva conformación de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), presidida por la diputada Alejandra Flores Espinoza.
Desde el domingo 15 de diciembre, los parlamentarios se encuentran entrampados en la aprobación del paquete económico 2020 y las Leyes de Ingresos Municipales ante la exigencia de los ediles para mayores recursos.
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