Tras cumplirse un año del sismo del 19 de septiembre, vecinos de la unidad habitacional "Narciso Mendoza" de Civac exigen respuesta por parte de las autoridades o de la iniciativa privada para demoler sus edificios. Ya se cumplió un año del sismo que provocó que se quedaran sin un techo, y la ayuda nunca llegó, lo cual provocó un sentimiento de abandono por parte de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.
Isidro Bustamante comentó que el Fondo Nacional de Desastre (Fonden) prometió otorgarles 120 mil pesos, de los cuales sólo recibieron 25 mil pesos, los cuales no han sido utilizados porque su edificio resultó con daños estructurales y debe ser demolido. Tras esto, se fue a vivir tres días con una de sus hijas y, posteriormente, buscó un lugar donde rentar. Además, su pensión de dos mil 600 pesos la utiliza para pagar la renta de un cuarto de mil 500 mensuales, en la colonia Atenatitlán. "Es un lugar feo, no tiene cuartos, es un sólo espacio, pero no puedo pagar otro", expuso.
En 1978, Delfino Molina llegó habitar su departamento ubicado en la manzana 19, lote 4, el cual ahora se encuentra con severos daños, por lo que fue dictaminado como con pérdida total; no obstante, el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) le dio una tarjeta con 30 mil pesos para comprar material, pero este apoyo no la han podido utilizar, puesto que el edificio donde habitaba deber ser demolido.
Por ello, al igual que las 40 familias afectadas en esta unidad, pidió apoyo para la demolición de los edificios, ya que resulta muy costoso, más de 600 pesos demoler cada uno.
En tanto, Maribel Bustamante aseveró que Sedatu se comprometió a pagar la demolición, pero pasó el tiempo y no lo hizo, por lo que acudieron a pedir una explicación, pero las autoridades federales responsabilizaron al Ayuntamiento de Jiutepec de no haber ingresado la documentación a tiempo.
Por su parte, las autoridades del Ayuntamiento de Jiutepec negaron las acusaciones y aseguraron que Sedatu ya se había es dicho de absorber los costos de la demolición. Refirieron que como vecinos no pueden absorber los gastos de demolición, ya que cada edifico representa un costo de 800 mil pesos, y los afectados en su mayoría son adultos mayores; por esa razón, ante la indiferencias de las autoridades, su esperanza es que llegue el apoyo de fundaciones o de iniciativa privada.
