Morelos ocupa el lugar número 16 en escala de competitividad estatal y urbana de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO),que ubica a Cuernavaca en el penúltimo lugar entre las ciudades con más de un millón de habitantes y a Cuautla como la segunda peor entre las ciudades con poblaciones entre 200 mil y 500 mil habitantes, derivado de indicadores en materia de trámites, desigualdad en el ingreso, ineficiencia en la dotación de agua, violencia y criminalidad, discrecionalidad en el uso de recursos, falta de inversión en energías renovables, corrupción e ineficiencia de datos en el sector salud.
De acuerdo con el reporte del IMCO, las dos ciudades se ubican en el rango de competitividad baja y muy baja, incluso a pesar de que la evaluación del sistema político en Cuernavaca y en Cuautla es la más alta en sus rangos de ciudades.
La organización titula su reporte “¿Ahora con quién me enojo?”, y señala que los mexicanos padecen de enojo: “entre otras razones porque no somos el centro de las decisiones tomadas por la autoridad. Cuando queremos quejarnos o buscar apoyo de las instituciones públicas, resulta difícil identificar las responsabilidades de cada orden de Gobierno. En el caso de los municipios, las diferencias pueden ser muy grandes.
Para el IMCO, uno de los problemas es que la mejora regulatoria se ha quedado en propaganda, y advierte de que los 10 trámites con mayor percepción de corrupción, cuatro son responsabilidad absoluta de los municipios.
Otro problema está en la desigualdad del ingreso, y advierte “para lograr ciudades compactas y equitativas es necesario crear programas de vivienda de bajo precio y bien localizada e impulsar modelos innovadores como la vivienda en renta”.
También señala como obstáculos a la competitividad, la ineficiencia de los operadores de agua y su diseño institucional perjudicial a su desempeño, pues “no operan como empresas productivas de carácter paraestatal. No cubren sus costos con ingresos propios. No son transparentes ni rinden cuentas. Las tarifas de agua se determinan con criterios políticos en los congresos locales”. Por lo que el IMCO sugiere la creación de organismos operadores metropolitanos que funcionen de manera autónoma y establezcan tarifas que reflejen sus costos de operación.
Otro factor en contra de la competitividad es la violencia e inseguridad, derivada en gran medida de la falta de coordinación entre municipios, estados y Federación, afirma el IMCO al recomendar que “la coordinación local para reducir los impactos de la fragmentación administrativa de las zonas metropolitanas del país. Las soluciones a las múltiples crisis de seguridad que coexisten en el territorio nacional dependen de soluciones planteadas desde un conocimiento de los problemas locales. El control territorial que se requiere para reducir los índices de criminalidad sólo se puede lograr con policías estatales y municipales profesionales y respetadas”.
Igualmente, el IMCO advierte la necesidad de que “las transferencias federales, como las del Ramo 23, se asignen de forma objetiva, transparente y competida para implementar políticas públicas innovadoras en los estados. Con el fin de evitar la discrecionalidad que permite el Ramo 23 se debe mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las transferencias federales, mediante fórmulas de distribución, reglas de operación y criterios innovadores de competencia que reconozcan las asimetrías regionales y los esfuerzos de mejora”.
El IMCO también recomienda la inversión en energías renovables desde el Gobierno y el sector privado, y asegura que los gobiernos deben estar comprometidos a impulsar la generación de energía limpia y el ahorro energético.
Igualmente, el IMCO sugiere brindar información sobre la empleabilidad de los egresados universitarios para guiar las decisiones de los estudiantes. El retorno sobre la inversión debe priorizar a las familias mexicanas, no a las burocracias académicas. Usar estadísticas para desarrollar planes de estudio y ampliar la matrícula con base en las habilidades productivas y sociales más demandadas por el mercado laboral; además, sugiere la generación de estadísticas de salud confiables para mantener estándares de calidad y satisfacer la demanda de servicios.
Finalmente, advierte el IMCO que deben reducirse los riesgos de corrupción con herramientas electrónicas en el Gobierno para transparentar y hacer más eficientes las interacciones con los ciudadanos, en tanto “el uso de papel no solo complica los trámites, sino que hace casi imposible el trabajo de auditoría. La digitalización de archivos va a permitir tener gobiernos cuyos gastos sean más fáciles de auditar, cuya gestión interna sea más eficiente y que brinden mejores servicios a los ciudadanos".
