“En materia de corrupción no hay avances ni mucho menos soluciones”, aseguró Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien participó en el foro Importancia del Gobierno Abierto en la Lucha Anticorrupción, organizado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos; aseguró que se debería trabajar en la mejora regulatoria para tener trámites con sustento jurídico, tiempo y plazos eficientes.
“Lo primero que hay que aceptar es que para que haya corrupción tiene que haber dos: el que ofrece y el que recibe”. Lamentó que el dinero que pudiera ingresar a los municipios o al propio Estado se está yendo a los bolsillos de los particulares, “quienes muchas veces son funcionarios públicos”.
Destacó que los actos de corrupción se deben principalmente a la premura, falta de planeación y querer simplificar todo al margen de la ley.
El presidente del CCE fue de los pocos empresarios que acudió al foro, pues no hubo presencia de otras cámaras empresariales, autoridades estatales ni público general, pues la mayor parte del tiempo el auditorio lució vacío, dejando ver el poco interés público y privado que se tiene en el tema.
"Al final de cuentas no se le pone el interés a las instituciones que están encargadas de los sistemas anticorrupción, pues los efectos no los percibe la ciudadanía; este es un problema que se vive en sociedad y que deriva en impunidad, y que nos asfixia a los ciudadanos“.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, la población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 14 mil 701 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, en 2019 la tasa fue de 15 mil 732 por cada 100,000 habitantes.
En el ranking del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, Morelos se ubicó en la penúltima posición 0.35 por ciento, mientras que Querétaro tiene la máxima puntuación con un 0.49 por ciento, cabe mencionar que los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, esto de acuerdo con la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 del World Justice Project (WPJ).
En este sentido, la corrupción habitará siempre que alguien deseé saltarse un paso, una regla, una ley.
En cuanto a los negocios y empresas generalmente la autorización de los bares sería un ejemplo más que no ilustran la magnitud del problema que se vive de mano de las autoridades y empresarios, concluyó Antonio Sánchez Purón.
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