Criminalizar la interrupción del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres, ya que las expone a riesgos para su vida y salud con el propósito de preservar su función como agentes reproductores, y privarlas de autonomía en la adopción de decisiones sobre su propio cuerpo.
Así inicia la exposición de motivos de la iniciativa que reforma el Código Penal para el Estado de Morelos y la Ley de Salud que presentó al Congreso por segunda ocasión el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz, con la finalidad de garantizar la interrupción del embarazo.
El primer proyecto de reforma lo entregó en septiembre de 2020 a los integrantes de la LIV legislatura que concluyeron su periodo constitucional el pasado 31 de agosto sin nunca discutir el tema.
Ahora, tras los recientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó inconstitucional criminalizar el aborto, la iniciativa fue entregada a los integrantes de la nueva LV legislatura que entró en funciones el 1 de septiembre pasado.
La Comisión de Derechos Humanos reconoce que el estigma de ver a la mujer como un "centro" obligatorio de reproducción se ha caracterizado por imponer una carga desmedida que impide el ejercicio pleno de sus derechos haciendo de manera continua y sistemática que la mujer sea objeto de violencia.
Y es que la carga que impone el estereotipo de maternidad a las mujeres es precisamente la obligación que la sociedad idealiza sobre la plenitud de la vida de una mujer y que esta vida plena, solo puede alcanzarse con el hecho de convertirse en progenitora. Paralelamente con este estereotipo de maternidad forzosa, se niega el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, su plan y proyecto de vida, pero sobre todo de tener una vida libre de violencia, pues el Estado le impone, por la fuerza, a través de la sanción penal, una obligación de hacer consistente en llevar a buen término el embarazo contra su voluntad, en todas aquellas circunstancias no consideradas como excluyentes.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado aclaró que la criminalización del aborto no ha sido tampoco un inhibidor real para evitar su práctica.
Agrega además que la interrupción del embarazo no es un tema que deba involucrarse con corrientes o posturas ideológicas o religiosas, ya que se trata más bien de un problema social y asunto de derechos humanos, democracia, justicia social y salud pública fundamental para las mujeres.
La iniciativa de reforma de la CDHEM fue turnada a las Comisiones de Salud y Puntos Constitucionales para su análisis jurídico, aunque de antemano, varios diputados ya han expresado su postura a favor de avanzar en un breve tiempo en la despenalización del aborto en Morelos.
