/ martes 16 de noviembre de 2021

[Diversia] La lucha por los derechos LGBT sigue adelante

A lo largo de la historia, la comunidad de la diversidad sexual y de géneró se ha abierto camino para ser reconocidos y apoyados

El 2021 está a punto de terminar y sin duda será inolvidable, no solo por las repercusiones que ha traído la pandemia de Covid-19, sino también por los grandes avances logrados para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+ en el país. De norte a sur, de este a oeste, la apertura se ha visto sin importar el color o el partido que gobierne.

Si bien cada estado tiene sus propios avances y rezagos en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+, el hecho de contar con más aliados de la comunidad y hasta con sus mismos integrantes en puestos de toma de decisiones, como en los Congresos locales y federal, podrán generar mayor apertura en busca de una igualdad y respeto a la diversidad sexual del país.

Hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales; desde entonces los avances en la lucha e inclusión por los derechos de la comunidad LGBT+ se han fortalecido, contando con más aliados, lo que se ha podido observar en políticas públicas y reformas que buscan eliminar cualquier tipo de discriminación o trato desigual.


Matrimonio Igualitario

En este año Baja California, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Sonora se sumaron a las 20 entidades donde personas del mismo sexo pueden casarse sin necesidad de tramitar amparos, modificando, gracias a la intervención de activistas y organizaciones, reformas a sus Códigos Civiles, volviendo una realidad el matrimonio igualitario en esos estados.

De hecho, en 2015, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia en la que establece que es discriminatorio e inconstitucional no validar dichas uniones y solo reconocer el matrimonio “tradicional” entre un hombre y una mujer.


Identidad de género

Tras años de lucha en muchos estados, son ya 17 las entidades donde las personas trans pueden acceder al reconocimiento legal de su identidad de género autopercibida efectuando un simple trámite administrativo.

Estas reformas permiten que el nombre y el género asentados en documentos oficiales coincidan con la forma en que las personas se autoperciben, facilitando, a la par, trámites relacionados a la salud, empleo y educación.

Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Nayarit, Puebla, Estado de México, Baja California Sur y Morelos son los estados que garantizan el derecho a la identidad de género, siendo los cinco últimos donde se autorizó este 2021.


Crímenes de odio tipificados como delito

A nivel nacional son pocos los estados donde los crímenes de odio se castigan severamente, pero este 2021 se han logrado grandes avances en materia legislativa para tipificarlos como delito grave y hasta aumentar las penas por homicidio cuando el delito este motivado por orientación sexual o identidad de género de las víctimas.

Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas han sido los últimos estados en modificar sus Códigos Penales, a fin de terminar con esta violencia que en muchos de los casos termina en el asesinato de las personas de la diversidad sexual ante la intolerancia y discriminación.


Terapias de conversión, violatorios de derechos humanos

De acuerdo al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual (Ecosig) son prácticas aplicadas a las personas que decidieron “salir del clóset”, principalmente niñas, niños y adolescentes, actos que pueden constituir tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta tortura, según lo establecido en los artículos 24 y 29 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tipos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Ante ello, Baja California Sur, Colima, Yucatán y Zacatecas se incorporaron este año a Ciudad de México y Estado de México, seis estados en total donde prohíben y sancionan con cárcel a quienes las imparten y hasta a quienes buscan estas prácticas que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad.


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El 2021 está a punto de terminar y sin duda será inolvidable, no solo por las repercusiones que ha traído la pandemia de Covid-19, sino también por los grandes avances logrados para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+ en el país. De norte a sur, de este a oeste, la apertura se ha visto sin importar el color o el partido que gobierne.

Si bien cada estado tiene sus propios avances y rezagos en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+, el hecho de contar con más aliados de la comunidad y hasta con sus mismos integrantes en puestos de toma de decisiones, como en los Congresos locales y federal, podrán generar mayor apertura en busca de una igualdad y respeto a la diversidad sexual del país.

Hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales; desde entonces los avances en la lucha e inclusión por los derechos de la comunidad LGBT+ se han fortalecido, contando con más aliados, lo que se ha podido observar en políticas públicas y reformas que buscan eliminar cualquier tipo de discriminación o trato desigual.


Matrimonio Igualitario

En este año Baja California, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Sonora se sumaron a las 20 entidades donde personas del mismo sexo pueden casarse sin necesidad de tramitar amparos, modificando, gracias a la intervención de activistas y organizaciones, reformas a sus Códigos Civiles, volviendo una realidad el matrimonio igualitario en esos estados.

De hecho, en 2015, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia en la que establece que es discriminatorio e inconstitucional no validar dichas uniones y solo reconocer el matrimonio “tradicional” entre un hombre y una mujer.


Identidad de género

Tras años de lucha en muchos estados, son ya 17 las entidades donde las personas trans pueden acceder al reconocimiento legal de su identidad de género autopercibida efectuando un simple trámite administrativo.

Estas reformas permiten que el nombre y el género asentados en documentos oficiales coincidan con la forma en que las personas se autoperciben, facilitando, a la par, trámites relacionados a la salud, empleo y educación.

Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Nayarit, Puebla, Estado de México, Baja California Sur y Morelos son los estados que garantizan el derecho a la identidad de género, siendo los cinco últimos donde se autorizó este 2021.


Crímenes de odio tipificados como delito

A nivel nacional son pocos los estados donde los crímenes de odio se castigan severamente, pero este 2021 se han logrado grandes avances en materia legislativa para tipificarlos como delito grave y hasta aumentar las penas por homicidio cuando el delito este motivado por orientación sexual o identidad de género de las víctimas.

Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas han sido los últimos estados en modificar sus Códigos Penales, a fin de terminar con esta violencia que en muchos de los casos termina en el asesinato de las personas de la diversidad sexual ante la intolerancia y discriminación.


Terapias de conversión, violatorios de derechos humanos

De acuerdo al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual (Ecosig) son prácticas aplicadas a las personas que decidieron “salir del clóset”, principalmente niñas, niños y adolescentes, actos que pueden constituir tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta tortura, según lo establecido en los artículos 24 y 29 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tipos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Ante ello, Baja California Sur, Colima, Yucatán y Zacatecas se incorporaron este año a Ciudad de México y Estado de México, seis estados en total donde prohíben y sancionan con cárcel a quienes las imparten y hasta a quienes buscan estas prácticas que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad.


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