“Si se encuentra a la persona
que estaba desaparecida,
sabré que se ha ido,
si no la encuentran,
seguiré teniendo esperanza.”
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido y se declara el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.
Es importante señalar que, según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se considera desaparición forzada “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”
A 11 años de distancia de la declaratoria de esta conmemoración, es importante señalar que México tiene una larga historia de casos “directos” de desaparición forzada (especialmente considerando las diversas desapariciones que hubo durante la llamada “Guerra Sucia de las décadas de los 60 y 70). Es por ello que las estadísticas de desapariciones forzadas inician en 1964. Sin embargo, a partir de que Calderón declaró la llamada “Guerra contra el Narco”, inició un “nuevo tipo de desapariciones” que fue aparejado con la “criminalización de las víctimas”.
Es muy importante señalar, en este sentido, que las instituciones han sido las principales responsables de la criminalización de las víctimas, en primer momento cuando realizan declaraciones, a bote pronto, señalando “que se fueron con el novio”, “que andan en malos pasos”, que “provienen de familias disfuncionales”; en un segundo momento, cuando se niegan (en los hechos) a levantar denuncias de desaparición antes de 24 o 48 horas (aunque sus protocolos y campañas digan que eso no sucede); en un siguiente nivel, cuando no dedican el tiempo ni los recursos humanos e institucionales para las búsquedas y resolver los casos de desaparición. Todo esto, sin omitir señalar que existen casos en los que están directamente involucradas (como fue conocido en el caso de Jethro Ramsés) o que existe un posible encubrimiento de las personas responsables.
Esto es muy importante cuando se considera, dentro de la desaparición forzada, el señalamiento de que puede haber una intervención directa o indirecta, por acción o por omisión, de funcionarios públicos y considerando la parte de la definición que señala: “la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero dela persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Ante todo lo señalado, personas familiares de víctimas de desaparición, se han dado a la tarea de buscarlas de manera directa, al denunciar que las autoridades están siendo, cuando menos, omisas en sus responsabilidades.
Algunas lo hacen de manera individual y muchas otras personas, a lo largo y ancho del país, se han organizado en diversos tipos de colectivos.
El periodista y escritor Alberto Pradilla, señala que: “Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México simbolizan las dos caras de la moneda de un Estado fracasado. Por un lado están las mujeres y hombres que, armados con picos y palas, descubren fosas clandestinas, desentierran restos humanos en lugares inhóspitos y revelan la ubicación de centros de exterminio; son un ejemplo de dignidad ante la ausencia de las autoridades. Por el otro, su existencia pone sobre la mesa que el Estado es incapaz de garantizar la supervivencia de sus ciudadanos y ciudadanas.”
Es importante señalar que la propia ONU señala que: “La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”.
Y señala puntualmente que: “La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación:
- El acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.
- La todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
Esto debe ser subrayado y atendido, en tanto que las desapariciones afectan a la persona desaparecida, a sus personas cercanas y a las comunidades.
Respecto a la persona desaparecida, se puede hacer una lista inmensa de sus afectaciones que pueden ir desde la tortura psicológica o física, hasta la explotación sexual o de otro tipo de trabajo forzado.
En cuanto a las personas cercanas, las afectaciones incluyen una conmoción emocional y angustia mental que puede perdurar en el tiempo, sin posibilidad de realizar un proceso de duelo por la pérdida, ante la “esperanza” de encontrarle algún día. Además, generalmente saben que también tienen encima una amenaza, que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor; pueden sufrir intimidación, persecución y represalias.
Económicamente, hay afectación por los gastos que hay que afrontar ante la desaparición, la falta del ingreso que aportaba la persona desaparecida, hasta los gastos por emprender la búsqueda de manera directa.
El resultado es, a menudo, la marginación económica y social.
Para terminar, cierro con lo dicho, hace pocos días, por la representante de la organización “Las Rastreadoras El Fuerte”, Mirna Nereida Medina Quiñonez; “no debería de haber ninguna persona desparecida, ni madres buscando con una pala o con un machete”.
Números
- Según los datos oficiales, el registro histórico de personas desaparecidas de marzo de 1964 al 2021, el total de personas reportadas como desaparecidas no localizadas y localizadas alcanza una cifra de más de 180 mil personas, de las cuales el 4 por ciento se mantienen como personas desaparecidas y no localizadas.
- La cifra de personas sin localizar es de 85 mil. De estas, casi 50 mil pertenecen al periodo de diciembre de 2018 a la fecha, de las cuales más de 20 mil continúan sin ser localizadas.
- Del número total de personas desaparecidas, en el territorio nacional, aproximadamente el 25%, son mujeres que se encuentran en un rango de edad que va de los 13 y 19 años. Respecto a la cifra total de menores sin localizar, más del 50% son mujeres. Esto, según diversas declaraciones, puede corresponder al “crecimiento del negocio de la trata de personas”.
- Solo 4 de cada 10 personas han conseguido ser localizadas tras haberse puesto su denuncia por desaparición. Del resto, el 6,6% son localizadas sin vida, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).
- De diciembre de 2006 al 2021, hay registradas, en todo el país, casi 4 mil fosas clandestinas en donde han sido exhumados más de 6 mil cuerpos.
- El 42 por ciento de los cuerpos encontrados han sido plenamente identificados y el 25 por ciento han sido entregados a sus familiares.
- En 2021, se han encontrado 174 fosas clandestinas de las que se han recuperado 393 cuerpos.
