Han pasado más de 32 meses desde que los directivos de Odebrecht confesaron haber dado sobornos y realizado prácticas corruptas en México y otras naciones de Latinoamérica. La compañía brasileña ha enviado al menos dos cartas a los fiscales mexicanos para agilizar la investigación y llevar a los presuntos imputados ante los tribunales, pero México se ha negado a recibir la cooperación de la empresa.
A diferencia de México, desde diciembre de 2016 ocho naciones sí aceptaron la ayuda directa de Odebrecht, lo que les ha permitido avanzar con más velocidad en la integración de los casos, las detenciones y los encarcelamientos. En México, hasta ahora solo hay un funcionario públicamente señalado: el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien hasta hace unos días se encontraba prófugo de la justicia, y no existe hasta hoy ninguna otra persona procesada por la trama de corrupción desencadenada por el conglomerado brasileño.
Desde que salió a la luz el escándalo de los sobornos, Odebrecht ha negociado acuerdos con los países donde es investigada a cambio de reducir las sanciones y continuar sus operaciones comerciales. Además de pagar una multa por el daño causado, la empresa debe confesar sus delitos y entregar pruebas y evidencias. Cuando eso sucede, las autoridades que aceptan la colaboración de la compañía se comprometen a no presentar cargos por las conductas confesadas que ya tuvieron castigo o que están bajo investigación en Brasil.
En documentos que no habían sido publicados, la compañía ofreció su “disposición y voluntad” para esclarecer “cualquier posible hecho ilícito” relacionado con México. Las cartas fueron entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR) el 10 de febrero de 2017, y luego a la nueva Fiscalía General de la República (FGR) el 27 de febrero de 2019, sin que existiera contestación alguna.
Sin embargo, en el caso de Emilio Lozoya Austin hay un tejido de argucias legales muy fino... y una clara negociación con las autoridades mexicanas. Esa negociación se hizo desde España, donde el célebre jurista Baltasar Garzón se incorporó al caso en marzo. Lozoya es acusado por los delitos de operaciones de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, según consta el auto de extradición de la Audiencia Nacional Española. En su apartado de antecedentes de hecho, párrafo quinto, celebrada el 13 de febrero de 2020: “El reclamado (Lozoya Austin) primero manifestó que no consentía la entrega a las autoridades reclamantes (México) y no renunciaba al PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Extradicional”. Posteriormente, en el mismo párrafo quinto, se refiere a que, ya concluida la fase de instrucción con fecha del 15 de junio de 2020, OJO, sí acepta la extradición y a instancias de Garzón renuncia al ‘PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD’, solicitando se proceda su entrega inmediata. Y justo ahí está el elemento clave de la negociación y el argumento legal para que Lozoya no pise la cárcel. Ese ‘PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD’, según el tratado de extradición, establece que una persona no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la parte requirente (en este caso, México) por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición. Así, con la renuncia de Lozoya a ese ‘PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD’ ahora podrá ser juzgado por otros delitos en México… y esos otros delitos pueden ser los mismos, mayores, menores... o muy menores. Esto, según sea el tamaño de nombres, cuentas y pruebas que aporte sobre los movimientos de dinero y sobornos que realizó con autoridades, empresas y personajes de la vida pública. Datos que servirán como arma política o como escudo... en caso de emergencia electoral.
Hasta el momento, Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha sido vinculado a proceso por operación de recursos de procedencia ilícita, producto de la compra a sobreprecio de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados –subsidiaria de Altos Hornos de México, cuyo dueño es Alonso Ancira, detenido en España–, durante su gestión frente a la paraestatal.
No obstante, no le fue dictaminada prisión preventiva –porque simplemente no fue solicitada por parte de la Fiscalía– sino que solo deberá atender a medidas cautelares como el ser vigilado en el hospital y una vez que salga; portar un brazalete electrónico; no salir del país y entregar sus pasaportes al Reclusorio Norte y presentarse a firmar en dicho lugar cada 15 días.
La confusión y el secretismo persisten en el caso de Emilio Lozoya. Lo evidente es que, mientras el exdirector de Pemex permanece internado, la Fiscalía General de la República está interrogándolo, revisando la información con la que cuenta y construyendo el caso que presentarán en tribunales, partiendo de la base de que Lozoya se ha acogido al estatus de testigo colaborador.
Mi opinión es que, más allá de estos puntos de vista encontrados, el convertir a Lozoya en el testigo colaborador que se desea será más complejo de lo que se cree. Es complejo porque, según la información existente, los recursos que recibió Lozoya de Odebrecht, diez millones de dólares, según el que fuera director de la empresa en México, Luis Meneses, fueron directamente, en dos pagos, a Lozoya, no para financiar una campaña electoral, sino como pago por los apoyos y servicios prestados a la empresa por el propio Lozoya. Parte de esos recursos terminaron en cuentas de la madre, la esposa y la hermana, y por eso están ellas también indiciadas.
Si ese dinero fue para Lozoya y no para financiar alguna campaña electoral presidencial, el responsable del delito sería, en forma individual, el exdirector de Pemex. Algo similar sucedería con la planta de Agronitrogenados u otros negocios de Pemex. La única paradoja de todo esto es que durante mucho tiempo se habló y se demostró que Lozoya era el corrupto al que había que perseguir: dejarlo en libertad, convertirlo en testigo protegido, no castigarlo, tendrá también un costo político, continuara…; por lo pronto recuerden “nos veremos pronto y prometo que será mejor que cualquier otro momento del mundo”.
