México ha avanzado de manera considerada en el cumplimiento del acceso a la información; los ciudadanos han logrado imponerse y propiciar la práctica de un mecanismo de control institucional que permite vigilar el actuar del gobierno, el manejo de los recursos públicos y conocer el porqué de las decisiones en beneficio o prejuicio del pueblo.
Obtener información sobre proyectos y políticas públicas generadas por las entidades es un logro para cualquier nación y para aquellos representantes de asociaciones civiles que invierten su tiempo y esfuerzo en hacer de la rendición de cuentas una realidad y de la transparencia, un ejercicio cotidiano dentro de un sistema democrático.
Avanzamos en el reconocimiento del derecho humano y en este momento transitamos por la adecuación o actualización de los ordenamientos jurídicos que respondan a las demandas sociales, puedo afirmar, que poco a poco, toma forma el principio de máxima publicidad.
Muestra de ello es que los integrantes de la Cámara de Diputados Federal votaron y avalaron –el pasado 29 de julio- la reforma al apartado II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la cual se refiere a la difusión de (versión pública) aquellas sentencias trascendentes y no solo las de interés público emitidas por el Poder Judicial como ya estaba establecido desde su aparición de dicha ley en 2015.
Ahora el Poder Judicial Federal y las sedes de las entidades federativas tendrán 180 días para generar la armonización de sus marcos jurídicos y los mecanismos ciudadanos para elaborar y publicar las sentencias judiciales de acuerdo a los principios máxima publicidad, accesibilidad, completitud y oportunidad.
Con esta modificación no se dejan cabos sueltos en la interpretación del concepto de “interés público” y se abren las puertas a las buenas practicas, a la justicia jurídica -en cuestión de género, condición social, ideología, estereotipos, etc.- y pone fin a la discrecionalidad con la que los jueces y magistrados resuelven sus pronunciamientos, sea de paso, se pone al escrutinio público las decisiones y procedimientos judiciales con los que se resuelve y se imparte justicia en este país.
Estamos ante un acto de voluntad política del Poder Legislativo, y es evidente el nivel de compromiso que asumen con la ciudadanía al permitir la revisión, fiscalización y exigencia de cuentas a la labor judicial; es -quizás- el primer paso para concluir con procesos engorrosos, largos o inundados de tecnicismos que enfrentan las personas al momento de solicitar justicia.
La transparencia de las sentencias, sin duda, es un medio fundamental para combatir la corrupción, tener acceso a ellas permitirá conocer las prácticas discriminatorias de algunos jueces, monitorear su labor, saber si están en opacidad sus resoluciones, pero, sobre todo, permitirá simplificar la búsqueda y comprensión de las sentencias en beneficio de la sociedad en general, como en el caso de Morelos, que a través del ejercicio del Plan de Acción Local en material de Gobierno Abierto, pretende implementar proyectos que consoliden la transparencia y eviten los males como la corrupción y las practicas opacas desde las cúpulas del poder.
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