/ martes 3 de noviembre de 2020

México y la soberanía energética

El investigador de la UAM, Armando Bartra, así como el académico de la UAEM, Heriberto Cajigal, mencionan que es indispensable que México tenga soberanía energética, un tema del que adolece el país en virtud de las políticas neoliberales que tienden a su detrimento, pero ¿qué es la soberanía energética?

Bajo un contexto democrático, la soberanía energética implica que la energía es un bien común donde el pueblo tienen el derecho y la capacidad para determinar el cómo gestionar su producción y uso para la satisfacción de sus necesidades. Esto implica su financiamiento y su regulación.

En este sentido, México no puede crecer ni desarrollarse económicamente si no cuenta con soberanía energética, donde en un panorama de globalización e ideología neoliberal los gobiernos mexicanos entraron a partir de la década de los años ochenta en una lógica para integrarse a dicho panorama por lo que emprendieron políticas para la liberalización económica y por ende el adelgazamiento del Estado. El resultado después de tres décadas es la acumulación de la riqueza en unos pocos, donde se acrecentó la desigualdad social, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización de la mano de obra mexicana.

Por lo tanto, se dio pauta mediante “reformas estructurales” a la entrada de la iniciativa privada tanto nacional pero sobre todo extranjera en áreas económicas estratégicas que fueron menguando temas como la soberanía alimentaria y la energética. Esta última fue objeto de la reforma en 2013 a los artículos constitucionales 25, 27 y 28 bajo el gobierno de Peña Nieto que dio la apertura a la liberalización de los energéticos bajo el discurso de reducir los precios de la luz y los combustibles, pero se vio que no fue así, y además antes de finalizar el sexenio mencionado se liberalizaron los precios de la gasolina. Se dijo en su momento que dichas políticas eran necesarias para producir más petróleo con la ayuda de la inversión privada pero posteriormente se dijo que se “acabó con la gallina de los huevos de oro”.

En síntesis, lo que se buscó con la reforma energética fue legalizar la participación de la iniciativa privada, principalmente de las grandes trasnacionales, y para ello se fue desmantelando poco a poco las dos empresas paraestatales (hoy empresas productivas del Estado) enfocadas al tema energético. Recordemos que el gran motor de la industrialización de México durante el siglo XX fue Pemex, siendo la industria petrolera la que le deba más recursos monetarios al gobierno mexicano pero con la corrupción que caracterizó a la burocracia (ejemplo de ello el caso Lozoya) fue que poco a poco se exprimió dicha industria aunado a que siempre estuvo latente la intervención de empresas trasnacionales para hacerse del oro negro mexicano (no por nada ha habido grandes presiones a gobiernos latinoamericanos para que den pauta a la intervención extranjera a sus recursos energéticos teniendo los ejemplos de Argentina y Venezuela).

Con la llegada de López Obrador al gobierno se busca recuperar el control de la industria energética apoyándose nuevamente en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos, haciendo a un lado el tema de las energías renovables. En este sentido, hay que tener presente que el motor de la energía durante el siglo XIX fue el carbón, en el siglo XX fue el petróleo, y ya en el siglo XXI son las energías renovables las que deben dar la pauta. Por lo tanto, lo lógico y lo ideal es que México ponga la mira en dichas energías, sin embargo, el presidente ha generado polémica al respecto.

Lo anterior en virtud de que con la reforma energética de Peña Nieto se incentivó a que empresas privadas participaran como nunca se había hecho en la explotación de la industria petrolera así como en la generación de energías renovables con contratos hasta cierto punto “leoninos” dejando en un segundo plano a Pemex y la CFE. Y bajo tales circunstancias, es que López Obrador está llevando una política para posicionar a las instituciones mencionadas en aras de recuperar la soberanía energética, sin embargo, hay que considerar que las energías renovables son ya una necesidad atendiendo a la cada vez más devastada situación ambiental, y por lo tanto, la CFE como Pemex deben ser reestructuradas para que produzcan energías limpias y no se queden rezagadas con energías fósiles.

Cabe señalar que las acciones del presidente de México en este rubro están siendo señaladas tanto por la oposición mexicana como por políticos de nuestro socio comercial del norte protestando a que se contraviene a lo establecido en el T-MEC, inhibiendo así la inversión en nuestro país. Y bueno, no es para menos, pues la materia energética siempre será objeto de pugnas políticas entre las grandes potencias que necesitan de recursos energéticos para satisfacer sus mercados, y los países con dichos recursos que son presionados para ceder ante las grandes trasnacionales. Lo que hará la diferencia es el actuar de un gobierno entreguista o de un gobierno que sepa realizar una política inteligente que permita defender la soberanía energética si es que aún la hay.

El investigador de la UAM, Armando Bartra, así como el académico de la UAEM, Heriberto Cajigal, mencionan que es indispensable que México tenga soberanía energética, un tema del que adolece el país en virtud de las políticas neoliberales que tienden a su detrimento, pero ¿qué es la soberanía energética?

Bajo un contexto democrático, la soberanía energética implica que la energía es un bien común donde el pueblo tienen el derecho y la capacidad para determinar el cómo gestionar su producción y uso para la satisfacción de sus necesidades. Esto implica su financiamiento y su regulación.

En este sentido, México no puede crecer ni desarrollarse económicamente si no cuenta con soberanía energética, donde en un panorama de globalización e ideología neoliberal los gobiernos mexicanos entraron a partir de la década de los años ochenta en una lógica para integrarse a dicho panorama por lo que emprendieron políticas para la liberalización económica y por ende el adelgazamiento del Estado. El resultado después de tres décadas es la acumulación de la riqueza en unos pocos, donde se acrecentó la desigualdad social, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización de la mano de obra mexicana.

Por lo tanto, se dio pauta mediante “reformas estructurales” a la entrada de la iniciativa privada tanto nacional pero sobre todo extranjera en áreas económicas estratégicas que fueron menguando temas como la soberanía alimentaria y la energética. Esta última fue objeto de la reforma en 2013 a los artículos constitucionales 25, 27 y 28 bajo el gobierno de Peña Nieto que dio la apertura a la liberalización de los energéticos bajo el discurso de reducir los precios de la luz y los combustibles, pero se vio que no fue así, y además antes de finalizar el sexenio mencionado se liberalizaron los precios de la gasolina. Se dijo en su momento que dichas políticas eran necesarias para producir más petróleo con la ayuda de la inversión privada pero posteriormente se dijo que se “acabó con la gallina de los huevos de oro”.

En síntesis, lo que se buscó con la reforma energética fue legalizar la participación de la iniciativa privada, principalmente de las grandes trasnacionales, y para ello se fue desmantelando poco a poco las dos empresas paraestatales (hoy empresas productivas del Estado) enfocadas al tema energético. Recordemos que el gran motor de la industrialización de México durante el siglo XX fue Pemex, siendo la industria petrolera la que le deba más recursos monetarios al gobierno mexicano pero con la corrupción que caracterizó a la burocracia (ejemplo de ello el caso Lozoya) fue que poco a poco se exprimió dicha industria aunado a que siempre estuvo latente la intervención de empresas trasnacionales para hacerse del oro negro mexicano (no por nada ha habido grandes presiones a gobiernos latinoamericanos para que den pauta a la intervención extranjera a sus recursos energéticos teniendo los ejemplos de Argentina y Venezuela).

Con la llegada de López Obrador al gobierno se busca recuperar el control de la industria energética apoyándose nuevamente en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos, haciendo a un lado el tema de las energías renovables. En este sentido, hay que tener presente que el motor de la energía durante el siglo XIX fue el carbón, en el siglo XX fue el petróleo, y ya en el siglo XXI son las energías renovables las que deben dar la pauta. Por lo tanto, lo lógico y lo ideal es que México ponga la mira en dichas energías, sin embargo, el presidente ha generado polémica al respecto.

Lo anterior en virtud de que con la reforma energética de Peña Nieto se incentivó a que empresas privadas participaran como nunca se había hecho en la explotación de la industria petrolera así como en la generación de energías renovables con contratos hasta cierto punto “leoninos” dejando en un segundo plano a Pemex y la CFE. Y bajo tales circunstancias, es que López Obrador está llevando una política para posicionar a las instituciones mencionadas en aras de recuperar la soberanía energética, sin embargo, hay que considerar que las energías renovables son ya una necesidad atendiendo a la cada vez más devastada situación ambiental, y por lo tanto, la CFE como Pemex deben ser reestructuradas para que produzcan energías limpias y no se queden rezagadas con energías fósiles.

Cabe señalar que las acciones del presidente de México en este rubro están siendo señaladas tanto por la oposición mexicana como por políticos de nuestro socio comercial del norte protestando a que se contraviene a lo establecido en el T-MEC, inhibiendo así la inversión en nuestro país. Y bueno, no es para menos, pues la materia energética siempre será objeto de pugnas políticas entre las grandes potencias que necesitan de recursos energéticos para satisfacer sus mercados, y los países con dichos recursos que son presionados para ceder ante las grandes trasnacionales. Lo que hará la diferencia es el actuar de un gobierno entreguista o de un gobierno que sepa realizar una política inteligente que permita defender la soberanía energética si es que aún la hay.

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