Existe un prejuicio social contra quienes usan, abusan o padecen adicción a alguna droga; también lo tuvieron por desgracia, quienes aprobaron desde el Senado, el dictamen sobre uso de la mariguana.
Fue evidente la visión conservadora que continuó impidiendo el uso lúdico de la mariguana dándole la vuelta a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de respetar el libre desarrollo de la personalidad.
El Senado insiste en tratar a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos como “mascotitas” que deben de ser alimentadas, protegidas y domesticadas por el Estado. No se atrevieron a reconocer a las personas como adultas, con capacidad de raciocinio propio. Todo indica que el dictamen estuvo influido por la idea de seguir considerando a consumidores como delincuentes.
La despenalización permitiría incluso su prevención no basada en estereotipos como esas campañas que escuchamos todos los días en donde el crimen es sólo resultado del consumo de estupefacientes.
Un paso trascendental hacia la no criminalización de consumidores, debería comenzar con la despenalización total sobre el uso lúdico y recreativo de la cannabis, tomando como base la jurisprudencia de la SCJN después de resolver 5 amparos indispensables para lograrla. La Corte determina que en la prohibición se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta jurisprudencia resolvió por lo tanto, autorizar el consumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos, y eso debería garantizar sin cortapisas, el Estado mexicano.
Partiendo de lo anterior lo que necesita resolver el Congreso de la Unión es dejar atrás ya el prohibicionismo y transitar al modelo que garantice la norma legal en todas las etapas desde la siembra, producción hasta la comercialización y consumo de la mariguana, tomando las medidas de prevención de las personas menores de edad. Hay modelos exitosos que pueden considerarse, tanto de los estados norteamericanos que ya la legalizaron, o el modelo de Uruguay que es dirigido por el Estado. Pero la minuta aprobada por el Senado de la que sería una nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis y las reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud aprobadas y enviada a la Camara de Diputados para su revisión, si bien permite el uso personal y su comercialización para las personas adultas, limita a 28 gramos la cantidad para consumo y continúa punitiva al preservar la sanción penal contra quien posea más de 200 gramos; también mantiene la presunción de culpabilidad por delincuencia organizada. Una evidencia más es que se sigue penalizando la venta libre en establecimientos comerciales. Si como dice el texto se prohíbe hasta la investigación científica para de su uso terapéutico imaginen lo que sucederá en realidad para su uso recreativo.
Esperemos que la Cámara de Diputados en su revisión corrija y quite el prohibicionismo, concrete la apertura y sea enfática en ordenar incluso sanciones al incumplimiento de su implementación para que el decreto no termine como la pasada legislación de abril de 2017 en donde ni siquiera se permite adquirir con facilidad la cannabis hasta el 1% para atender enfermedades de epilepsias de niñas y niños.
El Senado resolvió mantener la simulación sobre la regulación de la mariguana; además contradijo a la jurisprudencia de la Suprema Corte.
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