Es un grave error ético y político enfrentarse y combatir desde el gobierno del estado al organismo protector de los DERECHOS Humanos (DH), representada por la CDH. En otros países les llaman DEFENSOR DEL PUEBLO, precisamente porque son organismos que protegen los derechos de la gente frente al estado.
El Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas escribió: "Los sistemas de protección de derechos humanos no debilitan al Estado, sino que dignifican y fortalecen sus instituciones".
Esto no lo entiende el gobernador y su gente, ellos quisieran una comisión a modo.
La CDH es un organismo autónomo, su titular llamado Ombusperson es nombrado por el Congreso de Morelos por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes del pleno. Esta condición otorga legalidad y legitimidad al titular y garantiza la autonomía para que el organismo no dependa del poder ejecutivo, ni del legislativo ni del judicial, para que pueda hacer su trabajo atendiendo estrictamente el marco legal en materia de los derechos fundamentales.
Cuando se crearon estos organismos, se creía erróneamente que eran para defender a los delincuentes. Y en efecto, uno de los temas más sensibles en materia de respeto a los DH tenía que ver precisamente con el trato de las personas detenidas y privadas de su libertad por parte de las instancias encargadas de procuración de justicia, de seguridad pública y de las fuerzas armadas. México vivió una etapa obscura en donde las desapariciones forzadas de opositores al régimen eran parte del sistema político post-revolucionario. El hermano de la actual Presidenta de la Comisión Nacional de los DH, Rosario Piedra Ibarra, fue víctima de esa política represora. Eran comunes las prácticas de tortura a los detenidos, interrogatorios en donde se daban vuelo con los mismos y en muchos casos se les pasaba la mano hasta ocasionarles la muerte. Uno de los casos recientes a nivel local fue el de Jethro Ramssés Sánchez Santana torturado y asesinado en Cuernavaca en Mayo del 2011, este joven fue detenido por la policía municipal de Cuernavaca en la feria de Acapatzingo y entregado al ejército. Su cadáver fue encontrado dos meses después en Atlixco Puebla y fue plenamente identificado por medio de pruebas de ADN en agosto de ese año.
Los organismos protectores de DH, oficiales y de la sociedad civil, son los que se han encargado de que se haga justicia, se castigue a los responsables y vigilar que no se vuelva a repetir ese tipo de conductas aberrantes.
Hoy en Morelos la CDH está trabajando muy bien en la salvaguarda de los DH de los morelenses, con seriedad y profesionalismo, apegada a derecho. Obviamente el trabajo responsable siempre resulta incómodo para las autoridades del Estado: para la Fiscalia General de Justicia, para la Comisión Estatal de Seguridad, para los responsables del sistema de reinserción social (cárceles ), para el DIF, obviamente para la secretaría de Gobierno y directamente resulta muy incómodo para el gobernador como primer responsable. Una comisión que no incomoda a la autoridad es aquella que no trabaja o está entregada al poder ejecutivo, no es el caso en Morelos. Veamos dos ejemplos que han incomodado mucho al gobernador: el primero es el diagnóstico presentado por la CDH de los penales que nos da una idea muy clara del abandono en que se encuentran las cárceles estatales, manejadas en este caso por auto gobiernos que hacen y deshacen adentro de los penales plagados de corrupción. Este diagnóstico que es público, en lugar de hacer enojar al gobierno, debería de ser un referente para que la autoridad corrija las fallas y enmiende errores; el segundo, recientemente la CDH denunció abusos y presuntos actos de tortura en un albergue para adolescentes del DIF, incluso salieron las fotos en un medio nacional de jóvenes con el torso desnudo, maniatados, hincados y sometidos violentamente por la policía estatal. Jóvenes que nos son delincuentes, son víctimas, son tratados como si fueran internos de un penal. Evidenciar estos hechos hizo que el gobierno reaccionara en contra del titular de la CDH, se le fueron con todo en el ámbito político, profesional y hasta en el tema personal obligándolo a cerrar la notaria de la cual es titular. El gobernador en lugar de cometer actos de venganza propios de otros tiempos, debería de corregir y sancionar a los funcionarios que no entienden y que se sienten impunes pisoteando los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El gobernador y el secretario de gobierno deben de saber que la CDH y su titular no son el problema, no son quienes los exhiben ante el mundo como un gobierno inepto e incapaz, son sus funcionarios que no funcionan y su soberbia monumental que les impide ver la terca realidad.
La Comisión de Derechos Humanos del estado tiene la solvencia moral, política, y la autonomía necesaria y suficiente para resistir los embates de un gobierno rebasado por la inseguridad, la violencia y la crisis social que vive Morelos.
