Posiciones polarizadas en poco o nada ayudan a la búsqueda y consolidación de instrumentos para la seguridad de la ciudadanía.
La cultura de la legalidad se fundamenta en la aplicación correcta de las normas por parte de todas y todos los ciudadanos. En materia de seguridad y justicia esto es central.
Un fenómeno delictivo viene en franco crecimiento en Morelos y hace urgente enfrentarlo en toda dimensión y con los mismos instrumentos que utilizan los delincuentes: la tecnología.
El reporte DISÍ del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que analiza la incidencia delictiva en el país, revela un aumento de 56% en las denuncias por extorsión, al primer bimestre del año en Morelos en comparación con el mismo periodo del 2020.
Este delito tiene una doble afectación. Por un lado, altera las emociones de las víctimas con amenazas y miedo. Por otra parte, está la afectación al patrimonio económico.
Actualmente, las personas tienen mejor conocimiento de la cultura de la prevención. Así lo demuestra el hecho de que fracasen el 93% de las llamadas extorsivas a nivel nacional y el 96% en la Ciudad de México.
Desde el Consejo Ciudadano impulsamos la tríada contra la extorsión: colgar-verificar-denunciar. El tercer paso es muy importante. Nuestro organismo cuenta con la app No+Extorsiones, con operación a nivel nacional, en la que se puede informar de la llamada y cotejar una base con más de 179 mil números telefónicos relacionados con este delito.
Además, la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533 5533 ofrecen apoyo jurídico y psicológico gratuito, 24/7.
En el combate a la delincuencia, las autoridades —en el caso de Morelos la Fiscalía encabezada por Uriel Carmona— requiere de herramientas modernas, que representen una opción de atención para las víctimas.
La semana pasada, el Senado aprobó, en una votación dividida, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación.
El instrumento, explicó la Senadora Lucía Meza, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, busca cerrar el paso al uso de celulares en la comisión de delitos, principalmente en extorsión, al integrar un registro de usuarios basado en datos biométricos.
El debate sobre esta herramienta se polarizó y politizó. La postura radical argumentó el peligro de espionaje o de mal uso de los datos entregados por los usuarios.
Sin embargo, actualmente dejamos datos biométricos para diversas operaciones e instituciones, desde bancos y colegios hasta redes sociales.
Radicalizar posturas y llevar la discusión de una herramienta que está en ciernes no favorece a las víctimas en su necesidad de seguridad y justicia, ni en Morelos ni en el país.
@guerrerochipres
