La larga tregua de la transición del gobierno entre la elección y la toma de protesta del presidente electo -cinco meses- es sumamente interesante, mientras un poder se va acabando, el otro poder va emergiendo. Sumado esto a que la renovación del Poder Legislativo se concretó el primero de septiembre, nos encontramos que el próximo gobierno tiene una importante mayoría en las Cámaras y que se comienzan ya a perfilar los primeros cambios.
Desde el próximo gobierno se toman ya decisiones ejecutivas sumamente trascendentes y, por otra parte, se tiene la posibilidad de incidir en la política pública a través de las Cámaras desde ya.
Sin embargo, hasta la fecha existe una diversidad de actores en el periodo de transición; en el legislativo se vive una verdadera ebullición y se presentan numerosas iniciativas desde el partido que obtuvo la mayoría en las urnas el 1º de julio, provocando una enorme confusión en la vida política. Sobre todo, porque aún no queda claro cuáles desde estas iniciativas se plantean desde el nuevo gobierno y cuáles son iniciativas oficiosas de los propios legisladores.
Contribuye a la confusión, sin dudas, el hecho de que al ser presentadas desde el seno del partido mayoritario, las mismas tiene una potencialidad mucho mayor de convertirse en ley, que las presentadas por cualquiera otro partido, sobre todo cuando estas se presentan desde los liderazgos de las cámaras. Este es un fenómeno que merece una importante reflexión, puesto que es urgente que el nuevo gobierno encuentre los canales adecuados para saber cuándo se está en una o en otra situación.
La semana pasada se presentó una iniciativa para prohibir a los bancos el cobro de comisiones en diversos conceptos, lo que provocó un importante desplome del costo de las acciones de las instituciones de crédito mexicanas. El fenómeno que se provocó fue de tal magnitud que generó la necesidad de que el propio Presidente electo saliera al quite, para dejar en claro “…que en su campaña se comprometió a no hacer modificaciones legales en material fiscal y bancaria en los primeros tres años de su gestión.”
Esta situación nos produce reflexiones en dos planos. El primero relativo a la forma de comunicar y el segundo relativo a la forma en que se pueden dar los cambios.
Ciertamente, la nueva mayoría legislativa es absolutamente clara, fue el mandato de las urnas. Sin embargo, es necesario por la salud de México que los cambios legislativos sean graduales y no abruptos.
La manifestación del próximo Titular del Ejecutivo en el sentido de que se hornarán los compromisos de campaña y que no se realizarán cambios a la legislación fiscal o bancaria, abona en ese esntido y, además, me parece el camino correcto. Sin duda se avecinan cambios importantes, pero el principio de confianza legítima debe ser una importante consideración para las nuevas políticas públicas trazadas desde el legislativo, a fin mandar mensajes de certeza a los mercados, a los actores políticos y a la sociedad mexicana.
