/ martes 28 de julio de 2020

El acceso a la información es un derecho de todos

El Derecho a Saber en nuestro país entró en vigencia hace 18 años y desde aquel entonces, los marcos jurídicos han cambiado y los Órganos de Transparencia en el país han sumado nuevos retos que implican redoblar esfuerzos, con la intención de que los habitantes conozcan, consulten y soliciten los asuntos públicos que –sin duda- repercuten en la vida cotidiana de las diferentes comunidades.

Estas comunidades son sectores de la población con sus propias características económicas, sociales y culturales, a las que se les debe llegar de una manera en particular; y es que, si bien es cierto, a más de una década, hay estados donde el cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia (información que debe ser abierta sin que la Ley lo estipule) no se ha consolidado como un ejercicio de todas las personas recurrente.

Aún existe resistencia por parte de los Sujetos Obligados a facilitar la información que marca la Ley de Transparencia, los habitantes desconocen los beneficios de solicitar información y las condiciones de marginación y pobreza marcan el estancamiento de un derecho humano que puede cambiar para bien la vida de una persona, una familia, una comunidad o una entidad federativa.

Los territorios con alta marginación y los pueblos indígenas representan un trabajo titánico para cada ente de transparencia; estos sectores de la sociedad implican una socialización del Derecho a Saber, a través de un programa integral que incluya la visión de los pueblos indígenas o los sectores marginados.

En ese sentido el Órgano de Transparencia en Morelos tiene una meta ambiciosa que pretende no solo consolidar el derecho de acceso en los diferentes niveles socioeconómicos, sino concientizar a la población que cualquier persona pude acceder, conocer y hacer uso de la información como parte de un desarrollo común.

Y para lograrlo, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) ha desarrollado un primer acercamiento con el sector indígena al haber realizado un contenido didáctico para niños en náhuatl, en el que se explica qué es la transparencia, y la implementación- junto a los 32 titulares de los órganos garantes del país- del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI).

Enfocado a los municipios indígenas de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco; el plan busca propiciar que todas las personas conozcan y usen este derecho como una herramienta que incida en su vida cotidiana.

Se deberán implementar acciones definidas a través de canales correctos de comunicación (radios comunitarias, carteles, volantes, periódicos murales, audiovisuales pedagógicos, mantas y folletos) que permitan establecer las bases de una cultura de transparencia; que oriente, guie, asesoré y permita buenas prácticas en las administraciones públicas de estos nuevos municipios indígenas.

El Derecho a Saber en nuestro país entró en vigencia hace 18 años y desde aquel entonces, los marcos jurídicos han cambiado y los Órganos de Transparencia en el país han sumado nuevos retos que implican redoblar esfuerzos, con la intención de que los habitantes conozcan, consulten y soliciten los asuntos públicos que –sin duda- repercuten en la vida cotidiana de las diferentes comunidades.

Estas comunidades son sectores de la población con sus propias características económicas, sociales y culturales, a las que se les debe llegar de una manera en particular; y es que, si bien es cierto, a más de una década, hay estados donde el cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia (información que debe ser abierta sin que la Ley lo estipule) no se ha consolidado como un ejercicio de todas las personas recurrente.

Aún existe resistencia por parte de los Sujetos Obligados a facilitar la información que marca la Ley de Transparencia, los habitantes desconocen los beneficios de solicitar información y las condiciones de marginación y pobreza marcan el estancamiento de un derecho humano que puede cambiar para bien la vida de una persona, una familia, una comunidad o una entidad federativa.

Los territorios con alta marginación y los pueblos indígenas representan un trabajo titánico para cada ente de transparencia; estos sectores de la sociedad implican una socialización del Derecho a Saber, a través de un programa integral que incluya la visión de los pueblos indígenas o los sectores marginados.

En ese sentido el Órgano de Transparencia en Morelos tiene una meta ambiciosa que pretende no solo consolidar el derecho de acceso en los diferentes niveles socioeconómicos, sino concientizar a la población que cualquier persona pude acceder, conocer y hacer uso de la información como parte de un desarrollo común.

Y para lograrlo, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) ha desarrollado un primer acercamiento con el sector indígena al haber realizado un contenido didáctico para niños en náhuatl, en el que se explica qué es la transparencia, y la implementación- junto a los 32 titulares de los órganos garantes del país- del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI).

Enfocado a los municipios indígenas de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco; el plan busca propiciar que todas las personas conozcan y usen este derecho como una herramienta que incida en su vida cotidiana.

Se deberán implementar acciones definidas a través de canales correctos de comunicación (radios comunitarias, carteles, volantes, periódicos murales, audiovisuales pedagógicos, mantas y folletos) que permitan establecer las bases de una cultura de transparencia; que oriente, guie, asesoré y permita buenas prácticas en las administraciones públicas de estos nuevos municipios indígenas.

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