Diferentes posturas han surgido derivado de la reforma administrativa que pretende desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sujetar sus obligaciones y capacidades a la Secretaría de la Función Pública.
Algunos visualizan a esta institución, garante de dos derechos fundamentales, como un ente que ha cumplido las expectativas a medias y que ha canalizado erróneamente el recurso financiero en programas poco eficaces en pro de la consolidación de ambos derechos.
Otros, resaltan que la existencia del INAI ha dado pauta a conocer significativos actos de corrupción como el caso de “La Casa Blanca”, investigación periodística que señalaba que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto había comprado una propiedad de lujo a un grupo empresarial a cambio de contratos millonarios con el gobierno.
Lo cierto es que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha dado las bases para documentar actos ilícitos como el mencionado y otros más, ejemplos: “caso Duarte”, “la estafa maestra”, “Ayotzinapa” y los desvíos millonarios de Pemex.
Las solicitudes de información han sido la herramienta exacta para cuestionar, dar seguimiento, investigar, fundamentar, analizar e interpretar un escenario que refleja las prácticas corruptas en la función pública.
Si lo analizamos desde esa óptica, el minimizar el ejercicio de vigilar y cuestionar lo que las instituciones hacen o dejan de hacer, catapultará a la sociedad a un contexto de simulación que estanque el avance y desarrollo de cada entidad federativa.
Defender los logros de las instituciones y su utilidad, debe ser intención de todo ciudadano, es decir, debemos rehusarnos a ser despojados de nuestros derechos, indiscutiblemente.
Todos necesitamos acceder a la información institucional, los medios de comunicación necesitan datos para mostrar la verdad y los catedráticos que buscan entender mejor la realidad requieren de información para comprenderla; las personas que requieren protección para sus datos personales o acceder a documentos oficiales para evitar las arbitrariedades de los poderosos saben y reconocen que el derecho a saber es una herramienta social.
El derecho a saber cuenta ya con 18 años de antigüedad y ha generado resultados para enjuiciar a más de uno y consolidar una verdadera nación democrática, falta mucho por hacer, no lo discuto, pero se debe apostar al fortalecimiento de las instituciones y no por su eliminación.
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