A más de un mes de que integrantes del movimiento Cultura 33+3, que promueve la defensa de los derechos culturales en Morelos, exhortara al Congreso del estado a retomar el proceso de publicación del proyecto de Ley de Cultura, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) solicitó al cuerpo legislativo presentar un informe sobre la situación actual del proyecto, luego de que uno de los integrantes del movimiento iniciara una queja ante el organismo estatal.
En abril pasado, la antropóloga Bárbara a Martínez lamentó que los conflictos que imperaban dentro del congreso frenaran la publicación de la ley e hizo un primer llamado a los legisladores a retomar el tema.
“Es una ley que enmarca jurídica la política cultural del estado, es decir, qué políticas se deben seguir para promover los derechos culturales de las personas, el desarrollo cultural de las comunidades, de los municipios. Para proveer de herramientas jurídicas a las personas en la defensa de sus derechos culturales”, dijo entonces Bárbara Martínez.
Esta vez, fue Miguel Rueda quien inició la queja ante el organismo estatal de derechos humanos, haciendo un exhorto a la legislatura y a las instituciones involucradas para que la ley se publique a la brevedad en el periódico oficial Tierra y Libertad. En respuesta, la CDHMor dio un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la notificación del acuerdo, al gobernador, a la comisión de educación y cultura del congreso, el secretario de gobierno el estado y la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura informar el estado actual del proyecto, así como llevar a cabo mesas de trabajo para brindar seguimiento al tema. El documento está fechado en el 19 de mayo, pero fue este lunes cuando el colectivo lo recibió.
La aprobación de la Ley de Cultura por el Congreso del estado, en diciembre pasado, fue resultado de un trabajo de 10 años encabezado por Cultura 33+3, un colectivo integrado por promotores, artistas, historiadores, investigadores y ciudadanos cuyo propósito era dotar a Morelos de un marco legal para cimentar las políticas culturales de la entidad.
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