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Avances Legislativos en la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas

  • Gabriela Williams

POR GABRIELA WILLIAMS 

A propósito de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas, no está de más referir que desde que se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hace apenas una década, el concepto de violencia se ha ido configurando desde la física, sexual, para evolucionar en el amplio mundo de los tipos de violencia visibilizando la psicológica, patrimonial, económica y los múltiples ámbitos en los que se ejerce en su contra (familiar, laboral y docente, institucional y en la comunidad).

Si bien esta Ley a nivel nacional fue un parteaguas que puso marco a la ola de feminicidios documentados desde la década de los años 90, del siglo pasado, en la ciudad de Tijuana, al norte del país; lo cierto también es que, los estudios sobre esta problemática siguen identificando formas y modos de ejercerla.

Tal es el caso de la violencia política en razón de género, definida así en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal –decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 17 de julio de 2017, con lo que ya suman 18 entidades federativas del país, las que incluyen esta modalidad en sus respectivas leyes locales; en tanto la reforma emitida por la Cámara de Senadores para impactar la Ley General, la cual está pendiente en las mesas de la Cámara de Diputados-, y refiere de manera precisa –modalidad IX, artículo 7-, que esas acciones dolosas están encaminadas a obstaculizar el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de la afectada, o ejercer las atribuciones de su cargo público.

Aunque se refiere a la violencia política como agravante. Lo ideal es que sea tipificado como delito electoral para otorgar celeridad al proceso, siendo oportuna su resolución en los tiempos electorales que estamos viviendo.

Se sabe que este tipo de violencia es invisible, las más de las veces, que los mecanismos utilizados son, sobre todo, estereotipos de género que invalidan sus aptitudes como políticas, de allí la urgencia de no sólo visibilizarla, sino de promover que las candidatas a puestos de elección popular tomen conciencia, documenten cualquier irregularidad que las afecte y denuncien ante las autoridades judiciales electorales.