Las batallas electorales por conquistar el gobierno del estado de México siempre han tenido notorios rasgos de violencia política, acompañados por la compra masiva de votos y la realización de campañas de estado, es decir, los gobiernos de la entidad en tales momentos se han convertido en aceitadas máquinas de obtener votos, por la buena o por compra directa.
Así ocurrió en la elección del 2017, cuando resultó electo el actual gobernador Alfredo del Mazo, hijo y nieto de gobernadores, primo de Peña Nieto y miembro distinguido del Grupo Atlacomulco. La candidata de la izquierda, Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública –y probable candidata de nuevo a gobernadora-- tuvo mayor número de votos que el candidato del PRI, pero en aquella ocasión Del Mazo contó con el apoyo del PVEM, PES y Nueva Alianza.
El PES ya desapareció, solo quedaría a la derecha el apoyo de Nueva Alianza. En esta ocasión la coalición de izquierda tendrá el apoyo del PVEM, además de que la relación de fuerzas está cambiando de manera acelerada, ya que de acuerdo con cifras preliminares la coalición de izquierda tiene en este momento mayores preferencias. Las recientes encuestas arrojan la cifra de 46% en favor de la coalición de izquierda, contra 38% del PRIAN.
El PRI extremista y dinosáurico, atrincherado en el Grupo Atlacomulco, ha enviado un mensaje de guerra al gobierno federal. El Consejo Nacional del INE, presidido por Lorenzo Córdova, recién designó por unanimidad a la doctora Amalia Pulido Gómez --graduada en Ciencias Políticas y dueña de un currículum académico destacado-- como presidenta del Consejo local responsable de organizar y calificar las próximas elecciones del Edomex.
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La nueva presidenta tiene notas académicas encomiables, pero presenta dos puntos negativos: primero, no tiene experiencia electoral, o sea tiene buen perfil tecno-burocrático, pero carece de la experiencia necesaria para manejarse en un mundo repleto de lobos en las estepas electorales.
Además, es esposa de Bernardo Almaraz Calderón, actual directivo del Consejo de Ciencias estatal y antiguo funcionario de seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, la nueva funcionaria forma parte, vía matrimonial, del equipo cercano al gobernador Del Mazo.
Por lo demás, el funcionario que maneja realmente el órgano electoral local es Javier López Corral, secretario técnico del mismo, quien ha permanecido varios años en el cargo, y es quien dispone realmente de los recursos financieros y dicta la línea del instituto en su conjunto. Una especie de cacique electoral con antecedentes de mapache, amigo personal de Enrique Peña Nieto, quien a través de este personaje tiene las manos metidas de lleno en el proceso electoral del estado.
No hace falta ser experto en política para entender el mensaje de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Pablo Gómez, quien acaba de informar sobre la apertura de una investigación financiera acerca del dinero recibido por el expresidente EPN. Cuenta además en este contexto la investigación iniciada también contra Angélica Rivera, exesposa de EPN, y algunos de sus familiares cercanos.
El mensaje es muy claro frente a los preparativos de guerra sucia del PRI en el Edomex. Tiene etiqueta destinada al Grupo Atlacomulco, donde participa el exgobernador Arturo Montiel, tío de EPN, quien figura como el más extremista y retrógrado defensor de su esclerótico partido.
Recordemos que el PRI hasta el momento –bajo el mando de “Alito” Moreno—ha perdido 21 de 23 gubernaturas que manejaba antes de 2018. La mayoría de esas pérdidas ha ocurrido en las recientes elecciones de 2021 y 2022. El tricolor se comporta hoy como fiera acorralada.
El castigo por perder la joya de la corona --en realidad la única caja chica que les queda en el país-- será la desaparición completa del PRI del mapa electoral mexicano. Ese partido perdió el poder en 2000 a manos del PAN, pero pudo renacer de sus cenizas y llegar de nuevo a Los Pinos en 2012, fue financiado por varios gobernadores que se unieron en torno a la figura telegénica de EPN. La importancia del Edomex es histórica y fundacional para el partido tricolor.
Aparecen así en el escenario los contendientes de las batallas previas a la elección del 2023 en Edomex: por un lado, el INE con el nombramiento irresponsable de una Consejera presidente en un órgano local electoral ya previamente sí colonizado por el PRI. No le han ahorrado ni el papelón a la nueva presidenta, que tomará posesión como simple instrumento del cacique López Corral.
Por el lado de la coalición de izquierda, hay una respuesta enérgica emanada de los contendientes, que han señalado a Peña Nieto como responsable principal del envalentonamiento del PRI en su terruño natal. El partido tricolor se dispone a presentar batalla por su existencia en la entidad mexiquense.
Esa actitud beligerante sería aceptable si lo hiciera respetando las normas democráticas. Pero queda claro que se prepara a usar sus viejas artimañas como partido de estado –entre ellas la absoluta parcialidad del órgano electoral—que todo le ha solapado, y llegó al extremo de dejar impunes a los grupos de pandilleros que en la elección de 2017 reventaron casillas electorales a palos.
Los principales candidatos de la izquierda para gobernar el Edomex proceden, en su mayoría, del Grupo Texcoco, del que forman parte Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Martínez. También es precandidato Alejandro Encinas, actual subsecretario de Gobernación que atiende los Derechos Humanos, y tiene a su cargo las investigaciones relacionadas con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y, en fecha más reciente, de la Comisión de la Verdad.
Todos ellos han denunciado, en diferentes tonos, la injerencia del gobierno estatal priísta, de EPN y del INE en el proceso electoral. La denuncia de los precandidatos de Morena y su aliado PT es una seria llamada de atención para que toda la izquierda movilice a sus cuadros y grupos aliados, a la lucha democrática por el respeto a la legalidad institucional y por la limpieza del proceso en su conjunto.
