/ miércoles 8 de febrero de 2023

México exige devolución de 700 millones de dólares en Miami

Mientras en Nueva York se desahogan las audiencias del caso García Luna y desfilan los testigos de la Fiscalía de EU, el gobierno de México ha llevado adelante una demanda civil ante un juzgado de Miami, Florida, para reclamar la devolución a nuestro país de al menos 700 millones de dólares obtenidos de manera ilícita por el mencionado exfuncionario.

El reclamo de México se presentó en un juzgado de aquella ciudad inmediatamente después de que las autoridades de EU detuvieron a García Luna en Grapevine, Texas, incautaron sus cuentas y bienes y abrieron un juicio civil con el fin de adjudicar esos activos al Tesoro de EU.

El argumento central de la demanda de México se basa en que esos bienes fueron adquiridos por GGL de manera ilegal, porque provenían de recursos desviados del presupuesto público mexicano hacia sus cuentas, mediante contratos simulados con 39 empresas y fideicomisos manejados por socios de quien fuera funcionario del gobierno de Felipe Calderón.

Para valorar lo que representan los recursos desviados a favor de García Luna (calculados por lo menos en 700 millones de dólares) baste decir que la refinería de Deer Park, en Texas, le costó al gobierno mexicano 600 millones de dólares—unos 12 mil millones de pesos—mientras el presupuesto aprobado por el Congreso para el estado de Morelos en 2023 es de 22 mil millones de pesos (unos 1. 1 mil millones de dólares).

El órgano del gobierno mexicano responsable de formular esa demanda fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo entonces de Santiago Nieto, quien la presentó el 21 de septiembre de 2021. Un juez de la Corte de Florida declaró improcedente la solicitud, pero la persistencia de México hizo posible que tal medida se revocara. México es hoy reconocido formalmente como parte del juicio en calidad de reclamante de esos fondos.

Los proyectos del gobierno de AMLO para la construcción de obras de infraestructura requieren gran cantidad de recursos, que el gobierno mexicano rastrea y litiga para obtenerlos en donde se encuentran, dentro del esquema general de construir esas obras sin solicitar créditos del exterior. Asimismo, los programas de apoyo social –elevados a rango constitucional—requieren cada año el aumento sustancial de recursos para fondearlos.

El esquema financiero que permitió el desvío millonario de recursos de las dependencias mexicanas en favor de García Luna fue diseñado por él mismo, cuando ya contaba --al terminar el gobierno de Felipe Calderón-- con larga experiencia en el control y diseño de complejas redes de tráfico de fondos de la delincuencia organizada. GGL simplemente las rediseñó y las puso a su servicio.

Ante el gobierno de EPN (2012-2018) García Luna presentó varios proyectos sobre servicios de información. Una vez aprobados, los contratos fueron manejados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, así como por otras dependencias. El PAN también desvió en 2015 fondos de su prerrogativa pública a empresas de García Luna.

Al exfuncionario de Seguridad Pública, en su calidad de empresario privado relacionado con proyectos de información, le iba muy bien en sus negocios en México. Pero en busca de mayor seguridad y protección decidió trasladar su centro de operaciones a EU, donde tenía buenos contactos en las altas esferas del gobierno.

Estableció entonces su residencia principal en Miami, Florida, donde vivió desde 2013 a 2018 con su esposa Linda Cristina Pereyra en Golden Beach, en una mansión de lujo con embarcadero propio, valuada en 3.3 millones de dólares. También ocupaba en ocasiones otra residencia suya ubicada cerca, en Aventura, Florida, con valor de 2.3 millones de dólares.

El exfuncionario calderonista fue detenido en Dallas, Texas, el 10 de diciembre de 2019, cerca de donde tenía una casa en el suburbio de Grapevine. El gobierno de EU lo acusó y lo está procesando por varios delitos: conspiración para introducir drogas a EU; tráfico internacional; proyecto criminal continuado y falsedad en declaraciones para obtener su residencia en aquel país.

El gobierno mexicano interpuso la demanda civil ante la Corte de Florida, la cual inicialmente fue rechazada. El gobierno de AMLO apeló la medida y al fin logró que se reconociera el derecho de México a participar en el juicio como parte interesada. La demanda mexicana va dirigida contra 39 empresas fachada y fideicomisos que se fondearon con recursos federales desviados. Las empresas de su propiedad establecidas en Panamá –a través de diversas triangulaciones— más tarde enviaban dinero periódicamente a García Luna en EU para mantener su lujoso tren de vida.

Una buena parte de las empresas de García Luna tenían su sede en Panamá, paraíso fiscal de fama siniestra. La empresa clave de su entramado fue NUNVAV, fundada y dirigida por María Vanessa Pedraza Madrid, quien colaboró con él cuando ambos trabajaron en la secretaría de Seguridad Pública de Calderón.

Los lazos entre ambos funcionarios fueron muy estrechos. Incluso Pedraza Madrid escribió un libro titulado “Control de confianza: hacia una nueva cultura policial para México”. El prólogo de la obra fue redactado por el propio García Luna. Es decir: entre ambos existía una sólida confianza y propósitos comunes.

Los socios israelíes de García Luna –Samuel y Alexis Weinberg-- vendían tecnología de software para generar inteligencia al servicio del gobierno mexicano. Y depositaban parte de las ganancias en Nunvav, que a su vez los transfería a las cuentas de GGL. Lo anterior representa solo el dinero “legalmente” obtenido por García Luna. Esos montos no incluyen los millones de dólares que la pagaron los delincuentes a cambio de su protección, y por los apoyos que les daba en información sobre denuncias penales y operativos preparados por las fuerzas armadas para decomisar sus cargamentos.

García Luna compartía una parte de esos fondos con los demás funcionarios responsables de su nivel y hacia abajo; pero también entregaba recursos con sus superiores en la jerarquía oficial –es decir, con Calderón—quien por razones obvias hoy niega cualquier conocimiento de tales manejos ilegales y ha preferido buscar la protección política de la derecha española.


Mientras en Nueva York se desahogan las audiencias del caso García Luna y desfilan los testigos de la Fiscalía de EU, el gobierno de México ha llevado adelante una demanda civil ante un juzgado de Miami, Florida, para reclamar la devolución a nuestro país de al menos 700 millones de dólares obtenidos de manera ilícita por el mencionado exfuncionario.

El reclamo de México se presentó en un juzgado de aquella ciudad inmediatamente después de que las autoridades de EU detuvieron a García Luna en Grapevine, Texas, incautaron sus cuentas y bienes y abrieron un juicio civil con el fin de adjudicar esos activos al Tesoro de EU.

El argumento central de la demanda de México se basa en que esos bienes fueron adquiridos por GGL de manera ilegal, porque provenían de recursos desviados del presupuesto público mexicano hacia sus cuentas, mediante contratos simulados con 39 empresas y fideicomisos manejados por socios de quien fuera funcionario del gobierno de Felipe Calderón.

Para valorar lo que representan los recursos desviados a favor de García Luna (calculados por lo menos en 700 millones de dólares) baste decir que la refinería de Deer Park, en Texas, le costó al gobierno mexicano 600 millones de dólares—unos 12 mil millones de pesos—mientras el presupuesto aprobado por el Congreso para el estado de Morelos en 2023 es de 22 mil millones de pesos (unos 1. 1 mil millones de dólares).

El órgano del gobierno mexicano responsable de formular esa demanda fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo entonces de Santiago Nieto, quien la presentó el 21 de septiembre de 2021. Un juez de la Corte de Florida declaró improcedente la solicitud, pero la persistencia de México hizo posible que tal medida se revocara. México es hoy reconocido formalmente como parte del juicio en calidad de reclamante de esos fondos.

Los proyectos del gobierno de AMLO para la construcción de obras de infraestructura requieren gran cantidad de recursos, que el gobierno mexicano rastrea y litiga para obtenerlos en donde se encuentran, dentro del esquema general de construir esas obras sin solicitar créditos del exterior. Asimismo, los programas de apoyo social –elevados a rango constitucional—requieren cada año el aumento sustancial de recursos para fondearlos.

El esquema financiero que permitió el desvío millonario de recursos de las dependencias mexicanas en favor de García Luna fue diseñado por él mismo, cuando ya contaba --al terminar el gobierno de Felipe Calderón-- con larga experiencia en el control y diseño de complejas redes de tráfico de fondos de la delincuencia organizada. GGL simplemente las rediseñó y las puso a su servicio.

Ante el gobierno de EPN (2012-2018) García Luna presentó varios proyectos sobre servicios de información. Una vez aprobados, los contratos fueron manejados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, así como por otras dependencias. El PAN también desvió en 2015 fondos de su prerrogativa pública a empresas de García Luna.

Al exfuncionario de Seguridad Pública, en su calidad de empresario privado relacionado con proyectos de información, le iba muy bien en sus negocios en México. Pero en busca de mayor seguridad y protección decidió trasladar su centro de operaciones a EU, donde tenía buenos contactos en las altas esferas del gobierno.

Estableció entonces su residencia principal en Miami, Florida, donde vivió desde 2013 a 2018 con su esposa Linda Cristina Pereyra en Golden Beach, en una mansión de lujo con embarcadero propio, valuada en 3.3 millones de dólares. También ocupaba en ocasiones otra residencia suya ubicada cerca, en Aventura, Florida, con valor de 2.3 millones de dólares.

El exfuncionario calderonista fue detenido en Dallas, Texas, el 10 de diciembre de 2019, cerca de donde tenía una casa en el suburbio de Grapevine. El gobierno de EU lo acusó y lo está procesando por varios delitos: conspiración para introducir drogas a EU; tráfico internacional; proyecto criminal continuado y falsedad en declaraciones para obtener su residencia en aquel país.

El gobierno mexicano interpuso la demanda civil ante la Corte de Florida, la cual inicialmente fue rechazada. El gobierno de AMLO apeló la medida y al fin logró que se reconociera el derecho de México a participar en el juicio como parte interesada. La demanda mexicana va dirigida contra 39 empresas fachada y fideicomisos que se fondearon con recursos federales desviados. Las empresas de su propiedad establecidas en Panamá –a través de diversas triangulaciones— más tarde enviaban dinero periódicamente a García Luna en EU para mantener su lujoso tren de vida.

Una buena parte de las empresas de García Luna tenían su sede en Panamá, paraíso fiscal de fama siniestra. La empresa clave de su entramado fue NUNVAV, fundada y dirigida por María Vanessa Pedraza Madrid, quien colaboró con él cuando ambos trabajaron en la secretaría de Seguridad Pública de Calderón.

Los lazos entre ambos funcionarios fueron muy estrechos. Incluso Pedraza Madrid escribió un libro titulado “Control de confianza: hacia una nueva cultura policial para México”. El prólogo de la obra fue redactado por el propio García Luna. Es decir: entre ambos existía una sólida confianza y propósitos comunes.

Los socios israelíes de García Luna –Samuel y Alexis Weinberg-- vendían tecnología de software para generar inteligencia al servicio del gobierno mexicano. Y depositaban parte de las ganancias en Nunvav, que a su vez los transfería a las cuentas de GGL. Lo anterior representa solo el dinero “legalmente” obtenido por García Luna. Esos montos no incluyen los millones de dólares que la pagaron los delincuentes a cambio de su protección, y por los apoyos que les daba en información sobre denuncias penales y operativos preparados por las fuerzas armadas para decomisar sus cargamentos.

García Luna compartía una parte de esos fondos con los demás funcionarios responsables de su nivel y hacia abajo; pero también entregaba recursos con sus superiores en la jerarquía oficial –es decir, con Calderón—quien por razones obvias hoy niega cualquier conocimiento de tales manejos ilegales y ha preferido buscar la protección política de la derecha española.