/ domingo 9 de enero de 2022

Urgente depurar la política en Morelos

El ejercicio de la política en Morelos, se ha visto ensuciada por las vinculaciones de distintos actores políticos con la delincuencia organizada, fenómeno antisocial que pone en riesgo la seguridad de los morelenses y la gobernabilidad del Estado. De ahí la urgencia de que se lleve a cabo una depuración a fondo de la política y de los políticos.

El pueblo de Morelos tiene el poder para acabar con ese tipo de actores que sólo contaminan el ejercicio de la política y generan más incertidumbre dentro de lo incierto que existe dentro de las propias estructuras de poder.

Si bien es cierto que las relaciones entre políticos y delincuentes no son nuevas, también es cierto que ahora son más descaradas y cínicas esas conductas que no abonan en nada a la política. Desde el sexenio de Jorge Carrillo Olea hasta la fecha, la política ha caído en la incredulidad, en el desprestigio y en el rechazo social por culpa de algunos cuantos personajes.

Si a la política se le sigue viendo como un negocio mezquino, más que como un servicio en beneficio del pueblo, Morelos difícilmente podrá superar las inercias generadas desde el carrilloleismo. Morelos, requiere de diputados, senadores, gobernadores, magistrados, alcaldes, regidores y servidores públicos con principios éticos y morales inquebrantables.

Las alianzas, los acuerdos o los negocios entre políticos y miembros de la delincuencia organizada sólo están provocando una descomposición política que, lamentablemente, recae en perjuicio del pueblo. Y una de las principales afectaciones es la seguridad pública. ¿Cómo un pueblo se puede sentir seguro y lejos de la violencia, si sus gobernantes y representantes populares están vinculados con la delincuencia?

Los narcoescándalos que se han suscitado en los últimos cinco meses, donde legisladoras, legisladores, senadores, el gobernador y hasta algunos sacerdotes de la Iglesia católica están involucrados directamente con la delincuencia organizada, exigen respuestas claras y deslindes contundentes. Hasta este momento, ninguno de los involucrados lo ha logrado hacer.

Todas y todos los inmersos en estas conductas inmorales, antiéticas y antisociales, por decir lo menos, están obligados aclarar sus conductas y la forma en como ejercen la política ante las Fiscalías correspondientes, sólo de esa manera, se podrá recobrar la confianza que ya han perdido ante la sociedad morelense.

Morelos no puede vivir en la sospecha de que sus autoridades del Poder Ejecutivo y el Legislativo estén involucrados, directamente, con los responsables de haber sumergido al estado en la violencia y la inseguridad. La Fiscalía del Estado de Morelos y la Fiscalía Genera de la República están obligados a intervenir y actuar de manera oficiosa frente a los visibles delitos que desde el poder se cometen.

Las complicidades y la impunidad no pueden ser el antídoto, por el contrario, debe prevalecer la ley y el Estado de Derechos. Morelos merece transitar hacia una real desvinculación del poder con la delincuencia. Quién no deba nada, que no tenga el temor de acudir ante el Ministerio Público. La depuración de los políticos será un reto que tendrá el pueblo para el 2024.

Lucy Meza, senadora por Morelos

Redes sociales: @LuciaMezaGzm

El ejercicio de la política en Morelos, se ha visto ensuciada por las vinculaciones de distintos actores políticos con la delincuencia organizada, fenómeno antisocial que pone en riesgo la seguridad de los morelenses y la gobernabilidad del Estado. De ahí la urgencia de que se lleve a cabo una depuración a fondo de la política y de los políticos.

El pueblo de Morelos tiene el poder para acabar con ese tipo de actores que sólo contaminan el ejercicio de la política y generan más incertidumbre dentro de lo incierto que existe dentro de las propias estructuras de poder.

Si bien es cierto que las relaciones entre políticos y delincuentes no son nuevas, también es cierto que ahora son más descaradas y cínicas esas conductas que no abonan en nada a la política. Desde el sexenio de Jorge Carrillo Olea hasta la fecha, la política ha caído en la incredulidad, en el desprestigio y en el rechazo social por culpa de algunos cuantos personajes.

Si a la política se le sigue viendo como un negocio mezquino, más que como un servicio en beneficio del pueblo, Morelos difícilmente podrá superar las inercias generadas desde el carrilloleismo. Morelos, requiere de diputados, senadores, gobernadores, magistrados, alcaldes, regidores y servidores públicos con principios éticos y morales inquebrantables.

Las alianzas, los acuerdos o los negocios entre políticos y miembros de la delincuencia organizada sólo están provocando una descomposición política que, lamentablemente, recae en perjuicio del pueblo. Y una de las principales afectaciones es la seguridad pública. ¿Cómo un pueblo se puede sentir seguro y lejos de la violencia, si sus gobernantes y representantes populares están vinculados con la delincuencia?

Los narcoescándalos que se han suscitado en los últimos cinco meses, donde legisladoras, legisladores, senadores, el gobernador y hasta algunos sacerdotes de la Iglesia católica están involucrados directamente con la delincuencia organizada, exigen respuestas claras y deslindes contundentes. Hasta este momento, ninguno de los involucrados lo ha logrado hacer.

Todas y todos los inmersos en estas conductas inmorales, antiéticas y antisociales, por decir lo menos, están obligados aclarar sus conductas y la forma en como ejercen la política ante las Fiscalías correspondientes, sólo de esa manera, se podrá recobrar la confianza que ya han perdido ante la sociedad morelense.

Morelos no puede vivir en la sospecha de que sus autoridades del Poder Ejecutivo y el Legislativo estén involucrados, directamente, con los responsables de haber sumergido al estado en la violencia y la inseguridad. La Fiscalía del Estado de Morelos y la Fiscalía Genera de la República están obligados a intervenir y actuar de manera oficiosa frente a los visibles delitos que desde el poder se cometen.

Las complicidades y la impunidad no pueden ser el antídoto, por el contrario, debe prevalecer la ley y el Estado de Derechos. Morelos merece transitar hacia una real desvinculación del poder con la delincuencia. Quién no deba nada, que no tenga el temor de acudir ante el Ministerio Público. La depuración de los políticos será un reto que tendrá el pueblo para el 2024.

Lucy Meza, senadora por Morelos

Redes sociales: @LuciaMezaGzm