Sin temor a equivocarme los sistemas de agua y saneamiento en nuestro país están pasando por su momento más crítico.
Ya desde antes de la pandemia enfrentaban retos muy grandes: fugas del 45% del agua, 25% de morosidad en el pago, tandeos al 86% de la población, 76% de la población prefiere comprar agua embotellada para beber porque no confía en la calidad del agua que recibe, mas de la mitad de sus descargas de aguas residuales no reciben ningún tratamiento, las tarifas estan sumamente rezagadas, los costos de la energía (su principal costo) están por la nubes.
En fin, un negro panorama que se tornó aún peor, la pandemia ha dejado sin empleo a mas de un millon de personas en el sector formal a otras tantas en el informal, y se estima que mas de un millon de empresas cerrarán. Si se estima que el PIB será de -8% (la peor crisis desde 1932 según el Secretario de Hacienda), la caída de los ingresos de los sistemas de agua se estima que será de entre el 20 y el 30%.
Ya dese antes de la pandemia, en un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), más del 95% del organismos operadores en ciudades de más de 50 mil habitantes tenía un margen de operación negativo, es decir, sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus costos, y eso que el estudio se hizo en ciudades media y grandes, imaginen la crisis en los organismos pequeños, y en las organizaciones comunitarias de agua. Pues despues de la pandemia eso se va a agravar.
Además, dado que el lavado frecuente de manos (y la higiene en general) es una de las principales formas de contener la propagación del virus, se ha hecho la recomendación a nivel mundial de evitar la suspensión del servicio; los organismos han respondido a ese llamado, se han portado a altura de las circunstancias, aún con sus múltiples problemas han dado la cara. Pero no van a poder sostener este esfuerzo por mucho tiempo.
Pero parece que son invisibles. Nadie los ve, nadie los oye. Los hemos dejado solos.
La semana pasada por ejemplo, se anunció que en el proyecto Lago de Texcoco, que se construirá en donde iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se invertirán 17 mil millones de pesos. En tanto que el presupuesto autorizado este año para los programas que subsidian las obras de agua y saneamiento en las 32 entidades del país apenas tiene 2 mil 500 millones.
Estándares internacionales recomiendan invertir el 0.3% del PIB en obras y acciones para dotar de agua a la población y a las actividades productivas, pero en México apenas se invierte el 10% de eso, es decir, el 0.03% del PIB.
El agua y el saneamiento son derechos humanos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas desde el 2010, México los incorporó a su constitución desde el 2012. En su visita a nuestro país en el 2017, el Relator especial de Naciones Unidas por el Derecho Humano al Agua, Leo Heller, hizo observaciones muy severas a nuestro país, la Ley de Aguas Nacionales no se ha adecuado, los Sistemas de Agua y Saneamiento no se han fortalecido, no han incrementado sus capacidades y sus eficiencias, los apoyos técnicos y financieros de los gobiernos estatales y del gobierno federal han disminuído drásticamente ¿entonces? ¿para qué lo pusieron en la constitución?
¿Quién va a defender este derecho humano?
¿Qué hace falta para que alguien lo atienda?
