El derecho a la información con sus aristas de pedir, obtener y publicar, ha transitado de la letra a la garantía, en ese sentido la vida democrática no puede entenderse sin la existencia de esa libertad de expresión, de la vinculación para dar a conocer lo que sirve a la población, pero también del cuestionamiento por errores cometidos en los gobiernos.
Dicho proceso ha sido pervertido por quienes comercian y anteponen un interés económico a la ética que demanda una profesión con tanto peso e impacto directo en la interpretación de la realidad de un pueblo.
Destinar el dinero de los mexicanos a publicidad, cuando los tiempos son del Estado (tal y como ocurre en las elecciones con respecto a los anuncios del INE) es innecesario; destinar el dinero de un pueblo hambriento a campañas de vanidad y posicionamiento de los representantes del gobierno, es obsceno.
Y más allá de esto, dinero público en medios de comunicación trae inherente la sospecha de una falta de imparcialidad en la información que se difunde a nuestra población.
La acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de exhibir a medios y periodistas que tuvieron contratos millonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lleva un mensaje de intimidación claro contra sus críticos.
Sin embargo no podemos desviarnos de lo más importante: la existencia de esa relación pervertida, a partir de esos contratos que constituyeron subordinación de facto de dichos medios de comunicación al gobierno federal.
El grave problema es que dejó una verdad damnificada y oculta, en base a esa relación comercial traducida en manipulación masiva.
Ahora bien, el Presidente no puede caer en excesos donde pareciera querer encontrar en la prensa a su oposición; la lista revelada puso desafortunadamente al portal Animal Político y me permito el calificativo, porque se trata de un portal que ha intentado dignificar la labor de investigación con un “periodismo independiente” fondeado por la gente en búsqueda de información real, sin sesgos.
En este momento, la sociedad demanda criterios claros y transparencia en todas las materias, poco se ha tocado jurídicamente a la libertad de expresión, durante la última década destaca la regulación sobre el derecho de réplica y la Ley de Comunicación Social, pero esta última tiene ambigüedades que traducen esa “legalidad” en el mejor disfraz para pasar de “chayotero” a “emprendedor”, con una comercialización tendiente a impactar la línea editorial.
Y el problema no es que cada medio tenga una tendencia o emitan opiniones, pues al final es también un género periodístico, el punto es intentan vendernos esa opinión como “noticia”, a manera de manipular.
En el matrimonio por conveniencia que en todos los anteriores sexenios representó el gobierno con la prensa, parece pasar una de sus peores etapas, López Obrador dice respetar a la prensa crítica en todos sus discursos, pero es difícil creer en la erradicación de antiguas afrentas, las elecciones del 2006 y la guerra sucia apoyada por muchos medios siguen presentes en la mente del tabasqueño, así lo muestra cuando menciona a los “fifís”.
Para nuestro entorno político son dañinos tanto los aplaudidores como aquellos que parecen estar dedicados a descalificar cualquier cambio.
Hoy más que nunca es necesario transparentar y justificar todo recurso económico para comunicación, por el bien de la desgastada credibilidad de los dos actores principales en esta trama: gobierno y medios.
La objetividad es indispensable para una prensa sana que transmita una imagen precisa de la realidad del país; si se pretende cambiar verdaderamente de régimen, la libertad de expresión será piedra angular en la cacareada 4T para no quedar en el simple eslogan sexenal.
Por lo tanto debe quedar bien claro al presidente de la república, que estos no son tiempos de revancha sino de cambio.
