César Arenas

  / jueves 7 de marzo de 2019

Terapia de electroshock

Nuevamente la inseguridad en Morelos ha rebasado a las autoridades. La situación es tan grave que, tanto el gobernador como el alcalde municipal de Cuernavaca, lo reconocieron en días pasados. A nadie le queda duda que la seguridad entró en una nueva fase crítica y lo preocupante es que no parece tener limites.

Al Estado le urge una terapia de electroshock que pueda hacer recuperar el ritmo cardiaco de un paciente moribundo. Este espiral negativo ya había sido diagnosticado desde tiempo atrás, pero había sido contenido con la esperanza y paciencia que la gente otorgaba a los nuevos gobiernos locales.

La primera señal se presentó con la publicación del índice de Estado de Derecho en México 2018, que emite World Justice Project (WJP). En dicho reporte se concluye que el Estado de derecho en México es débil generalizado, por lo que la violencia, corrupción e impunidad afecta a la mayoría de la población del país. En el caso Morelos, se identificaron rezagos en los indicadores de “orden y seguridad” y “cumplimiento regulatorio”. Pero en general, su baja evaluación ubicó a Morelos junto con Guerrero, BCS, Edo.Mex., Sonora, Puebla, Quintana Roo y la Cd.Mx.

Transparencia Internacional emitió la segunda señal de alerta con la publicación del índice de percepción de la corrupción 2018, en el que México continua su tendencia a la baja colocándose junto con países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano. Como lo señala el índice de Transparencia Internacional, las principales medidas adoptadas en México, y diría que también en Morelos, son de carácter preventivo sin efectividad.

La tercera señal llegó en semanas anteriores cuando la Fundación Konrad Adenauer, junto con otras instancias, publicaron el índice de desarrollo democrático 2018. Si bien la información está desfasada, nos permite mirar en retrospectiva a los ciudadanos que esperaban un nuevo gobierno, tanto federal como local. No asombra ya, que Morelos también se encuentre dentro de los peores estados evaluados, junto con Tlaxcala, Colina, Durango, BCS, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Jalisco. Las razones de este ranking no son difíciles de comprender: existe un baja calidad gubernamental, deficiencias del sistema político, bajo nivel de bienestar social y gestión para el desarrollo.

Finalmente, Morelos también tuvo una baja calificación en el Índice de Paz en México de 2017, que emite el Institute for Economics and Peace, lo cual colocó al estado como las peores entidades del ranking nacional; en otras palabras, Morelos fue considerado como una de las 10 entidades más inseguras en el país.

No se trata de abrumarnos con diagnósticos y datos que si no conocemos, los percibimos en nuestra vida cotidiana. Lo que de verdad importa de estos balances y comparativas, es que Morelos esta obligado a exigirle a sus gobernantes un alto grado de responsabilidad, de forma permanente y comprometido.

Lo que importa es comenzar la construcción de un cuarto poder que esté basado en la ciudadanía, porque si no pueden las autoridades quedamos nosotros para poder resolver los problemas que a todos nos afectan o afectarán tarde que temprano.

La sala de emergencias ya está lista, nos falta que ingrese el paciente a electroshocks.

Nuevamente la inseguridad en Morelos ha rebasado a las autoridades. La situación es tan grave que, tanto el gobernador como el alcalde municipal de Cuernavaca, lo reconocieron en días pasados. A nadie le queda duda que la seguridad entró en una nueva fase crítica y lo preocupante es que no parece tener limites.

Al Estado le urge una terapia de electroshock que pueda hacer recuperar el ritmo cardiaco de un paciente moribundo. Este espiral negativo ya había sido diagnosticado desde tiempo atrás, pero había sido contenido con la esperanza y paciencia que la gente otorgaba a los nuevos gobiernos locales.

La primera señal se presentó con la publicación del índice de Estado de Derecho en México 2018, que emite World Justice Project (WJP). En dicho reporte se concluye que el Estado de derecho en México es débil generalizado, por lo que la violencia, corrupción e impunidad afecta a la mayoría de la población del país. En el caso Morelos, se identificaron rezagos en los indicadores de “orden y seguridad” y “cumplimiento regulatorio”. Pero en general, su baja evaluación ubicó a Morelos junto con Guerrero, BCS, Edo.Mex., Sonora, Puebla, Quintana Roo y la Cd.Mx.

Transparencia Internacional emitió la segunda señal de alerta con la publicación del índice de percepción de la corrupción 2018, en el que México continua su tendencia a la baja colocándose junto con países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano. Como lo señala el índice de Transparencia Internacional, las principales medidas adoptadas en México, y diría que también en Morelos, son de carácter preventivo sin efectividad.

La tercera señal llegó en semanas anteriores cuando la Fundación Konrad Adenauer, junto con otras instancias, publicaron el índice de desarrollo democrático 2018. Si bien la información está desfasada, nos permite mirar en retrospectiva a los ciudadanos que esperaban un nuevo gobierno, tanto federal como local. No asombra ya, que Morelos también se encuentre dentro de los peores estados evaluados, junto con Tlaxcala, Colina, Durango, BCS, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Jalisco. Las razones de este ranking no son difíciles de comprender: existe un baja calidad gubernamental, deficiencias del sistema político, bajo nivel de bienestar social y gestión para el desarrollo.

Finalmente, Morelos también tuvo una baja calificación en el Índice de Paz en México de 2017, que emite el Institute for Economics and Peace, lo cual colocó al estado como las peores entidades del ranking nacional; en otras palabras, Morelos fue considerado como una de las 10 entidades más inseguras en el país.

No se trata de abrumarnos con diagnósticos y datos que si no conocemos, los percibimos en nuestra vida cotidiana. Lo que de verdad importa de estos balances y comparativas, es que Morelos esta obligado a exigirle a sus gobernantes un alto grado de responsabilidad, de forma permanente y comprometido.

Lo que importa es comenzar la construcción de un cuarto poder que esté basado en la ciudadanía, porque si no pueden las autoridades quedamos nosotros para poder resolver los problemas que a todos nos afectan o afectarán tarde que temprano.

La sala de emergencias ya está lista, nos falta que ingrese el paciente a electroshocks.

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