A tres décadas de su fundación, en la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, conformado por once personas, incluyendo el Consejero Presidente del órgano electoral, la mayoría han sido identificados como especialistas de la materia electoral.
A nuestro juicio, no sólo se debe ir a fondo en la definición de los ordenamientos que dan vida a un sistema electoral, sino a los mecanismos para su integración, en la designación de aquellos que serán responsables de vigilar que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada, para que efectivamente los votos se conviertan en cargos públicos.
Igualmente, tendrá que irse más lejos en la profesionalización y especialización de quienes se encuentran a cargo de las tareas electorales, para que asuman la toma de decisiones, so pena de ser removidos sin cumplir el tiempo por el cual fueron designados para cumplir su encomienda, como castigo por no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales.
Queda claro que si bien no ocurre en todas las democracias, sí sucede en muchas de ellas que los partidos políticos definen, y no la autoridad electoral que sólo lo formaliza legalmente, lo mismo la selección de las autoridades y ciudadanos a cargo de los procesos electorales, que los registros de las candidaturas y hasta los resultados con base en su presión y poder.
Por lo descrito, queda claro que la representación democrática de la sociedad mediante escaños en posiciones legislativas y ejecutivas no se cumple en muchos casos, particularmente en aquellos sistemas electorales hegemónicos o bipartidistas, incluso en muchos de los que presumen ser democráticos.
No obstante, insistimos, si bien el objetivo de los sistemas electorales no es garantizar una verdadera representación democrática, sino simplemente convertir los votos en escaños, su alta influencia en producir gobiernos no necesariamente representativos tiene que ser analizada más a profundidad y con verdadera seriedad, para evitar todo tipo de subordinación ante los partidos políticos.
La fortaleza de la arquitectura constitucional que produjo a los órganos electorales con autonomía del gobierno mexicano desde 1996, implica una oportunidad para el conjunto de los actores sociales y políticos, a fin de construir en la próxima elección de medio término en la cámara de Diputados y en las entidades federativas, un contrapeso a la administración del presidente, López Obrador.
No se trata únicamente de recobrar la perspectiva regional en la distribución del poder político local, sino de recuperar los equilibrios en torno a las tres ramas del poder público y plantear que la nuestra siga siendo una República tal como la concibió Kant, al designar que la distancia entre los despotismos y las Repúblicas es la división de poderes y ese es el reto no sólo de las oposiciones, sino de la insurrección organizada de la conciencia ciudadana en México, como lo expresan en 2020, las victorias regionales de las oposiciones en las elecciones en Coahuila e Hidalgo.
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