Dos manos relevantes en la política local se tendieron en público, prácticamente de inmediato al nuevo secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, la del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local y líder del bloque opositor, Francisco Sánchez Zavala; y el de la senadora morenista, crítica del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, Lucía Meza Guzmán. No es gratuito, quien fuera consejero jurídico del gobierno estatal y secretario municipal de Cuernavaca en la administración del Blanco alcalde, es nativo de Morelos y su personalidad conciliadora genera esperanza en algunos de que la relación entre el gobierno estatal y los actores políticos podría mejorar sustancialmente durante los próximos días. Para ello, sin embargo, resulta indispensable el acotar la influencia de figuras rupturistas al interior del gabinete y hasta, en alguna medida, matizar la personalidad peleonera del propio gobernador, lo que parece francamente difìcil, especialmente si no se concretan otros cambios que la gente espera, por ejemplo en seguridad pública, educación, desarrollo económico, turismo, entre otras oficinas que han sido incapaces de atender las necesidades de la gente.
Pensar que la sola incorporación de Samuel Sotelo a su nuevo despacho es suficiente para resolver la crisis de gobernabilidad que atraviesa Morelos, es casi equivalente a creer que quien arribó a la oficina es Henry Kissinger. Con todos sus talentos, Samuel Sotelo llega a una administración que tardó muchos meses en hacer los cambios necesarios; que generó los relevos por presión federal y para salvar un barco que parecía (aún lo parece) hundirse, y que no tiene el poder ni el interés suficientes para influir positivamente sobre otras esferas de gobierno.
La ruptura en el Congreso local, que mantiene semiparalizado al Poder Legislativo, deriva en gran medida de un cálculo del grupo en el poder para cerrar el paso a una creciente oposición que tiene la mayoría absoluta en el pleno. Bajo esa lógica, perpetuar la parálisis parece ser un interés fundamental de la alianza que se hizo del poder en el 2018 y estuvo a punto de perderlo todo en el 2021. Sotelo Salgado podría operar para la conciliación en el Legislativo, tiene el acceso a las fuerzas políticas que lo ven con cierto respeto, pero el lío no parece ser de interés especial para el Ejecutivo.
El acercamiento con los órganos autónomos, fiscalías, comisión de Derechos Humanos e institutos, tampoco parece posible en tanto si bien se nombró un conciliador en la secretaría de Gobierno, en la de Hacienda, responsable de las asignaciones y ministraciones presupuestales a dichos organismos y el resto de las dependencias gubernamentales, se encargó el despacho al directamente responsable de los magros presupuestos que limitan los resultados y en ocasiones hasta ahorcan a las instituciones autónomas del Estado, Gerardo López Huérfano. Es decir, el punto medular de control sobre los órganos que podrían acotar el poder del Ejecutivo, se mantiene intacto.
Otro conflicto que viene es el del Poder Judicial, que bajo el mando de Rubén Jasso Díaz ha enfrentado problemas operativos y de corrupción escandalosos. Al tiempo de escribir esta entrega no conocíamos aún el resultado de su elección interna, pero quien sea el próximo presidente enfrentará la serie de conflictos derivados de una administración que coleccionó errores y contribuyó bastante poco a la gobernabilidad en el estado.
Samuel Sotelo puede contribuir, pero difìcilmente es la solución a los problemas del estado.
dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
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