Los familiares y seres queridos de personas desaparecidas enfrentan un calvario que no debería tener razón de ser. La falta de información sobre el paradero y el desconocimiento sobre el peligro que corre la vida de quien desapareció se profundiza ante la ausencia de una respuesta institucional pertinente, que los ha llevado a emprender por su propia cuenta acciones de búsqueda.
Frente a ese escenario, la resolución de la Suprema Corte sobre un amparo a familiares de dos ex integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos hace 15 años en Oaxaca toma un cariz histórico, y la presentación de lo que será el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), en Xochitepec, abre una ventana de esperanza.
El dictamen del Poder Judicial federal señala que deberán declarar los mandos militares que participaron en la detención de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en mayo de 2007. Además, la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda deberán realizar diligencias en instalaciones castrenses.
Una resolución que sienta precedentes en los casos de desapariciones forzadas que puedan ser atribuibles al Estado, pues estos actos son una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde marzo de 1964, en México se han reportado 256 mil 144 personas en esta condición, de las cuales 3 mil 949 son de Morelos.
El mayor registro se tiene desde los últimos 12 años, pues en 2012 fue creado este sistema. Antes de esa fecha, los datos son vagos, en particular los correspondientes a la llamada Guerra Sucia, entre finales de la década de los 60 y los 80, y extendida a movimientos insurgentes de finales del siglo pasado y principios de éste.
El fallo de la Corte tiene implicaciones para miles de víctimas, como el garantizar las medidas de reparación integral del daño, asegurar el derecho a ser buscado y acceder a la verdad y la justicia. Sienta bases para acabar con la impunidad en casos de desaparición y es una oportunidad para el Estado mexicano de hacer valer la cooperación y colaboración de todas las instancias y reivindicar una completa transparencia.
En México hay 52 mil cuerpos que permanecen sin ser identificados en los servicios forenses y fosas comunes, por lo que el anuncio del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el gobernador Cuauhtémoc Blanco, de las adecuaciones al inmueble que albergará el Centro Nacional de Identificación Humana es una esperanza al garantizar el derecho a la identificación.
La perspectiva de los familiares es encontrar con vida a sus seres queridos, aunque deben explorarse todas las probabilidades, incluidas las más dolorosas, siempre con atención digna y suficiente.
