En los últimos años, el término “salud mental” ha salido de los espacios profesionales y se ha instalado enérgicamente como tema de discusión en la opinión pública.
Hablar de salud mental nos acerca al reconocimiento de una necesidad humana, la necesidad de que todas las personas tengan el derecho a un estado de bienestar físico, mental y social que les permita desempeñarse en sus actividades diarias, ser productivos y contribuir a su comunidad, tal como indica la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, las autoridades gubernamentales deben por mandato constitucional garantizar el derecho a la salud mental y el bienestar de la ciudadanía y por lo tanto, se hace urgente el impulsar una agenda de prevención y atención.
La prolongada cuarentena, la soledad, la tensión, el temor frente a la enfermedad y la pérdida de un ser querido sin poder despedirlo ha redundado en sentimientos de miedo, agobio, angustia y estrés con un alto nivel de incidencia, haciendo evidente la necesidad de reforzar la atención pública a los problemas de ansiedad y depresión en el estado. En la actualidad, se lee y se escucha acerca de la importancia de hacerse cargo de la “salud mental”. Sin embargo, es evidente el déficit que existe no solo en Morelos sino en México respecto a una atención oportuna para estas enfermedades. Una de las principales barreras es el estigma que aún existe asociado a los problemas de salud mental. Una sociedad que promueve el individualismo valora el que cada uno se las arregle por sí mismo, de manera que pedir ayuda no se valora y los problemas tienden a ocultarse, trayendo consigo una serie de consecuencias negativas de carácter social.
Además de los problemas estructurales como las bajas coberturas de atención en salud, el déficit de profesionales en el sistema público, y la baja periodicidad que tienen las acciones en este rubro; el presupuesto anual que se le “asigna” es considerado insuficiente para dar batalla a esta curva que hay que frenar. Frente a ello, debemos seguir más que nunca haciendo eco de estas necesidades, pues hoy tenemos la oportunidad de integrar la salud mental como temática para el gobierno. Necesitamos seguir visibilizando que es un derecho fundamental que debe estar presente de forma transversal en las distintas políticas públicas,como educación, desarrollo social, justicia, trabajo, medio ambiente, vivienda, entre otros. Pero, ¿cómo estábamos en términos de salud mental antes de esta pandemia? Es fundamental considerar que a los habitantes de nuestro estado esta pandemia no nos ha ido bien. Nuestras tasas de depresión, estrés y ansiedad, son elevadas comparadas con otros estados del país. Por otra parte, es urgente romper las barreras para acceder a una atención oportuna y de calidad, a fin de fortalecer las áreas de trabajo, mismas que deben incluir: planes y programas de apoyo, gestión de la atención, cuidado del personal de salud, trabajo colaborativo con los medios de comunicación, gestión de la información por las autoridades, la investigación e innovación.
Se deben tomar en cuenta los recursos y las capacidades existentes en las comunidades, favoreciendo su participación e incorporando una perspectiva integral sin prevalecer factores económicos por sobre los humanos. La salud mental debe estar al frente y al centro de las respuestas sociales. Para frenar esta curva, es indispensable la entrega de servicios básicos y de seguridad, el refuerzo de apoyo comunitario y familiar. En Morelos, la salud mental no debe ser un privilegio de pocos ni tampoco debe depender de buenas voluntades, sino que debe asegurarse un presupuesto digno para esta área.
