Desde sus campañas, los candidatos de Morena abanderaron la reducción salarial de la alta burocracia como una de sus promesas de gobierno.
No era muy significativo en términos económicos, pero en un país donde la mayoría de los trabajadores asalariados tienen ingresos insuficientes para cubrir la canasta alimentaria, la idea de reducir los emolumentos de una clase política que por años se había tratado espléndidamente parecía un buen intento reivindicador.
Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio, y si bien sus percepciones siguen siendo relativamente altas (si se les compara con el salario medio de los mexicanos) logró un ahorro de casi dos millones de pesos al año en términos de su nómina. Igual redujo el salario del resto de los funcionarios de los primeros niveles del gobierno federal, y también propuso e impuso reducciones a los presupuestos de los poderes que culminaron en una mayor “austeridad” salarial, un hecho que, sin embargo, no se ha visto reflejado en mejores percepciones de los trabajadores del país, aunque sí ha influido moderadamente en la reducción de la desigualdad salarial.
Estas reducciones no han ocurrido en Morelos donde el tabulador salarial de la alta burocracia no ha tenido incrementos en los últimos años, pero tampoco reducciones siquiera significativas. Si a esta condición se añade el hecho de las prestaciones, resulta que en el estado puede haber funcionarios que tengan percepciones mayores a las del presidente, aunque su nómina parezca un poco más baja. Si se calculan las percepciones de la burocracia sobre una base anual, resulta que las de la iniciativa privada, por ejemplo, son el equivalente a entre 12 y 13 meses de salario en promedio; las del gobierno federal alcanzan los 13.5 y hasta 14 meses; mientras que las de los trabajadores del estado de Morelos (incluidos los municipios) alcanzan los 15 y hasta 16 meses; con lo que algunos de ellos superan incluso las que recibe el presidente de la República.
Por ejemplo, un salario de 105 mil pesos mensuales en el poder judicial de Morelos, se traduciría en percepciones mensuales de casi 1 millón 600 mil pesos, contra un millón 458 mil que logra el presidente; un sueldo de 100 mil pesos en el gobierno estatal hace una percepción anual superior al millón 500 mil, también por arriba del salario del titular del Ejecutivo federal.
La diferencia no parece tan grande, equivale quizá a la mitad de un automóvil compacto último modelo, o a una enorme pantalla de televisión; pero la esencia de que nadie debiera ganar más que el presidente de la república, está rota en un estado que, además padece de enormes rezagos y de recurrentes crisis financieras.
El proyecto presupuestal de 2020 no prevé la reducción salarial de la alta burocracia, es un tema que se ha dejado de lado aparentemente en aras de no meter más fierros a la lumbre de los recurrentes conflictos entre los tres poderes del estado, y los que se mantienen con los ayuntamientos en una rispidez que ha permitido dejar intactas muchas cosas, como los tabuladores salariales del gobierno y muchos ayuntamientos. En los hechos, hay que reconocerlo también, poco ayudaría la reducción de salarios a la recuperación económica de la entidad, tampoco abonaría a la eficiencia gubernamental, ni a la recuperación salarial de los cientos de miles de trabajadores que viven en pobreza alimentaria y laboran en el mercado informal. En todo caso, lo que sigue extrañándose de la clase gobernante en el estado es la solidaridad. El proyecto de presupuesto 2020 tampoco incluye un programa de recuperación económica para la entidad, ni una estrategia de fomento al empleo formal, un esquema de reducción de precios, o algún beneficio a quienes no están inscritos en la alta nómina gubernamental. Los salarios de la burocracia se vuelven un tema importante cuando los del resto de la población son inseguros e insuficientes y los precios de los productos básicos continúan su tendencia ascendente.
Twitter: @martinellito
Correo: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
