Más que la rebatinga por las posiciones de poder en el Congreso del estado, que hacen pensar muy mal sobre los beneficios que pudieran generar a quienes, al final de la campal lucha sin cuartel, queden a cargo de los espacios o a quienes los disputaban con una saña que deja a un lado cualquier asomo de civilidad política; lo que debiera preocuparnos es el estado de descomposición de las instituciones gubernamentales que mantiene enajenados a muchísimos funcionarios y representantes provocando enormes huecos en la atención de las funciones elementales de la autoridad que hacen perder de vista fácilmente el rumbo del estado.
La violencia que azota a 10 municipios de la entidad, reconoce Ortiz Guarneros, no se concibe en términos numéricos (10 de 36 demarcaciones pareciera medio tranquilizador), sino en proporciones, mucho más de la mitad de la población del estado reside en los municipios azotados por el crimen. El empleo sigue registrando cifras negativas y por lo mismo el consumo y la producción también muestran cifras que comienzan a ser en extremo preocupantes. Y mientras, los políticos parecieran más interesados de que el centro de la atención de los morelenses siga ocupándose de la lucha intestina entre los amigos y adversarios de cualquiera de las facciones del poder que en el estado parece sólo una posibilidad y no un ejercicio.
Los enormes huecos que deja el gobierno en todas sus esferas y niveles en la entidad son profundamente peligrosos pues, en la lógica de la funcionalidad social, tienden a ocuparse de formas muy diversas. El descontrol de áreas completas de atención a la sociedad deriva, entre otras cosas, de la evidente imposibilidad de coordinarse de autoridades y representantes cuyas agendas de acción no coinciden, aparentemente, en ningún punto. La falla en el diálogo y la coordinación es evidente en partes del Ejecutivo, en el Judicial, y en el Congreso del estado, donde ha alcanzado a prácticamente todos los grupos cuya polarización les hace imposible alcanzar el acuerdo mínimo entre 14 legisladores para dar certeza final a sus órganos de gobierno.
El atraso de 48 días ya en los trabajos de la LIV Legislatura significa pérdidas millonarias por el impacto que se presume tendrían las reformas por aprobarse en el Legislativo; si a esa parálisis sumamos la que en el principio del año se tuvo por la falta de acuerdos en torno al presupuesto para este año, que igual significó la detención del gasto de inversión gubernamental por más de dos meses; el Congreso ha costado a Morelos mucho más de lo que su presupuesto asignado significa.
Alguien podría creer en las buenas intenciones de algunos contra la maldad absoluta de otros, pero lo cierto es que el problema tiene que ver más con una colección de errores que se convirtieron en afrentas que derivaron en el punto muerto que vivimos hoy. Probablemente el Legislativo, y los otros poderes, requieran de ejercicios de construcción de confianza a través del diálogo, si es que pueden ponerse de acuerdo por lo menos en la hora para tenerlo.
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Los hechos de violencia en Culiacán resultan profundamente lamentables. Las reacciones en torno a la situación de la tarde son variadas y algunas profundamente mezquinas. Señalar a alguna de las autoridades actuales o anteriores como responsables de los enfrentamientos es absurdo y aleja del tema fundamental que debiéramos estar atendiendo ahora mismo, ¿Qué acciones deben tomarse en adelante en Sinaloa, pero también en el resto del país, para frenar la violencia, el crimen y el profundo daño que se hace a la sociedad? Cualquiera de las discusiones que no tenga eso como centro es, por el momento, distractora de lo elemental. Los orígenes de la violencia, el crimen y el daño a la sociedad son tema para una discusión académica que es sana en otro momento, ahora lo que urge es alcanzar la tranquilidad que nos permita construir la paz.
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