En el largo recorrido por lograr la construcción de normas que garanticen la verdadera representatividad, hemos transitado lo mismo por el despotismo, monarquía e inclusive democracia, hasta arribar al denominado «gobierno representativo».
La estructura de este tipo de gobiernos está caracterizada por los mandatarios, los que gobiernan, que son designados a través de elecciones; ciudadanos libres para discutir, criticar y demandar en cualquier circunstancia, pero que no están capacitados para ordenar qué hacer al gobierno; a su vez, el gobierno se encuentra dividido en órganos separados que pueden controlarse recíprocamente, y está limitado en cuanto a lo que puede hacer por una Constitución, al tiempo que los gobernantes están sometidos a elecciones periódicas.
Se optó por esta forma de gobierno preponderantemente porque al menos teóricamente es la que mejor garantiza que los representantes estén en condiciones de gobernar y los ciudadanos en la de vigilar que lo hicieran bien y pusieran a salvo los intereses de la sociedad.
Mediante la evolución política en las formas de gobierno y de democracia llegamos a los gobiernos aristocráticos y oligárquicos, en los que los pocos gobiernan sobre la mayoría, pero la sociedad tiene a su favor aparentemente que sus representantes y gobernantes son electos por ellos en forma periódica, lo que es distintivo de toda democracia.
Efectivamente, nos dice la literatura que la democracia es representativa porque los gobernantes son electos. Pero incluso para que esto sea así, se requieren condiciones básicas: si las elecciones son libres y disputadas, diríamos hoy, competitivas; que la participación sea ilimitada, que los ciudadanos cuenten con libertades políticas. Teóricamente, esto garantizaría que los representantes y gobernantes actuaran anteponiendo el interés del pueblo.
Bajo esta perspectiva, tanto los partidos como los candidatos elaboran propuestas, proyectos de gobierno y explican a la sociedad en las campañas la forma como positivamente impactarían en el bienestar de la sociedad. Esto impone a los vencedores de toda elección el imperativo de la responsabilidad, es decir, la selección de los mejores proyectos para que sean evaluados positivamente por los electores, porque han de continuar su carrera política y con base en el resultado de su gestión tendrían o no el respaldo nuevamente de los votantes.
La preocupante realidad actual demuestra que las elecciones de ningún modo obligan a los representantes y/o gobernantes a un buen desempeño, tampoco uno apegado a la voluntad popular; y es claro que la sociedad carece de los informes y elementos indispensables para hacer una evaluación gubernamental, y que, en el último de los casos, a los representantes poco importa la posibilidad e incluso amenaza de no volver a votar por ellos, mediante reelección o nuevo cargo público. El reto para México es conservar los contrapesos y equilibrios dados por su arreglo constitucional y al mismo tiempo evitar la consolidación de una agenda electoral para las personalidades como pretende hoy el partido gobernante e impulsar la superioridad de las reglas del juego.
La figura de la participación ciudadana prevista en la constitución en forma de revocación de mandato es un ejercicio inédito que en los días recientes ha generado la intervención del poder público: de la rama judicial para no tramitar una controversia del INE dado lo incierto del fenómeno de la revocación que, aún debe aguardar por la decisión del órgano electoral para considerar válidas las firmas de los ciudadanos, lo mismo que, esperará la determinación de la SCJN respecto del presupuesto necesario para realizar esa consulta si se cumplen los requisitos constitucionales.
Es verdad que la revocación del mandato del presidente puede observarse lo mismo como un ejercicio de llamado a cuentas que de promoción del mandatario y, al final de ese proceso político, lo relevante es disponer de la certeza jurídica de ese ejercicio ciudadano a fin de seguir resguardando el sistema electoral constitucional encargado de convertir los votos de los ciudadanos en cargos públicos.
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